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Juzgado declara legal indagatorias en caso de compensación de buses

La investigación, adelantada por la Fiscalía Anticorrupción de Descarga, reveló que se pagó por algunos buses en más de una ocasión y que otros estaban en estado de chatarra.

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Los buses fueron llevados a un corral. Archivo Los buses fueron llevados a un corral. Archivo Expandir Imagen
Los buses fueron llevados a un corral. Archivo

El Juzgado Octavo Penal declaró válidas las órdenes de indagatoria expedidas contra once personas, en la investigación por presunto peculado relacionado con la compensación de buses tipo “diablo rojo”. Además, dos más quedaron fuera del proceso luego de analizar una auditoría ampliada elaborada por la Contraloría General de la República relacionada con este escándalo.

Un fallo de la jueza María Turcios del pasado 6 de septiembre declaró legal la orden de indagatoria emitida por la Fiscalía Anticorrupción de Descarga contra 11 personas, a quienes les fueron pagados certificados de operación de autobuses por montos que iban de $50 mil a $75 mil, con el fin de que salieran del sistema.

Se trata de Jorge Enrique Tristán, Omar Alexis Sutherland, Samuel Carlos Jordán, Amador Olmedo Villarreal, Marcos Villarreal Martínez, Amador Olmedo Villarreal, Herenia Villarreal, Máximo Zárate Moreno, Luis Alberto Morales, Betsi Brauchel y Ada María Vergara.

De acuerdo con la investigación, se acreditó que muchos buses cambiaron de dueño y de ruta en más de una ocasión, y que ello ocasionó que, al momento de hacer la compensación de los certificados de operación, se produjeran varios reclamos y se entregara el  dinero de forma irregular. 

En las pesquisas  también se estableció que algunos de los beneficiados con las compensaciones tenían  buses a su nombre y a la vez usaban sociedades a través de las cuales adquirían unidades de terceros, que luego solicitaban incluir para que se les pagara sin cumplir con los trámites.

Según la fiscalía, los imputados que recibieron retribuciones por buses de la rutas Corredor Sur-Don Bosco, Mano de Piedra-Tumba Muerto y Pacora-Corredor Sur no cumplieron con el manual de procedimiento de pago para el rescate administrativo del sistema de transporte público elaborado por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

La fiscalía subraya que hubo personas a las que se le compensó  hasta cinco veces -por montos de $75 mil cada vez-, por una misma unidad.

En el caso de Leosmar Tristán y Deimir Alexander Vergara, el tribunal estimó que en el informe de auditoría  ampliado no consta que hayan incurrido en una lesión patrimonial contra el Estado, y por ende dejó sin efecto la orden de indagatoria en su contra.

Desde que inició la investigación, el 2 de marzo de 2014, se ha indagado a 532 personas. Se calcula en $24 millones la lesión patrimonial al Estado.

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