Informe de seguridad contradice a Mulino

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José Raúl Mulino

En octubre de 2012, el entonces presidente Ricardo Martinelli (der.), junto al ministro José Raúl Mulino (cto.) y el secretario del Consejo de Seguridad, Alejandro Garuz (izq.), dieron la primera palada de la instalación del radar, ubicado en Farallón, Río Hato. En octubre de 2012, el entonces presidente Ricardo Martinelli (der.), junto al ministro José Raúl Mulino (cto.) y el secretario del Consejo de Seguridad, Alejandro Garuz (izq.), dieron la primera palada de la instalación del radar, ubicado en Farallón, Río Hato.

En octubre de 2012, el entonces presidente Ricardo Martinelli (der.), junto al ministro José Raúl Mulino (cto.) y el secretario del Consejo de Seguridad, Alejandro Garuz (izq.), dieron la primera palada de la instalación del radar, ubicado en Farallón, Río Hato.

Los radares que se compraron a la compañía italiana Selex no están acordes con las necesidades panameñas, pues no captan lanchas rápidas que usa el narcotráfico. Los radares que se compraron a la compañía italiana Selex no están acordes con las necesidades panameñas, pues no captan lanchas rápidas que usa el narcotráfico.

Los radares que se compraron a la compañía italiana Selex no están acordes con las necesidades panameñas, pues no captan lanchas rápidas que usa el narcotráfico.

El estudio que pagó el gobierno anterior tampoco menciona en sus 57 páginas la compra de helicópteros para luchar contra el narcotráfico, como alega Mulino. El estudio que pagó el gobierno anterior tampoco menciona en sus 57 páginas la compra de helicópteros para luchar contra el narcotráfico, como alega Mulino.

El estudio que pagó el gobierno anterior tampoco menciona en sus 57 páginas la compra de helicópteros para luchar contra el narcotráfico, como alega Mulino.

A pesar de que el exministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino asegura que la compra de radares, helicópteros y un mapa digital a Finmeccanica está amparada en un estudio de seguridad que –en 2009– hizo la firma McKinsey & Co., el documento no hace alusión al tema.

Una justificación llena de huecos

En las dos últimas semanas, el exministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino ha asegurado que los contratos que suscribió Panamá con el conglomerado italiano Finmeccanica –que comprendían la compra de 19 radares, 6 helicópteros y un mapa digital– se hicieron basados en las recomendaciones de un informe técnico en materia de seguridad elaborado por la consultora McKinsey & Co.

“Este señor no tiene idea de lo que está hablando”, aseguró Mulino al referirse a las declaraciones del embajador de Panamá en Italia, Fernando Berguido, quien dijo que la compra de los equipos llevada a cabo por el gobierno anterior se hizo con premura, sin que existieran estudios previos ni pliegos por parte de Panamá que justificaran dichas adquisiciones.

“La estrategia existe, se diseñó desde agosto de 2009 y se pagó a una consultora de alto prestigio” dijo Mulino en una entrevista en TVN 2.

“Yo volé el país entero con ellos”, refiriéndose a los expertos en seguridad de McKinsey.

“Nosotros trabajamos rápido. Yo no fui un ministro que llegó con miedo, llegué a trabajar”, afirmó.

Este diario contactó al exministro solicitándole copia de dicho informe.

A pesar de estar aún a la espera del ofrecimiento de Mulino, este medio tuvo acceso al precitado “Plan Nacional de Seguridad” entregado al gobierno de Ricardo Martinelli.

El informe preparado por McKinsey & Co. no hace alusión a la compra de radares, mucho menos recomienda que los mismos sean comprados a Selex, la filial de Finmeccanica.

Tampoco contempla un mapa digital

En cuanto al tema de helicópteros para el sistema de seguridad del país, el documento únicamente señala la necesidad de “reparar los helicópteros existentes”.

No recomienda adquirir helicópteros y menos aún adquirir naves de fabricación italiana como terminó ocurriendo con Agusta Westland, otra filial de Finmeccanica.

El informe –que consta de 57 páginas– se empezó a elaborar en junio de 2009, un mes antes de que Mulino asumiera el cargo de ministro de Gobierno y Justicia (hoy Seguridad Pública). Y seis meses después –el 11 de diciembre de 2009–, fue entregado oficialmente al gobierno del entonces presidente Ricardo Martinelli.

En otras palabras, este informe se elaboró, al menos, siete meses antes de que el exministro Mulino firmara dos contratos para comprar equipos de seguridad italianos: uno con Selex para adquirir 19 radares y otro con Agusta Westland para comprar 6 helicópteros, los cuales suman más de 200 millones de dólares.

CONTROVERSIA

Mulino dijo ahora a La Prensa que el informe elaborado por McKinsey & Co. “no tenía por qué mencionar la compra de esos equipos”. “Había que dotar a las bases de helicópteros y lanchas. Si no era así, qué haríamos en Coiba sin transporte”, preguntó.

“El tema de radares sí formaba parte de nuestra estrategia de seguridad, ya desmontada por el gobierno actual”, enfatizó Mulino durante la entrevista concedida a TVN 2 el miércoles pasado. Al día siguiente, el exfuncionario insistió en Nextv que “el concepto de radares, lanchas y helicópteros era un paquete que se complementaba uno con otro”.

MARTINELLI - BERLUSCONI

Si el informe McKinsey no contiene especificaciones técnicas ni recomienda instalar radares ni comprar helicópteros, ¿por qué Panamá terminó comprando equipos al conglomerado italiano y en base a qué?

“Algo hay que recalcar” , dijo Mulino refiriéndose al memorándum de entendimiento firmado entre el expresidente Ricardo Martinelli y el ex primer ministro de Italia Silvio Berlusconi. “¿Por qué no había que hacer licitación? Porque era un acuerdo de Estado a Estado”.

Mulino argumenta que, como todo nació como parte de un convenio internacional, el país quedó obligado a comprarle a Finmeccanica.

“Se permitió que Italia designara las empresas”, dijo, endilgándole la responsabilidad a la Cancillería de entonces, cuyo titular era Juan Carlos Varela.

“No saben cómo sacar el cuerpo a sus actuaciones. En 26 meses de Gobierno [los panameñistas] no objetaron nada”, remarcó.

De nuevo, el convenio Martinelli–Berlusconi contempla algo distinto a lo que asevera Mulino.

En él se establece que ambos países se comprometen a trabajar conjúntamente en un sistema de seguridad que “podrá” desarrollarse a través de varias actividades. O sea, no era una obligación vinculante, se trataba de un “acuerdo para acordar”, como ha dicho varias veces el diputado Jorge Alberto Rosas.

En cuanto a la obligación de contratar determinadas empresas, Italia no las “designaba”. Italia se comprometía a “recomendarle” a Panamá empresas calificadas, según la cláusula IV citada por Mulino. Panamá siempre tuvo la potestad de aceptar o no dicha recomendación.

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