VENEZUELA

Fiscal investiga a grupos de civiles armados

El Ministerio Público reporta procesos por más de mil lesionados, de los cuales 500 están heridos por la actuación y el uso de la fuerza policial o militar.

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La oposición intentó llegar hasta la sede del Consejo Nacional Electoral ayer, pero la represión impidió el objetivo. La oposición intentó llegar hasta la sede del Consejo Nacional Electoral ayer, pero la represión impidió el objetivo. Expandir Imagen
La oposición intentó llegar hasta la sede del Consejo Nacional Electoral ayer, pero la represión impidió el objetivo. Carlos Becerra

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, confirmó ayer dos hechos que la oposición ha venido denunciando como la causa de la cantidad de muertos, heridos y detenidos que arrojan las protestas consecutivas que entre abril y mayo se vienen efectuando en el país: Que hay una violencia exacerbada por parte de las fuerzas del orden y que grupos de civiles armados actúan al margen de la ley.

Al dar un balance de las investigaciones, detalló que el Ministerio Público (MP) tiene registradas más de 500 personas lesionadas, producto de violaciones a los derechos fundamentales, y que ese número significa que “más de la mitad de los lesionados hasta este momento, están heridos por la actuación y el uso de la fuerza de los cuerpos de seguridad del Estado”. Precisó, además, que 19 funcionarios policiales y militares han sido imputados por presuntamente incurrir en los delitos de homicidio; trato cruel, inhumano y degradante; uso indebido de arma orgánica; privación ilegítima de libertad y violación de domicilio, entre otros, y que aún tienen 18 órdenes de captura pendientes por ejecutar.

Como un ejemplo indubitable del uso letal de la fuerza que ha aplicado la Guardia Nacional, la fiscal mencionó el caso del estudiante Juan Pernalete, herido durante una manifestación en Altamira, Caracas, el pasado 26 de abril. “La causa de la muerte (...) se debió a un shock cardiogénico por traumatismo cerrado de tórax, lesión producida por el impacto de una bomba lacrimógena”, aseguró la fiscal, quien indicó que llegaron a esa conclusión tras múltiples experticias técnicas, entre ellas, análisis de las dimensiones del cartucho y presencia de residuos en la franela del joven, además de que cuentan con declaraciones de cinco testigos.

La versión de la fiscal tira por tierra la ofrecida por el ministro de Comunicación, Ernesto Villegas quien, acompañado por la canciller Delcy Rodríguez, el pasado 29 de abril, declaró que existía la posibilidad de que un arma que se utiliza para matar ganado le hubiera causado la muerte a Pernalete.

El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, en tanto, había asegurado un día después de la muerte del estudiante que en el lugar donde ocurrió el hecho no había guardias nacionales. “(...) Le dieron con algo, con algo sumamente contundente. La Guardia Nacional estaba recontra lejos del sitio”, declaró en la estatal Venezolana de Televisión.

“Él fue impactado por un objeto como este [muestra el cartucho de metal de la bomba lacrimógena] (...) Este instrumento dice: advertencia (...) solo para uso al aire libre, se prohíbe disparar directamente a la persona. O sea que esto es letal, es muy pesado y disparado con esa fuerza es capaz de producir la muerte. (...)”, narró la fiscal en una atestada sala de la Escuela Judicial, luego que un fallo eléctrico obligara a cambiar el sitio de la rueda de prensa, que se transmitió por Periscope.

Luego añadió: “Sabemos del grupo que salió este objeto, lo que todavía no hemos hecho es individualizado a la persona, esperamos hacerlo en los próximos días”, y confirmó que la bomba lacrimógena había sido disparada por la Guardia Nacional.

Al referirse a los grupos armados de civiles, que la oposición identifica como “colectivos” o grupos “paramilitares” vinculados con el Gobierno, Ortega informó que tiene 16 investigaciones abiertas contra esos grupos, los cuales “están actuando al margen de la ley y propician la alteración de los ánimos” y “preocupa la proliferación de estos grupos”.

Incluso dijo que se han recibido testimonios en diversos sectores del país donde ante de la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado se ven grupos de personas armadas en actitudes violentas.

También expresó que el MP tiene denuncias de que policías y militares están involucrados en saqueos, y al referirse al estado Barinas, donde desde el pasado 22 de mayo han muerto siete personas, relató que residentes han denunciado la poca presencia o no intervención policial cuando se producen estos hechos.

La fiscal general confirmó que de las 55 muertes, 52 corresponden a civiles y 3 a miembros de la guardia o la policía; que hasta ayer tenía registro de mil personas lesionadas, de las cuales 771 son civiles y 229 son funcionarios policiales o militares.

“Hemos iniciado mil 479 investigaciones, mil 329 por delitos contra las personas y 150 por daños a la propiedad. En materia de delitos comunes se han imputado 2 mil 624 personas (...) y de estas solo 284 han sido privadas de libertad”, afirmó.

La jefa del Ministerio Público también confirmó que hay siete investigaciones por uso de la justicia militar en casos que corresponden a la justicia ordinaria. “Hemos solicitado que declinen la competencia a los tribunales penales de dos casos que cursan en instancias castrenses en los estados Nueva Esparta y Zulia”, y confirmó que ayer presentó un amparo y remitió una comunicación a la fiscal militar para que informe el número de procesos y detenidos, ya que quieren verificar el estado de salud de esas personas, porque esto viola el principio del juez natural, así como instrumentos ratificados por la República en materia de derechos humanos.

Tras las declaraciones de la fiscal hubo reacciones desde el Gobierno, entre ellas la del ministro de Interior, Néstor Reverol, quien acusó al MP de inacción y de generar zozobra. Advirtió que los fiscales han “precalificado” hechos de gravedad, colocando en tela de juicio a instituciones “prestigiosas” como la Fuerza Armada.

Al hacer un llamado a la fiscal para que investigue hechos de violencia “atroz” de grupos terroristas, Reverol advirtió que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió acciones de amparo constitucional contra un grupo de alcaldes donde “persiste la violencia terrorista”, por lo cual se les ordenaba cumplir con su función de preservar el orden.

Más tarde, la Sala Constitucional del TSJ informó de una sentencia en la que prohíbe a los alcaldes de ocho municipios de los estados Miranda y Mérida el cierre de sus vías públicas, de lo contrario podrían ser penados con hasta 15 meses de prisión.

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