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Extienden plazo para caso de ‘diablos rojos’

El juzgado le otorgó ocho meses a la fiscalía en la investigación sobre anomalías en la millonaria compensación de los ‘diablos rojos’.

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Extienden plazo para caso de ‘diablos rojos’

El Juzgado Octavo Penal extendió por ocho meses más el plazo para que la Fiscalía Anticorrupción de Descarga concluya la investigación relacionada con presuntas irregularidades en las compensaciones a los propietarios de certificados de operación (cupos) de los llamados ‘diablos rojos’.

A través de una resolución, con fecha del 3 de enero de 2019, la jueza Leira Terán acogió la petición de la fiscalía que abogó por la extensión del plazo, debido a que la investigación es de causa compleja, que abarca 420 tomos y tiene varias diligencias por concluir.

La fiscalía señaló que entre las diligencias pendientes está la indagatoria de 323 personas, ya que, de un total de 531, solo han comparecido 208 a rendir sus descargos.

Entre los citados para ser indagados hay exfuncionarios de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), exministros de Estado, transportistas, empleados de financieras, representantes de concesionarias del transporte, empleados de bancos y representantes de sociedades anónimas.

La fiscalía también explicó que algunas de las personas citadas se resisten a comparecer y no han presentado excusas válidas para ausentarse de las diligencias.

Otra diligencia pendiente es la práctica de pruebas caligráficas a los imputados, que serán aplicadas por expertos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelfc), para confirmar la identidad de las personas que firmaron los certificados de operación de los autobuses.

También, la fiscalía solicitó información bancaria sobre el movimiento de dinero en cuentas pertenecientes a los imputados.

Asimismo, pidió practicar exámenes médicos a algunos de los sindicados, y tiene pendiente resolver cientos de escritos de prueba presentados por los abogados defensores.

La jueza Terán estimó que todas estas circunstancias, así como el hecho de que se trata de un caso en el que se ha ocasionado una presunta lesión patrimonial al Estado, ameritan extender el plazo de la investigación.

El caso

El Estado entregó indemnizaciones a 2 mil 649 propietarios de certificados de operación entre 2010 y 2014, lo que representó un desembolso de $94.8 millones. Se pagaron $25 mil por los “diablos rojos” de rutas troncales; $35 mil para los de rutas de corredor; $50 mil para los tipo coaster y $75 mil para buses de lujo.

La investigación de la fiscalía ha permitido establecer que algunos buses fueron compensados dos veces, y en otros casos se indemnizó por buses que en realidad eran chatarra y ya no circulaban.

Entre los imputados en este proceso figuran los exdirectores de la ATTT: Jorge Ricardo Fábrega, Ventura Vega y Roberto Moreno; también el exsubdirector de la entidad Arturo Araúz; y el exdirector de Registro Único Vehicular de la ATTT Nicolás Brea.

La investigación también alcanza al actual secretario de la Asamblea Nacional, Franz Wever, por su condición de dirigente transportista de esa época, y al exsecretario de Metas Juan Pablo Mora.

También figuran los dirigentes del transporte Manuel Argüelles, Dionisio Ortega, Eduardo Álvarez, Inocencio Perea, Santos Vega, Alexis Rodríguez, Bolívar Echeverría Jaén y Luis Rodríguez.

En las pesquisas también se menciona la presunta participación de los diputados Carlos Santana, del oficialista Partido Panameñista, y Diógenes Vergara y su suplente, Milciades Navarro, del Partido Revolucionario Democrático (PRD). Los señalamientos contra estos deberán ser enviados a la Corte Suprema de Justicia para que los investigue.

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