INVESTIGACIÓN EN ESPAÑA

Empresa ‘manipuló con coima’

Aunque se conocía de ‘incumplimientos’ al contrato con la empresa Inassa, este gobierno le entregó otra obra de $7.7 millones en 2015.

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El gerente de Inassa, Javier Domínguez, recibió otro contrato millonario en 2015, a pesar de que el Gobierno conoció de los incumplimientos de la empresa. El gerente de Inassa, Javier Domínguez, recibió otro contrato millonario en 2015, a pesar de que el Gobierno conoció de los incumplimientos de la empresa. Expandir Imagen
El gerente de Inassa, Javier Domínguez, recibió otro contrato millonario en 2015, a pesar de que el Gobierno conoció de los incumplimientos de la empresa. Tomado de la web de Inassa

Con “manipulación”, un consorcio español logró adjudicarse un contrato de más de $4 millones pagando “coimas” a funcionarios panameños, según se desprende de una investigación judicial realizada por España, denominada “caso Lezo”. Meses después, reacciona Panamá al rescindir este lunes el contrato millonario.

Se trata del consorcio formado por la filial de Inassa en Panamá y la Compañía Levantina de Edificación y Obras Públicas (Cleop), una sociedad española dedicada a la construcción, que logró adjudicarse el contrato de diseño y construcción del sistema del alcantarillado sanitario del distrito de La Pintada, en la provincia de Coclé.

Curiosamente, el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades) –que maneja el Ministerio de la Presidencia– había establecido el precio de referencia en $3.7 millones, pero entregó la obra al consorcio por casi medio millón de dólares por encima del cálculo, pese a que otras empresas participantes ofertaron menos.

Según el informe judicial de 28 páginas al que tuvo acceso La Prensa, el juez español Eloy Velasco expresó que “las pruebas indican que se manipuló el proceso de licitación” para que la adjudicación de la obra fuera a favor del consorcio Inassa-Cleop y la firma MG Infraestructuras, representada por el español Sergio Vidal Balaguer.

‘MODUS OPERANDI’

Vidal Balaguer fue identificado como “el intermediario” que habría pagado una coima por más de un cuarto de millón de dólares a los funcionarios panameños en 2012 para “maniobrar” la adjudicación en Conades.

Se descubrió, indicó Velasco, que el modus operandi para el pago de más de $273 mil fue a través de un contrato ficticio de consultoría suscrito con la sociedad Eduholding Corps., inscrita en Islas Vírgenes Británicas.

Para el juez no hay duda de que este mecanismo “corrupto” de contratación de servicios de consultoría inexistente, fue usado de manera frecuente en otros contratos públicos en Panamá.

Advirtió que se recurrió a Vidal Balaguer “como intermediario entre estas empresas y los cargos públicos responsables de la adjudicación/ejecución de los citados contratos”.

Este medio detectó que MG Infraestructuras fue inscrita el 9 de mayo de 2012 en el Registro Público, el mismo día en que se publicó la licitación en Panamá Compra del Ministerio de la Presidencia, a cargo en ese entonces de Roberto Henríquez.

En la investigación asimismo se determinó que el español Carlos Isidro Bello, directivo en Cleop, también fue pieza clave para “fraguar” estas operaciones corruptas en Panamá, al estar encargado de todo lo relacionado “con los contratos y las comisiones a pagar para asegurarse su adjudicación”.

En el informe judicial no menciona el nombre de los funcionarios implicados ni los procesos de licitación pública que habrían sido manipulados.

Por esta investigación se dio con la detención de Edmundo Rodríguez, expresidente de Inassa, filial colombiana de Canal Extensia, que gestiona contratos de agua en varios países de Sudamérica.

RESCINDEN CONTRATO

El secretario ejecutivo de Conades, Manuel Soriano, reveló ayer que notificó formalmente a Inassa que el contrato fue rescindido por “incumplimientos”. “Le habíamos dado plazo hasta hoy [ayer] para que retomaran la obra, pero no llegó ninguna cuadrilla a trabajar”, afirmó.

Soriano adelantó que la nota de advertencia de que se había rescindido el contrato por “incumplimiento del contratista” fue remitida a la aseguradora el pasado 28 de marzo para que “se hagan cargo de la obra o paguen la fianza de cumplimiento”.

En la nota a la aseguradora, se indica que la obra solo tiene un avance del 25%, por lo que “será imposible que el contratista cumpla” con el plazo de entrega establecido en el contrato y adendas.

Se desglosa que se han realizado varias supervisiones de obra y reuniones, en conjunto con la empresa inspectora –Grupo Iceacsa–, en las que se comprobó que “no hay avances sustanciales, ni se reporta producción diaria en las actividades pendientes del proyecto”.

Desde 2014, se mantenían reuniones con Inassa, pero no hubo adelantos, se resalta. Este medio intentó obtener la versión del gerente de Inassa, Javier Domínguez, pero no respondió los mensajes dejados.

Según Soriano, Inassa alega que “se quedó sola en el proyecto porque Cleop los abandonó en 2013. Me dijo [Domínguez] que ellos son más administrativos que de construcción”.

El funcionario de Conades indicó que los servidores públicos que estaban al frente de la licitación en 2012 ya no laboran en esa entidad y que actualmente no mantienen ningún proceso judicial.

MÁS CONTRATOS

Pese a su falta de solvencia y cumplimiento, este gobierno entregó otro contrato a Inassa, de $7.7 millones, en 2015. Se trata de un acuerdo en consorcio con otra empresa para el estudio, construcción, mantenimiento y operación del acueducto de Los Pozos, incluyendo la potabilizadora, en Herrera.

Al ser cuestionado por la adjudicación de este contrato, a pesar de los incumplimientos conocidos, Soriano afirmó que la empresa que acompaña a Inassa en este proyecto le confirmó que se harán “responsables de la obra”.

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