Áreas Protegidas

Diputados, interesados en decidir sobre Coiba

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El pasado 3 de enero, el Consejo Directivo de Coiba, presidido por Miambiente, aprobó el plan de uso de la reserva. El pasado 3 de enero, el Consejo Directivo de Coiba, presidido por Miambiente, aprobó el plan de uso de la reserva. Expandir Imagen
El pasado 3 de enero, el Consejo Directivo de Coiba, presidido por Miambiente, aprobó el plan de uso de la reserva. Archivo - LP

A la Asamblea Nacional llegó un anteproyecto de ley para que en el Consejo Directivo de Coiba, el cual está integrado por científicos, académicos, oenegés y gobiernos locales, se incluya al presidente de la Asamblea Nacional.

No obstante, la propuesta de ley, presentada esta semana por el diputado Héctor Aparicio, es mal vista por varias oenegés, porque consideran que se podrían “politizar” las decisiones que se tomen sobre el Parque Nacional Coiba, en Veraguas.

Esta iniciativa surge en medio de las intenciones del Ministerio de Ambiente (Miambiente) de impulsar un proyecto turístico para esta reserva natural, a un costo de más de $25 millones y que también ha sido cuestionado por la sociedad civil organizada, debido al impacto que podría generar en el sitio declarado patrimonio natural de la humanidad por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés).

Los motivos

En su exposición de motivos, Aparicio señaló que la Asamblea Nacional juega un “papel importante” en estudiar, proponer proyectos de ley y emitir conceptos en temas como la fiscalización, preservación y protección de la fauna, flora terrestre y marítima.

Según el diputado, su propuesta surge a raíz de la última reunión que llevó cabo el Consejo Directivo del Parque Nacional Coiba, organismo que gestiona la reserva, y en la cual se informó que se tiene interés en desarrollar algunas facilidades turísticas, además de construir un aeropuerto en el lugar.

Hizo referencia al interés de Miambiente de desarrollar el proyecto y que para eso gestionó un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“De acuerdo con la ley que creó el Parque Nacional Coiba como reserva, y que posteriormente se constituyó en un patrimonio de la humanidad, en esta isla no se pueden hacer construcciones. Está claramente establecido en la ley, que ningún ente estatal puede planificar o licitar obras de ninguna naturaleza sin que se tenga el conocimiento y autorización del Consejo Directivo del Parque Nacional Coiba”, concluye Aparicio.

El rechazo

Para Isaías Ramos, biólogo del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), es “grave” el hecho de que en este momento, cuando existe una agitación política entre las diferentes fuerzas e intereses económicos de los órganos del Estado y que por otro lado es notorio un desgreño en la administración de las áreas protegidas, se presente una propuesta que hace básicamente incluir el “manejo político” en un área que debe ser gestionada tomando en cuenta argumentos técnicos y científicos.

“Este proyecto debe ser rechazado de plano por toda la población, ya que una norma de este tipo apoya la degradación del manejo administrativo y la introducción de intereses partidistas, que no deben ser parte del manejo ambiental sostenible de un área que es patrimonio de la humanidad”, aportó.

Sobre la iniciativa de ley, Susana Serracín, activista de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, subrayó que es una medida “muy inconveniente”, toda vez que se estaría politizando el Consejo Directivo de Coiba, lo que afectaría “indudablemente” la toma de decisiones sobre la administración de esta área protegida. A su vez, sostuvo que eso restaría relevancia a las recomendaciones y argumentaciones científicas sobre el futuro de la zona natural.

En ese sentido, datos del Ministerio de Ambiente dan cuenta de que Coiba cuenta con 207 mil hectáreas, de las cuales mil 200 hectáreas están compuestas por arrecifes coralinos, que no hay en ningún otro lugar del mundo. De hecho, ese es uno de los valores universales de Coiba y del porqué adquirió esa declaratoria de patrimonio natural de la humanidad.

“Es una amenaza adicional al futuro de la administración del área protegida y refleja los intereses políticos ajenos a los fines de conservación que deben ser el norte del parque ecológico”, agregó Serracín.

El Consejo Directivo de Coiba fue creado mediante la Ley No. 44 del 26 de julio de 2004, y en su artículo 19 estableció que esa instancia está integrada por 12 miembros, los cuales serán los responsables de tomar las decisiones sobre el sitio natural.

Este es presidido por el Ministerio de Ambiente, y complementado por entidades como la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, las alcaldías de Montijo, Soná y Río de Jesús, así como un representante de la Cámara de Comercio de Veraguas, un representante del sector pesquero artesanal, la Universidad de Panamá y un representante de las oenegés.

Las organizaciones ambientales plantean que no se debe priorizar el desarrollo turístico de la zona. Archivo- Expandir Imagen
Las organizaciones ambientales plantean que no se debe priorizar el desarrollo turístico de la zona. Archivo- LP

Consejo, alerta

Varios de los miembros del Consejo Directivo de Coiba están al tanto de la iniciativa de ley y esperan evaluar el documento próximamente.

Evidelio Adames, representante de la Universidad de Panamá en el Consejo Directivo, expresó que revisarán y discutirán el tema.

“Lo cierto es que como iniciativa debe ir primero al Consejo de Coiba”, apuntó.

A juicio de Adames, lo que se requiere o se hace necesario es una actualización de la Ley 44 que creó el parque, ya que hay intereses de inversión que quieren amenazar este sitio de patrimonio.

En tanto, Tania Arosemena, de la Fundación Mar Viva y representante de las oenegés en el Consejo Directivo, dijo que les “preocupa” que están haciendo leyes exclusivas para cambiar el régimen original de Coiba.

“El mismo Consejo en pleno debe tratar el tema”, puntualizó la activista.

Mientras que el ministro de Ambiente, Emilio Sempris, y presidente del Consejo Directivo de Coiba, manifestó que no hay precedente en la gestión de áreas protegidas, donde haya participación de un diputado de la Asamblea o su presidente.

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