MEDIO AMBIENTE

Denuncias por posible daño ecológico aumentan en 2019

La mayor parte de las denuncias que llegaron al Ministerio Público en el primer semestre de este año guardan relación con destrucción de los recursos naturales y agresión a los animales domésticos.

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El refugio de vida silvestre de Matusagaratí, en la provincia de Darién, es el escenario donde todos los años se queman y talan varias hectáreas de bosques primarios, un problema que no ha podido ser controlado por el Ministerio de Ambiente. El refugio de vida silvestre de Matusagaratí, en la provincia de Darién, es el escenario donde todos los años se queman y talan varias hectáreas de bosques primarios, un problema que no ha podido ser controlado por el Ministerio de Ambiente. Expandir Imagen
El refugio de vida silvestre de Matusagaratí, en la provincia de Darién, es el escenario donde todos los años se queman y talan varias hectáreas de bosques primarios, un problema que no ha podido ser controlado por el Ministerio de Ambiente. Archivo

Las denuncias por posibles delitos ambientales aumentaron drásticamente durante el primer semestre de 2019 (enero-junio), en comparación con el mismo periodo de 2018.

De eso da cuenta un informe estadístico del Ministerio Público, que coincidió con los últimos seis meses de la pasada administración del Ministerio de Ambiente (Miambiente), la cual fue criticada por organizaciones dedicadas a la conservación del ambiente.

Según el documento, desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2019 se presentaron 197 causas por presunto delito ambiental, una cifra siete veces más elevada que las registradas durante el mismo periodo de 2018, cuando según los registros llegaron 27 causas.

De las 197 causas, 103 son por el presunto delito contra los recursos naturales; 68 por el presunto delito contra animales domésticos; 21 por el presunto delito contra la vida silvestre, y 5 por supuesto incumplimiento de normativas urbanas.

Las provincias donde se atendieron más casos fueron Panamá (39), Darién (38), Panamá Oeste (30) y Chiriquí (21).

A principios de este año hubo múltiples quejas de organizaciones como la Alianza para la Conservación y el Desarrollo y el Centro de Incidencia Ambiental por la supuesta tala ilegal en Panamá este y Darién.

De acuerdo con las denuncias públicas, de esas provincias salían diariamente docenas de camiones cargados con tucas de madera, sin los permisos correspondientes que otorga Miambiente.

Meses después, tras las reclamaciones, el entonces ministro de Ambiente, Emilio Sempris, informó que en mayo de 2019 habían presentado 45 denuncias penales en el Ministerio Público por deforestación ilegal en ambas zonas.

Las auditorías

El nuevo ministro de Ambiente, Milciades Concepción, expresó que la estrategia para contrarrestar estos problemas pasa por establecer alianzas con la Policía Ecológica y nombrar más guardaparques, ya que en la actualidad solo tienen 225, para custodiar, al menos, 105 áreas protegidas.

Concepción ya ordenó una auditoría a los permisos de tala que fueron autorizados durante la administración de Sempris en las direcciones regionales de Panamá este y Darién.

Incluso, calificó lo ocurrido en Darién como un “desastre ecológico” que debe atenderse. “Haremos equipos con la Policía y la sociedad para frenar la destrucción de la herencia natural de todos los panameños”.

El ministro informó que iniciaron una auditoría en el ministerio, en almacenes (depósitos de equipo), tesorería y compras. Es decir, se trata de auditorías financieras.

Concepción dijo que reforzarán el personal de auditoría interna, para abordar todas las áreas de las que se encarga la entidad.

Oscurantismo

Susana Serracín, activista de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, subrayó que no le extraña el aumento en las denuncias, ya que en la administración pasada de Miambiente hubo un “oscurantismo ambiental”.

Manifestó que la actual administración tiene el reto de revertir esa situación. “Es muy positivo que se tomen todos los correctivos, que las leyes se cumplan y haya certeza del castigo. Es importante que se fortalezca en general para la gestión de las áreas protegidas”, apuntó.

La activista también consideró que las autoridades del Ministerio Público deben investigar “minuciosamente” todas las irregularidades cometidas, tanto por acción como por omisión, en la gestión de Sempris y que caiga el “peso de la ley” a quienes corresponda.

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