ASAMBLEA NACIONAL DEBATE ENDURECIMIENTO DE PENAS

Delitos sexuales van en aumento

Las estadísticas del Ministerio Público revelan que en el año 2015, el 88% de las víctimas por abuso sexual fueron menores de edad.

La clave es la comunicación con el menor

Temas:

Debaten penas por abuso a menores Debaten penas por abuso a menores Expandir Imagen
Debaten penas por abuso a menores

Entre enero y septiembre de 2017, se registraron 4 mil 817 delitos contra la libertad e integridad sexual en el país, 225 más si se comparan con los reportados en 2016, según un informe del Ministerio Público (MP). La cifra podría ser mayor, ya que está pendiente ingresar al registro las cifras de los últimos tres meses del año.

Para diputados y especialistas en temas de niñez, se trata de un aumento progresivo que se debe “parar”, pues aseguran que en la mayoría de estos casos los afectados son menores de edad.

Aunque el porcentaje de víctimas de estos delitos en 2017 no está disponible, datos del MP revelan que en 2015, de los 4 mil 812 casos registrados, el 88% involucraba a menores.

La preocupación por el incremento de casos llevó a que la Asamblea Nacional iniciara la discusión del proyecto de ley 584, que busca reformar artículos del Código Penal, para aumentar las penas por abuso sexual a menores de edad y eliminar la opción de trabajo comunitario como sanción por estos delitos.

La fiscal de delitos sexuales, Anilú Batista, reconoció que en la mayoría de los casos de abuso sexual las víctimas son menores de edad, siendo las más afectadas las niñas.

Considera que se requiere una reforma integral de las leyes vigentes, y no solo de aumentos de pena.

Roderick Chaverri, de la Red de Protección a los Derechos de la Niñez y Adolescencia, señaló que las penas por abuso a menores son “muy bajas” y advirtió que el aumento de los delitos sexuales no es de 225 casos, ya que “ahí no se reflejan los que no son denunciados...”. Añadió que tampoco existe un estudio para saber cuántos de los embarazos precoces son producto de relaciones con adultos.

DEBATEN PENAS POR ABUSO A MENORES

“ Yo estoy apoyando el aumento de penas, pero a mí no me interesa ahora mismo dónde está mi violador, no me importa qué está haciendo. Él nunca fue preso y yo estoy aquí y sigo con mi trauma, que me ha afectado en lo laboral, en lo personal, en lo sentimental, en lo familiar (…)”. Así comenzó Haydée Bardayán el amargo relato de la violación que sufrió cuando tenía ocho años de edad, y que la marcó para el resto de su vida.

Esa niña hoy tiene 30 años de edad. Su caso es similar al de otros menores que han sido víctimas de este flagelo en Panamá. Por ello y con el fin de demostrar la necesidad de proteger a los niños ante este tipo de delitos, narró su historia al pleno de la Asamblea Nacional, donde la semana pasada comenzó el debate del proyecto de ley 584, que busca modificar artículos del Código Penal para aumentar las penas a aquellas personas que abusan de menores de edad.

Bardayán, del Movimiento No Más Violadores Libres, apoya esta iniciativa que fue presentada por los diputados perredistas Iván Picota, Zulay Rodríguez, Athenas Athanasiadis y María Delgado.

CASOS

Un informe del Ministerio Público revela que de enero a septiembre de 2017 se registraron 4 mil 817 casos de delitos contra la integridad sexual.

De ese total, mil 293 corresponden a lo que la ley tipifica como relaciones sexuales consentidas con menores de edad (adultos que tienen relaciones con menores). También se cuentan 121 casos de corrupción de menores, delito que implica desde obligar a menores a ver pornografía hasta forzarlos a tener contacto físico.

Uno de esos casos que ingresó a las estadísticas de 2017 y que enardeció a la ciudadanía, fue el de una violación ocurrida en la provincia de Veraguas a una niña de 10 años. El hombre acusado quedó en libertad tras lograr un acuerdo con la fiscalía que implicó el pago de una indemnización a la familia de la menor y la presentación periódica ante las autoridades.

No fue el único caso que generó revuelo en la sociedad. A finales de 2017, en La Doradilla de La Chorrera, hubo un feminicidio y posible violación de una menor de seis años de edad.

Por casos como el de la niña de Veraguas, Bardayán pidió a los diputados no solo centrar la discusión de la reforma en aumentar las penas, sino que consideren aspectos como la atención psicológica a la víctima y su protección de por vida.

Lo dijo por experiencia propia, ya que dos años después de haber sido violada (tenía 10 años) tuvo pensamientos suicidas. Además, señaló que es injusto y traumático que el violador pueda regresar al lugar donde cometió el acto. “Después de 8 o 10 años, el violador sale de la cárcel, regresa a su casa y resulta que si es un vecino, yo me lo topo en la vereda”.

Bardayán, locutora y expresentadora de televisión, explicó que fue violada cuando afrontaba el proceso de divorcio de sus padres. Por ello, aboga porque se contemple en la norma una ayuda adicional para el menor cuando, además de tener que asimilar el daño causado por el ataque, también sufre otro tipo de adversidad.

Debaten penas por abuso a menores Expandir Imagen
Debaten penas por abuso a menores

LEY VIGENTE

Las legislaciones actuales – Código Penal y Código Procesal Penal– no obligan al sistema de administración de justicia a establecer un programa que le dé seguimiento al trauma con el que queda la víctima; tampoco existe un plan de rehabilitación y tratamiento para los abusadores que, en muchas ocasiones, sufren de alguna patología, explicó Roderick Chaverri, miembro de la Red de Protección a los Derechos de la Niñez y Adolescencia.

En ese sentido, Chaverri planteó que se requieren reformas en ambos códigos.

En cuanto a las sanciones, dijo que las penas que se imponen en la actualidad no son cónsonas con el trauma que viven los menores. “En muchas ocasiones se afecta a personas de muy corta edad y las secuelas que eso deja para estructurar una familia, para desarrollarse como profesional y ciudadano son bastante graves, y la pena es muy baja”, argumentó.

Según Chaverri, en materia procesal debe modificarse el tema de las medidas cautelares, pues considera que en ese tipo de delitos, no se deben aceptar acuerdos de pena. Además, expresó, también se debe buscar la forma de informar a la ciudadanía sobre las personas que dentro de una comunidad han sido sancionadas o se han visto involucradas en delitos de abuso sexual.

Al respecto, la diputada Athanasiadis, proponente del proyecto de ley, destacó que la idea de reformar el Código Penal es abrir el debate y que se involucren todos los sectores, a fin de aprobar una reforma integral, que atienda tanto a la víctima como al victimario.

LO QUE SE PROPONE

El proyecto de ley 584 plantea, entre otras cosas, como una pena accesoria para el agresor, la “inhabilitación para el ejercicio de cargos, oficios o profesión en parques, parvularios, centros escolares, campos o centros deportivos, áreas aledañas o en cualquier lugar donde regularmente se agrupen menores de edad”.

También prevé eliminar el trabajo comunitario como remplazo de pena, cuando sean delitos de libertad e integridad sexual contra personas menores de edad. Asimismo, busca excluir la suspensión de la ejecución de la pena cuando se trate de estos delitos; propone prohibir que el juez de conocimiento, al dictar sentencia definitiva, pueda reemplazar las penas cortas privativas de libertad cuando se trata de abuso a menores.

La discusión del proyecto en segundo debate se inició el pasado lunes y se han anunciado cerca de 18 modificaciones propuestas por el Ministerio Público, así como por diputados, entre ellos, la independiente Ana Matilde Gómez y el perredista Crispiano Adames.

POCA ATENCIÓN

Aunque el tema es de gran relevancia, según Ana Matilde Gómez la mayoría de los diputados no lo está tomando en serio. Aseguró que la sesión empieza con el quórum reglamentario y a la hora del debate hay pocos.

El jueves pasado, por ejemplo, el pleno inició la sesión con 36 diputados, en su mayoría suplentes, y poco a poco las curules fueron quedando vacías: cerca de 20 diputados, entre principales y suplentes, atendieron el debate con las fiscales del Ministerio Público.

“Usted ha visto que ha sido un debate con pocos diputados, ayer éramos 12, el debate anterior éramos 11, es un tema que hay que prestarle atención. No podemos salir con disparates, porque los códigos son herramientas que atienden sistemáticamente un problema, en este caso el tema penal”, se quejó la diputada.

Al ser consultada sobre la baja presencia de diputados en el pleno, la presidenta del legislativo, Yanibel Ábrego, se limitó a decir que durante el segundo debate 10 diputados han expresado su apoyo al alza de penas contra aquellos que abusan de menores de edad. “Como es natural, existen diputados con más experticia en temas legales y que han pedido paciencia a sus colegas mientras se perfeccionan las propuestas de modificación al proyecto”, justificóÁbrego.

PREVENCIÓN

Las personas que cometen abuso sexual, por lo general repiten el acto y, si no se acompaña de un proceso de rehabilitación, aumentar las penas no funciona, explicó el psiquiatra Alejandro Pérez.

A su juicio, más que elevar las penas por estos delitos, en el país se requiere de un programa de salud mental para tratar a estos individuos, que permita que la pena cumpla su función de rehabilitación.

Explicó que no hay en Panamá un equipo de salud mental que se encargue de la atención de esos ciudadanos para realizar un diagnóstico y hacer un plan de tratamiento. “Ahí es donde estamos fallando, en la norma que se discute se debe incluir un plan de tratamiento que promocione el diagnóstico y el tratamiento de los individuos que tienen trastornos de la inclinación sexual, donde se incluyen los pedófílos”, recomendó el experto.

Pérez advirtió que hoy, una persona que lee este artículo y cree sufrir algún trastorno de inclinación sexual, del tipo que sea, debe acudir a un psicólogo, y en el sistema público solo tiene la opción de buscar ayuda en un centro de salud o en la Caja de Seguro Social, “porque no tenemos más nada”.

La clave es la comunicación con el menor

La fiscal de delitos sexuales del Ministerio Público (MP), Anilú Batista, considera que aumentar las penas de los delitos sexuales contra menores es importante, mas no la solución. “Se requiere de un trabajo integral y los diputados tienen conocimiento de eso y están trabajando en que no solo se dé un aumento de pena, sino que además del incremento de la sanción haya un tratamiento posterior a la condena del agresor”.


La funcionaria señala que cualquier ciudadano puede ser víctima de abuso sexual, pero en el caso de los menores de edad la mayor prevención es la “comunicación efectiva”. A su juicio, esta evitará que el abuso al menor se dé, “porque todo empieza con tocamiento y si la mamá se ha ganado la confianza del menor le va a decir de inmediato lo que pasa”.

En ese sentido, señala que lo primero que se tiene que hacer es creerle a los hijos. “Independientemente de que podamos tener duda, lo primero que hay que hacer es creerle a nuestros hijos”, insistió. Cuestionó que hay muchas madres que anteponen el rol de mujer al de madre. “Se enamoran y aunque tienen derecho no pueden hacer su vida a costa de sus hijos”.

Batista hace hincapié en que aunque el mundo de hoy es diferente, no se puede dejar la crianza de los hijos “a una tableta, porque la forma en que las cosas se le presentan en ese aparato no es la adecuada”.

Señala que la gran mayoría de los casos de abuso que ocurren se dan en la clandestinidad, pues el agresor es una persona cercana a la familia o al menor. Por último, destacó que aunque no es un asunto de género, se dan muchos más casos de abuso sexual contra las niñas.

 

Comentarios

Cerrar

La función de comentar está disponible solo para usuarios suscriptores. Lo invitamos a suscribirse y obtener todos los beneficios del Club La Prensa o, si ya es suscriptor, a ingresar.

Suscríbase gratis por 30 días Prueba
Adquiera un plan de suscripción Suscríbase
Cerrar

Por favor introduzca el apodo o nickname que desea que aparezca en sus comentarios:

Comentar 0 comentarios

Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Corporación La Prensa, S.A.

Newsletter