CORTE DEL DISTRITO SUR DE LA FLORIDA

Dan fianza a Ricardo Martinelli; fiscal anuncia apelación

La excarcelación del mandatario –preso desde junio del año pasado en espera de ser extraditado a Panamá– quedaría suspendida de momento.

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La ‘Constitución’ señala que corresponde a la CSJ investigar a los diputados de la República; Martinelli funge como diputado del Parlamento Centroamericano. La ‘Constitución’ señala que corresponde a la CSJ investigar a los diputados de la República; Martinelli funge como diputado del Parlamento Centroamericano. Expandir Imagen
La ‘Constitución’ señala que corresponde a la CSJ investigar a los diputados de la República; Martinelli funge como diputado del Parlamento Centroamericano. Archivo

El expresidente Ricardo Martinelli fue favorecido con una fianza de excarcelación, que implica el depósito de $1 millón en efectivo, permanecer en su domicilio en Miami, entregar su pasaporte y reportarse una vez a la semana.

Las condiciones fueron establecidas ayer por la jueza Marcia Cooke, de la Corte del Distrito Sur de la Florida, la misma que en una audiencia el pasado 23 de enero negó un habeas corpus presentado por Martinelli, en un intento por impedir su entrega a Panamá. La extradición ya fue certificada por otro juez – Edwin Torres– el pasado 31 de agosto.

Antes, los fiscales de Miami advirtieron su oposición a una fianza, alegando el riesgo de fuga que ello implicaba. También recordaron a la jueza que Torres ordenó que Martinelli permaneciera bajo custodia federal hasta que culminara su entrega a Panamá.

De hecho, anunciaron que apelarán la decisión de Cooke y presentaron una moción para impedir que se ejecute la fianza otorgada, con lo que la excarcelación de Martinelli quedaría suspendida por el momento.

Las autoridades estadounidenses ya han informado de esta decisión a la Cancillería panameña, que tramitó la solicitud de extradición por requerimiento de la Corte Suprema de Justicia.

“Según lo informado, las normas que aplican tras la aprobación de la fianza al expresidente permitirían a los fiscales del caso hacer una petición de emergencia de suspensión de la orden de fianza, que dejaría sin efecto la fianza otorgada hasta que presenten la apelación ante el Tribunal de Casación de circuito de Atlanta. Por tanto, la liberación estaría suspendida hasta tanto se resuelva”, señala un comunicado oficial de Cancillería.

El equipo legal de Martinelli también ha informado sobre la posibilidad de acudir a Atlanta, para apelar la decisión de Cooke de negar el recurso de habeas corpus.

FIANZA OTORGADA A MARTINELLI, EN SUSPENSO

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Ricardo Martinelli LA PRENSA/Archivo

Pese a que la fiscalía de Miami advirtió sobre el riesgo “sustancial” de fuga que implica la posible excarcelación de Ricardo Martinelli, una jueza federal concedió la libertad bajo fianza al exmandatario, que hoy cumple 247 días detenido.

La jueza Marcia Cooke, de la Corte del Distrito Sur de la Florida, señaló que hay “circunstancias especiales” que justifican la excarcelación de Martinelli: su estatus como exjefe de Estado de una nación soberana con una larga relación con Estados Unidos; su edad avanzada –el 11 de marzo cumplirá 66 años–; el deterioro de su salud en los ocho meses que ha permanecido bajo custodia y –por último–“la posibilidad de éxito en una apelación”.

La decisión apelable para la defensa sería la negativa de la propia jueza Cooke de conceder un habeas corpus que habría puesto un freno a la extradición de Martinelli, ya certificada por otro juez de Miami –Edwin Torres– el pasado 31 de agosto.

Para otorgar la libertad bajo fianza, Cooke puso condiciones: el depósito de $1 millón, permanecer en su domicilio en Miami, entregar su pasaporte y someterse al “programa de confinamiento domiciliario”, que incluye un sistema de monitoreo de todos sus movimientos.

Tampoco podrá vender, hipotecar o pignorar sus bienes, y deberá mantenerse alejado de facilidades de transporte comercial, como terminales de buses, trenes y puertos, marinas y aeropuertos. En Miami, Martinelli tiene –hasta donde se sabe– dos residencias: un apartamento en el edificio Atlantis, en Brickell Avenue, y una mansión en Coral Gables, ambas con atracadero.

La jueza advirtió que si Martinelli viola alguna de estas condiciones, se emitirá una orden de captura en su contra y, una vez detenido, será inmediatamente enviado a Panamá, donde es requerido por la interceptación no autorizada de las comunicaciones desde el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) entre 2012 y junio de 2014, es decir, los dos últimos años de su mandato.

Yassir Purcait, exdiputado y víctima del espionaje desde el CSN, cuestionó la decisión de la jueza Cooke, ya que teme que, una vez fuera del Centro de Detenciones Federales de Miami, Martinelli evada el proceso que se le sigue en Panamá.

“El señor Martinelli siempre ha actuado con cobardía”, dijo Purcait, quien el año pasado incluso viajó a Miami para acudir a una de las audiencias del exgobernante y escribió una nota al juez Torres explicando cómo Martinelli, cuando era presidente, lo citó a su oficina para que escuchara un “audio” en el que unos supuestos pandilleros mencionaban su nombre, mientras planeaban un “tumbe” de drogas. Por eso Martinelli lo llamó. “Creyó que me hacía un favor”, dijo Purcait, quien le contó a Torres que en la pantalla de la computadora del exmandatario había íconos de otros archivos, guardados con los nombres de políticos, como Balbina Herrera, Guillermo Márquez Amado, Mitchell Doens... Cuando Martinelli se percató de su descuido, le dijo a Purcait: “Pérate, que esos no son los tuyos”.

Herrera, Márquez Amado y Doens reconocerían posteriormente que ellos también fueron víctimas de los denominados “pinchazos”. En total, Martinelli habría ordenado interceptar las comunicaciones de hasta 150 empresarios, magistrados –de la CSJ y del Tribunal Electoral–, periodistas y políticos opositores, utilizando personal y recursos del CSN.

Por su parte, Annette Planells, del Movimiento Independiente (Movin), manifestó que lo sucedido “es parte del proceso. No veo mayor opinión sobre el tema. Lo más importante es que se culmine el proceso de extradición y que pueda ser juzgado en Panamá por el delito de las escuchas telefónicas y todo lo demás”.

Por este caso, el magistrado Harry Díaz –en funciones de fiscal– solicitó la pena de 21 años de prisión por la supuesta comisión de los delitos contra la inviolabilidad del secreto y del derecho a la intimidad, peculado por sustracción o malversación y peculado de uso.

Miguel Antonio Bernal consideró que las obligaciones impuestas por Cooke condicionan a Martinelli en su desplazamiento y movilidad, confinándolo a casa por cárcel. “El gesto humanitario de la jueza no releva a Martinelli de los cargos que sobre él pesan”, remarcó.

(Con información de Aminta Bustamante).

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