EN PROFUNDIDAD

Laurentino Cortizo afrontará duras reformas

El presidente electo deberá responder a presiones en todos los frentes. Los cambios que promete impulsar plantean reformas estructurales de alto calibre.

Cortizo se apoyará en el Pacto de Estado para nombrar magistrados

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Diego Quijano, presidente de Corprensa; y Laurentino Cortizo, presidente electo de Panamá (2019-2024).Richard Bonilla Diego Quijano, presidente de Corprensa; y Laurentino Cortizo, presidente electo de Panamá (2019-2024).Richard Bonilla Expandir Imagen
Diego Quijano, presidente de Corprensa; y Laurentino Cortizo, presidente electo de Panamá (2019-2024).Richard Bonilla

Una vez en el poder, el presidente electo Laurentino Nito Cortizo afrontará duras batallas políticas, al tiempo que deberá asumir una esperada reforma constitucional, la reestructuración del sistema definido de pensiones con el que se financian las jubilaciones de todos los panameños, además de cambios a la ley de contrataciones públicas y al Consejo de Seguridad Nacional, hoy, en medio de la tormenta por su participación en escuchas ilegales en la pasada administración.

Ayer, en una reunión con la redacción y la junta directiva de La Prensa y Mi Diario, Cortizo dejó ver el sensitivo momento que vivirá el país ante los retos que se avecinan. “No me dejen solo”, dijo en varias ocasiones. La misma frase que repitió a fuerza de pulmón en el cierre de su campaña electoral.

Los pasos del nuevo líder de Panamá deberán ser atinados para no ahuyentar la inversión, generar empleos y procurar crecimiento económico en un entorno de ingresos por debajo de lo proyectado.

¿Se acaban las planillas?

En el escenario político habría una revolución. Las cuestionadas planillas 080 (personal de confianza de los diputados) y 172 (contratos por servicios profesionales) que han manejado los diputados de la Asamblea Nacional se eliminarían. “No 080, no 172”, remarcó Cortizo al ser consultado. A cambio, propone reactivar las juntas técnicas –organismo provincial de coordinación en el que participan alcaldes, representantes de corregimiento y directores de las entidades públicas– e incluir en estas a los diputados.

Será una batalla campal con los diputados, quienes históricamente utilizan las planillas paralelas como mecanismo para desviar fondos públicos a través de la contratación de personas para servicios que, en su mayoría, no prestaron; o para donaciones que no llegaron a sus destinatarios.

A lo interno de su colectivo, el Partido Revolucionario Democrático (PRD), Cortizo también navegará en aguas turbulentas si cumple lo que dice. Y es que varios diputados de la bancada son investigados por la Contraloría y, algunos de ellos, han sido denunciados en la Corte Suprema de Justicia, por la presunta comisión de diversos delitos. Sobre ellos, el mandatario electo dijo: “Nadie está por encima de la ley”. Los diputados tienen que hacerle frente a la justicia, sentenció.

Su postura tendría resonancia con lo que ha reclamado la sociedad, tras quedar en evidencia que los diputados manejaron de forma irregular fondos de los más de $166 millones en planillas, entre 2014 y 2019.

Contratos con el Estado

En la ruta de cambios estructurales, Cortizo mencionó que justo ayer –después de la reunión con La Prensa– parte de su equipo de trabajo le entregaría lo que ha llamado el primer borrador del proyecto de reformas a la ley de contrataciones.

El documento se lo presentó Gaspar Tarté, quien fungió como jefe de la Secretaría de la Presidencia para la Innovación Gubernamental en el gobierno de Martín Torrijos.

El objetivo principal de la reforma, según Cortizo, es quitarle discrecionalidad a los funcionarios, para evitar que una contratación sea dirigida a grupos o personas en particular.

De esta forma se evitaría la corrupción, adujo el presidente electo, quien reveló haberse reunido con funcionarios de países cuyas empresas no participan en la puja por contratos con el Estado, justamente por la opacidad de los procesos.

Pensiones en vilo

Resolver la crisis de la Caja de Seguro Social (CSS) será la tarea de política económica más importante para la próxima administración.

Se calcula que en 2025 se habrían consumido las reservas del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), del que salen los fondos para las jubilaciones.

Cortizo ha dicho que esperará a tener los resultados de los estudios actuariales para analizar cuál sería la mejor salida a la difícil situación que han evitado resolver las dos últimas administraciones. Aunque adelantó que la decisión que se tome respecto al sistema definido de pensiones se hará bajo el paraguas del Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo, en el que están representados 23 sectores, entre gremios económicos, sociales, partidos políticos y sindicatos.

Está convencido de que el análisis debe ir más allá de las medidas paramétricas. Esto significa que cualquier reforma no estaría vinculada directa o únicamente con la edad de jubilación y las cuotas que pagan los trabajadores a la CSS, que es precisamente lo que evitaron hacer las administraciones de Ricardo MartinelliJuan Carlos Varela para no cargar con las consecuencias políticas de asumir reformas que tocarían a la clase empresarial y trabajadora.

En todo caso, e independientemente de lo que arrojen los estudios actuariales, Cortizo ve como una de las salidas reformas para procurar inversiones más rentables en la CSS y también la venta de activos que hoy están ociosos.

Al hablar de temas vitales en su gobierno, el mandatario electo ya se mueve con fichas claves de su futuro gobierno. Decidió hacerse acompañar del vicepresidente electo, José Gabriel Carrizo, y los ministros designados de Relaciones Exteriores, Alejandro Ferrer; y Economía, Héctor Alexander.

El gas de los amigos

En la lista de desafíos, a Cortizo le tocará lidiar con los intereses económicos de sus copartidarios, amigos y donantes.

Tal es el caso del futuro de la planta de generación de energía a base de gas NG Power, vinculada al empresario Mayor Alfredo Alemán, cuyos atrasos en los trámites de la concesión provocaron la cancelación de su licencia por parte de la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP), para luego encontrar el reflote del proyecto a través de varios fallos en la Corte Suprema de Justicia.

La posición que tome el Ejecutivo frente a este proyecto será una prueba ácida. Se trata de una inversión de $800 millones, cuya entrada en operación podría ocasionar una sobrecontratación de electricidad y una distorsión en el sistema, impactando en primera fila a los consumidores, y también a los bancos con los que las generadoras de energía tienen obligaciones crediticias.

Cortizo dijo ayer que a la Corte le tocará decidir sobre este tema. Aunque también cree que una salida sería sentar a las empresas que participan en la actividad para que lleguen a un acuerdo.

“Hay que ponerse de acuerdo con lo que se quiere hacer con el país”, agregó.

Minería

La actividad de Minera Panamá y su futura exportación de cobre es otra actividad que demandará tiempo del presidente, una vez en el poder.

Es un proyecto cuya inversión fue de $6 mil millones. Y los diputados del PRD y de Cambio Democrático se unieron para rechazar el proyecto 766 –enviado por el presidente Juan Carlos Varela– que buscaba reiterar la aprobación del contrato entre el Estado y la sociedad minera Petaquilla, hoy Minera Panamá.

En este tema, Cortizo hace un alto y le da la palabra a su vicepresidente, quien figura como el encargado del tema.

Carrizo advierte que como gobierno entrante deben salvaguardar la seguridad jurídica de la empresa, por lo que no cree que se pueda hablar de renegociar un contrato que está vigente.

“El Ministerio de Comercio tendrá que hacer una revisión del contrato a ver si existe un cumplimiento de lo que se pactó antes de hablar de algún tema de renegocación”, señaló Carrizo, quien antes fue abogado de la extinta Petaquilla.

Cortizo acotó: “Nos va a tocar revisar si se ha cumplido lo estipulado en el contrato, cláusula por cláusula. Queremos verificar que algo que se firmó hace 20 años se ha cumplido. No era un cheque en blanco. Y ver si hay algo adicional para Panamá”.

Cortizo se apoyará en el Pacto de Estado para nombrar magistrados

El presidente electo, Laurentino Cortizo, aseguró que mientras no se aprueben las reformas constitucionales, nombrará a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que le corresponden bajo las reglas del Pacto de Estado por la Justicia, organismo en el que participan el Órgano Judicial, el Legislativo y diversos gremios sociales.

El mecanismo del Pacto establece, entre otras cosas, que una comisión integrada por representantes de todos los sectores de la sociedad recibirá los documentos de los aspirantes –enviados por el Ejecutivo– y acogerá las opiniones que organizaciones y ciudadanos tengan sobre ellos.

Cortizo, quien se comprometió a hacer las reformas vía dos legislaturas y una consulta popular directa, tiene la  intención de someter el acto constitucional que se apruebe en la Asamblea Nacional a un referéndum entre julio y agosto de 2020, es decir, un año después del inicio de su mandato.

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