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Contralor denuncia en la CSJ a diputados Marylín Vallarino y Felipe Vargas

Marylín Vallarino y Felipe Vargas fueron denunciados por la presunta comisión de delitos contra la administración pública.

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La diputada Marylín Vallarino, del partido opositor Cambio Democrático, fue denunciada ayer por el contralor general de la República, Federico Humbert, por la presunta comisión de delitos contra la administración pública. Archivo - La diputada Marylín Vallarino, del partido opositor Cambio Democrático, fue denunciada ayer por el contralor general de la República, Federico Humbert, por la presunta comisión de delitos contra la administración pública. Archivo - Expandir Imagen
La diputada Marylín Vallarino, del partido opositor Cambio Democrático, fue denunciada ayer por el contralor general de la República, Federico Humbert, por la presunta comisión de delitos contra la administración pública. Archivo -

El contralor Federico Humbert presentó ayer en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dos denuncias por la presunta comisión de delitos contra la administración pública contra los diputados Marylín Vallarino (CD) y Felipe Vargas (PRD).

En el primer caso, se trata de un hallazgo según el cual unos ocho empleados de una empresa en la que Vallarino es representante legal también tenían, de forma simultánea, contratos de la Asamblea Nacional, por un valor superior a los 80 mil dólares.

El funcionario también presentó una denuncia contra el diputado Felipe Vargas, del circuito 5-1, de la provincia de Darién, quien representa en la Asamblea Nacional al Partido Revolucionario Democrático.

Humbert espera que este diputado sea investigado por delitos contra la administración pública por irregularidades en contratos otorgados por la Asamblea.

Estos casos se suman a otra denuncia de Humbert. Días atrás, denunció al diputado Aristides Aris De Icaza, diputado por La Chorrera. Según el contralor, De Icaza habría cambiado cheques en efectivo de una planilla, y luego el dinero fue depositado en una cuenta personal, tal como ocurre en el caso del diputado Vargas.

Diputada es denunciada por la Contraloría ante la Corte

La diputada Marylín Vallarino no quiso responder llamadas, chat o correos que le dejó este medio ayer, tras conocerse la noticia: varios empleados de una empresa de la que es presidenta y representante legal estaban simultáneamente contratados en la Asamblea Nacional.

Debido a esta irregular práctica, el contralor general de la República, Federico Humbert, presentó ayer una denuncia –por la presunta comisión de delitos contra la administración pública– contra la diputada, que recientemente fue elegida presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Asamblea, la cual, justamente, se instalará hoy en la sede de una fundación que dirige Vallarino, Fundader, en el distrito de Arraiján, a partir de las 10:00 a.m.

Vallarino preside la empresa Agencia de Aduanas Sellhorn, S.A., sociedad esta en la que también aparece como secretario su esposo y suplente, Agustín Sellhorn, y una de sus hijas, Marlyn Elizabet Selhorn Vallarino.

En esta sociedad aparecen la ya citada Marlyn E. Sellhorn, Jorge Beitía, Neyvis Jaramillo, Diana de León, Hibelcy Cruz, Katherine Wright, Domingo Iturriaga y Ricauter Martínez. Se trata de ocho personas que cobraron más de 80 mil dólares en 16 contratos pagados con fondos de la Asamblea Nacional, al mismo tiempo que trabajaban para la empresa Agencia de Aduanas Sellhorn, S.A., según la denuncia.

Los pagos se dieron entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2016.

Antecedentes

Durante la presidencia en la Asamblea Nacional del diputado Adolfo Valderrama (2014-2015), fueron firmados siete contratos –por servicios profesionales– que sumaron entonces unos 28 mil dólares, a nombre de cinco directivos de la Fundación para el Desarrollo Integral de la Mujer y la Familia (Fundader), dirigida por la diputada Vallarino, así como por su esposo Agustín Sellhorn.

En la directiva de esta fundación también figuraba una funcionaria del despacho de la diputada Vallarino, mientras que la hija de ambos, Marlyn E. Sellhorn Vallarino, aparecía con dos contratos concedidos en 2015 y 2016, por 23 mil dólares.

En 2013, Sellhorn Vallarino estaba al frente de la fundación de su madre, pero, además, tenía otro trabajo en el Estado: se desempeñaba como directora ejecutiva institucional en la Agencia Panamá Pacífico, con un salario de 6 mil dólares al mes.

La diputada Vallarino defendió los contratos del Órgano Legislativo para los directivos de Fundader. “Los contratos de la Asamblea son para que nombremos personal para que haga un trabajo en la comunidad [...]. Si a usted le parece mal el trabajo que estamos desarrollando en Fundader para beneficio de la comunidad, entonces investigue a los otros diputados...”, se defendió.

“¿Qué están haciendo con sus nombramientos, que no los tienen nombrados en ningún lugar específico para beneficio de la comunidad?”, preguntó Vallarino, evadiendo así responder sobre sus contratos.

No obstante, esta vez tendría que responder ante la autoridad que puede investigar a los diputados: la Corte Suprema de Justicia que, empero, generalmente evade esta responsabilidad, negando la admisión de las denuncias, alegando la falta de la prueba “idónea”, requisito sine qua non para investigar a un diputado.

Vallarino tendrá ahora que responder por qué empleados de una empresa que preside recibieron contratos de la Asamblea al mismo tiempo que trababan para ella en el sector privado.

La Prensa intentó que la diputada respondiera esta pregunta ayer, pero cerró una de las dos llamadas que le hizo este medio y no respondió ningún mensaje más.

Los negocios de Fundader

La familia de la diputada –que tiene una larga tradición de empleos con distintos gobiernos– así como sus empleados, no son los únicos que han hecho negocios con el Estado. La fundación también lo ha hecho.

Por ejemplo, en julio de 2010 –siendo Marylín Vallarino diputada– Fundader dictó dos cursos de atención al cliente en servicios turísticos, que incluían capacitación en inglés, belleza, cocina y camarera. Por ambos cursos, el Ministerio de Trabajo pagó nada menos que 334 mil dólares.

En 2013, bajo el paraguas de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Fundader tuvo contratos por 343 mil dólares.

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