CASO JUDICIAL

Caso Odebrecht: ‘Negociaron el país’

La fiscal anticorrupción advierte de que falta analizar órdenes de pago correspondientes a dos periodos de gobierno e información que se dio a conocer por publicaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

Fechas clave del proceso

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Odebrecht obtuvo millonarios contratos en los gobiernos de Martín Torrijos (2004-2009); Ricardo Martinelli (2009-2014); y Juan Carlos Varela (2014-2019). Archivo Odebrecht obtuvo millonarios contratos en los gobiernos de Martín Torrijos (2004-2009); Ricardo Martinelli (2009-2014); y Juan Carlos Varela (2014-2019). Archivo Expandir Imagen
Odebrecht obtuvo millonarios contratos en los gobiernos de Martín Torrijos (2004-2009); Ricardo Martinelli (2009-2014); y Juan Carlos Varela (2014-2019). Archivo

Personas con altos cargos públicos y que tuvieron participación en un engranaje de corrupción y blanqueo de capitales se valieron de su posición para “negociar el país”, lo que no puede volver a ocurrir.

El anterior es parte de los argumentos que expone la fiscal anticorrupción Zuleyka Moore en el amparo que presentó ante el Primer Tribunal Superior, a fin de que se revoque la decisión de no concederle una prórroga para seguir investigando los sobornos que pagó Odebrecht en Panamá.

En el documento, Moore dice que hace falta indagar al menos 15 personas y que tiene que analizar órdenes de pago correspondientes al periodo 2006-2009, cuando Martín Torrijos gobernó el país; y al quinquenio 2009-2014, gestión de Ricardo Martinelli.

Al menos 25 empresas estarían vinculadas a esta fase, “sociedades aperturadas con fines de colocación, estratificación e integración de dinero ilícito proveniente de la Caja 2 (sobornos) de Odebrecht”, asegura Moore, quien dice, además, que falta incluir datos divulgados en publicaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

Se viola el ‘derecho a la verdad’, afirma fiscal

Se violan derechos y garantías protegidos por la Constitución y el derecho a conocer la verdad. Son parte de los argumentos que expone la fiscal anticorrupción Zuleyka Moore en el amparo de garantías constitucionales que interpuso ante el Primer Tribunal Superior para que se revoque la decisión del Juzgado Duodécimo Penal y del Segundo Tribunal Superior de negar la extensión del plazo de investigación en el caso Odebrecht.

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Se viola el ‘derecho a la verdad’, afirma fiscal

"El derecho a la verdad es un derecho que le permite a la sociedad tener acceso a la información esencial para el desarrollo de su sistema democrático"

Zuleyka Moore

En esta pesquisa, la fiscalía investiga la supuesta comisión de delitos contra la administración pública y blanqueo de capitales, relacionados con el pago de sobornos a cambio de millonarios contratos para obras públicas.

El debido proceso

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Caso Odebrecht: ‘Negociaron el país’

En el escrito, de 30 páginas, documento que ahora se encuentra en el despacho de Olga Rujano, magistrada del Primer Tribunal Superior, la fiscal advierte que no concederle más plazo a la pesquisa vulnera el artículo 32 de la Constitución, que consagra la garantía fundamental del debido proceso. “Negar la extensión del término de una investigación compleja viola elementos esenciales del debido proceso legal”, sostiene el amparo.

Moore también recalca que no es cierta la afirmación hecha por el tribunal en el sentido de que la investigación se ha desarrollado durante 3 años y 7 meses, ya que aquí se debe tener en cuenta que el caso estuvo parado durante 5 meses y 23 días debido a un recurso de apelación.

Dilaciones

También advierte de que en este caso se está frente a una trama de “delincuencia organizada”, en la que “un grupo delictivo estructurado a nivel internacional” actuó con el objeto de “cometer delitos graves para obtener beneficios económicos”.

De acuerdo con la fiscal, esta trama llevó a su despacho a girar 82 órdenes de indagatoria, 123 asistencias internacionales y a analizar 495 cuentas bancarias y 416 sociedades anónimas.

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Caso Odebrecht: ‘Negociaron el país’

Recuerda, además, que los abogados de los investigados han presentado 184 incidentes, 14 amparos e invocaron 11 casos de fuero penal electoral. Todos estos hechos, afirma Moore, debieron ser ponderados.

La verdad

En el documento, la fiscal también asevera que el derecho a la verdad es un elemento importante en el combate contra la impunidad, lo cual, según sustenta, ha sido reconocido por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y por las Naciones Unidas.

Asimismo, la representante de la Fiscalía Especial Anticorrupción destaca que publicaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) dejaron al descubierto hechos que son desconocidos por ese despacho y que ameritan ser investigados, con la finalidad de determinar si estos pagos refieren a imputados o se perfilan a personas desconocidas por la fiscalía.

“Esta información [del ICIJ] ha sido utilizada en otras jurisdicciones, que han podido incorporar esta información y practicar algunas diligencias necesarias, con el objetivo de investigar a todos los inculpados”, argumenta en el amparo.

Por indagar y analizar

Afirma que la Fiscalía Especial Anticorrupción tiene pendiente investigar a un grupo de personas. (Ver tabla).

“Estas declaraciones juegan un papel fundamental en la investigación, pues dentro de las pesquisas adelantadas figuran personas que son testaferros que nos llevarán al beneficiario final”, manifiesta la fiscal en el recurso.

Igualmente, dice que tiene pendiente revisar pagos que se habrían efectuado entre 2006 y 2009, época en que el perredista Martín Torrijos era el presidente de Panamá; y en el periodo correspondiente a 2009- 2014, cuando Ricardo Martinelli gobernaba el país.

Faltan analizar 25 sociedades anónimas ligadas a esos dos periodos de gobierno (Ver tabla). “Toda la información bancaria relacionada a estas sociedades fue solicitada en momento oportuno, respuestas bancarias que han estado llegando a la fiscalía, al igual que asistencias internacionales importantes que reflejan el ocultamiento de dinero ilícito en jurisdicciones extranjeras (...)”, argumenta la fiscal Moore.

En total, la constructora brasileña obtuvo más de $9 mil millones en contratos desde que llegó al país en el gobierno de Torrijos y hasta la gestión pasada, cuando se hizo cargo de obras emblemáticas.

Suiza

También señala que las autoridades judiciales de Suiza autorizaron usar información contenida en una asistencia judicial, el 15 de abril de 2019, a escasos días del cierre de la investigación. “Esta información involucra a otras personas que podrían quedar impunes si no obtenemos ese plazo para culminar la investigación”, asegura.

Otro de los temas que expone Moore es el hecho de que la línea de investigación seguida a Ecuador sugiere que personas que han sido condenadas en ese país por este caso utilizaron el sistema bancario de Panamá para lavar dinero.

Por último, manifiesta que no acceder a la prórroga infringe el derecho de la sociedad de conocer lo que sucedió. “La Fiscalía Especial Anticorrupción no pretende mantener una investigación perpetua, pero sí desea poder llegar hasta todas las personas que tuvieron participación dentro de ese engranaje de corrupción y blanqueo de capitales, personas que, debido a su posición dentro de los altos cargos públicos, se valieron de su posición para negociar a nuestro país (...)”, acota.

Fechas clave del proceso

6-6-2017
La fiscalía solicitó declarar el caso como causa compleja.


13-7-2017
Juzgado admite la petición de la fiscalía.


16-9-2017
Fiscalía solicita extensión del plazo.


25-10-2017
Juzgado niega prórroga y la fiscalía acude al Segundo Tribunal.


10-4-2018
Segundo Tribunal concede un año más.


19-3-2019
Fiscal pide otra prórroga.


3-5-2019
Juzgado niega la solicitud. Fiscalía acude al Segundo Tribunal.


2-8-2019
Segundo Tribunal niega petición de la fiscalía.

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