fallo de la corte suprema

Fiscalía puede investigar a Henri Mizrachi por caso New Business

Según el fallo, la competencia de la Sala Penal solo corresponde para el representante legal o la máxima autoridad de la entidad autónoma o semiautónoma.

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La procuradora de la Nación, Kenia Porcell, reveló en junio pasado detalles del caso New Business. La procuradora de la Nación, Kenia Porcell, reveló en junio pasado detalles del caso New Business. Expandir Imagen
La procuradora de la Nación, Kenia Porcell, reveló en junio pasado detalles del caso New Business. Archivo

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió en un fallo del 30 de agosto pasado que la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada es la competente para investigar a Henri Mizrachi, miembro de la junta directiva del Canal de Panamá, dentro del proceso New Business, relacionado con transacciones para la compra de Editora Panamá América con supuestos fondos públicos.

Tras negar un amparo a Mizrachi, la CSJ también le rechazó un pedido para que la Sala Penal conociera del caso por ser directivo del Canal.

CORTE SUPREMA NIEGA AMPARO

El pleno de la CSJ, en una decisión unánime, negó un amparo de garantías constitucionales, presentado por la defensa legal de Henri Moisés Mizrachi, miembro de la junta directiva del Canal de Panamá, dentro de la investigación que se le sigue por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en el caso New Bussines, relacionado con transacciones para la compra de la Editora Panamá América (Epasa) presuntamente con fondos públicos.

En un fallo del pasado 30 de agosto y bajo la ponencia del magistrado Hernán De León, la CSJ estableció que la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada es la competente para adelantar la investigación contra Mizrachi y no así la Sala Penal, como invocó su abogado.

Resulta que Elías Omar Solano, en representación de Mizrachi, presentó un amparo de garantías constitucionales contra la diligencia del 21 de febrero de 2017 por la cual la procuradora Kenia Porcell dispuso enviar a la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada la investigación seguida a Mizrachi por considerar que ese despacho no era competente para investigar a su cliente por ser miembro de la junta directiva del Canal de Panamá.

Según el recurso de Solano, la competencia en este caso debía recaer en la Sala Penal de la Corte y planteó además que el caso debía ser tramitado bajo el sistema penal acusatorio (SPA).

Sin embargo, el fallo de la CSJ señala que por el solo hecho de que Mizrachi sea miembro de la junta directiva de una entidad autónoma o semiautónoma no “implica por sí solo y de forma automática que la competencia para conocer esta causa sea de la Sala Penal de la Corte”.

El fallo señala que la “interpretación correcta de la premisa es que tal competencia opera si el directivo ostenta la representación legal, la administración o el máximo nivel jerárquico dentro de la entidad u organismo”.

Por tanto, la CSJ concluyó que no se configura la falta de competencia para que la fiscalía conozca de este proceso que se le sigue.

La procuradora Porcell, en una nota enviada a la CSJ, el pasado 30 de mayo, solicitó no acoger el amparo presentado por Mizrachi.

Mizrachi y otras 18 personas son investigadas por sus presuntos vínculos con sociedades anónimas que gestionaron la compra del grupo Editora Panamá América, S.A. (Epasa) con supuestos recursos del Estado.

Entre los investigados figuran el exvicepresidente Felipe Pipo Virzi, Gabriel Btesh, David Ochy, Riccardo Francolini, Ramón Carretero, Jack Btesh, Mike Btesh, Aaron Mizrachi, Nicolás Corcione, Danny Cohen y Moussa Levy, entre otros.

CASO CORCIONE

Esta decisión de la CSJ se contrapone a una posición asumida por el Juzgado Decimosexto Penal con relación al también directivo del Canal Nicolás Corcione, en una investigación por supuesto blanqueo de capitales relacionado con las cuentas del exmagistrado Alejandro Moncada Luna.

En este caso, el juez Enrique Pérez decidió en septiembre de 2015 enviar el expediente a la Sala Penal de la Corte por considerar que el caso debía ser investigado bajo las normas del SPA por ser Corcione un miembro de la directiva del Canal; este fallo fue apelado por la fiscalía y aún no ha sido resuelto.

El abogado Roberto Moreno, en representación de Corcione, había solicitado una audiencia ante la Sala Penal de la Corte para que esa instancia determinara si era la competente para conocer ese expediente, pero desistió de la audiencia tras la decisión del juez Enrique Pérez y desde ese momento el caso está estancado.

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