Corredor biológico

Batalla por Boná enfrenta vida silvestre marina con multimillonario proyecto

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Alcalde de Taboga se enfrenta a contralor Humbert por isla Boná LA PRENSA

Aunque hay un bosque en el área del proyecto en isla Boná, la empresa dice que solo son herbazales, sin aves. Gabriel Rodríguez Aunque hay un bosque en el área del proyecto en isla Boná, la empresa dice que solo son herbazales, sin aves. Gabriel Rodríguez

Aunque hay un bosque en el área del proyecto en isla Boná, la empresa dice que solo son herbazales, sin aves. Gabriel Rodríguez

Aunque el presidente de Boná Pacific Corp., Raam Ady, afirma que “el Ministerio de Ambiente ha certificado que el área a arrendar [para la terminal petrolera en isla Boná] no es parte de ningún corredor biológico ni tampoco es reserva forestal ni área protegida”, el titular de dicha cartera, Emilio Sempris, rechaza esta aseveración.

La certificación que asegura tener la empresa está fechada el 9 de mayo de 2018. Sin embargo, Sempris lo desmintió. “No existe registro de propuesta presentada por la empresa, solo la recibida por organizaciones que piden que sea un área protegida”, indicó Sempris.

Isla Boná es el escenario de una batalla en la que se enfrentan intereses multimillonarios en detrimento de un santuario de la vida silvestre marina.

Este diario solicitó a la empresa copia del documento aludido, pero al cierre de esta edición, no fue enviada.

En cuanto a las afectaciones a la vida silvestre en la isla, el presidente de Boná Pacific Corp. aseguró que en la zona donde se pretende desarrollar la terminal petrolera no hay nidos de aves, solo herbazales y árboles dispersos, y que es “falso” que sea un santuario.

El abogado de la Alcaldía de Taboga, Alfredo González, informó que modificarán el contrato de arrendamiento con Bona Pacific Corp. para construir la terminal petrolera, pese a que la Contraloría no lo refrendó antes. El actual contrato, dijo, se canceló, pero buscarán su refrendo otra vez.

Aunque hay un bosque en el área del proyecto en isla Boná, la empresa dice que solo son herbazales, sin aves. Gabriel Rodríguez Expandir Imagen
Aunque hay un bosque en el área del proyecto en isla Boná, la empresa dice que solo son herbazales, sin aves. Gabriel Rodríguez

Alcalde de Taboga se enfrenta al contralor por isla Boná

El alcalde de Taboga, Ramón Ramos, está decidido. Quiere, contra viento y marea, que la Contraloría General de la República refrende el contrato de arrendamiento de isla Boná para una terminal petrolera para buques. Y si no lo hace, Ramos está dispuesto a liarse en un pleito legal con el contralor, Federico Humbert.

Ramos buscaría probar que Humbert tiene un conflicto de interés y, en consecuencia, debería ser declarado impedido de conocer el expediente del contrato. Y en ello cuenta con el apoyo de Bona Pacific Corp., que también quiere fuera al contralor, después de haber rechazado el refrendo.

Lea aquí el contrato de arrendamiento

“Vamos a pedir que el contralor responda por haber conocido del refrendo de la contratación [con Bona Pacific Corp]. Es sabido en este país que él [el contralor] es una persona que mantiene intereses con empresas petroleras”, advirtió Alfredo González, asesor legal de la Alcaldía de Taboga.

El funcionario, quien dice ser vocero del alcalde Ramos, reveló que “están recuperando toda la información para evidenciar algunos hechos de que nosotros tenemos sospecha, pero, créame, lo vamos a hacer, porque la actitud es sumamente sospechosa”.

Según González, el contralor “podrá considerar que la empresa que lleva o que podría llevar adelante las operaciones en Boná podría ser competencia para él”.

“El contrato de arrendamiento entró a la Contraloría y pasó por todos los filtros correspondientes. Cuando llega, precisamente, al despacho del contralor, es cuando se hace una serie de observaciones que no son aplicables para rechazar el contrato”, dijo el abogado.

Bona Pacific Corp. restó importancia al santuario de anidación de aves marinas en Boná. En tanto, ambientalistas tomarán acciones para impedir la destrucción del hábitat de vida silvestre.

El pasado 18 de febrero, Humbert notificó al alcalde que negaba su refrendo al contrato de arrendamiento por factores de “orden económico”. Explicó que para establecer el canon de arrendamiento se utilizó el avalúo del Ministerio de Economía y Finanzas, pese a que está 37% por debajo del entregado por la Contraloría.

Además, el contralor estuvo en desacuerdo con darle a la empresa dos años de gracia, es decir, que no pagara alquiler durante 24 meses.

A su turno, el asesor de Bona Pacific Corp., Justino González, dijo ayer que no quiere pensar “que se quiere cancelar el proyecto para favorecer grupos económicos que nos ven como una competencia”. 

En cuanto a la solicitud de información que hizo el presidente Juan Carlos Varela al Consejo Económico Nacional (CENA) sobre la terminal petrolera, González dijo que “nada se hace a espaldas del presidente”.

Este medio intentó conocer la posición del contralor, pero no respondió.

El procurador de la Administración, Rigoberto González, solicitó el viernes pasado –por segunda vez– información al ministro de Ambiente, Emilio Sempris, sobre qué acciones ha hecho para conocer las denuncias de afectación en isla Boná.

‘No hay aves’

El presidente de Bona Pacific Corp., Raam Ady, asegura que su proyecto no afectará isla Boná, ya que donde pretende instalar los tanques de combustible “no hay aves”.

Restó importancia a una posible afectación a las cuatro especies de aves marinas presentes en Boná, al indicar que los nidos están de diciembre a abril y que luego no habrá presencia masiva de aves.

Dice que ha ido “más de 50 veces y no he visto ese tipo de anidación de que están hablando”. Ady admitió que sus estudios provienen de ambientalistas pagados por Bona Pacific Corp. y no por el Ministerio de Ambiente.

Contrario a lo que dice Ady, las aves anidan en la isla, incluso en octubre. Así lo corroboró este medio ese mes del año pasado, cuando hizo un recorrido por la isla y pudo observar que no solo anidan en árboles, sino también en la superficie de la isla.

En cuanto a la afectación a los corales, dijo que están realizando estudios para ver si están vivos o muertos.

Por ahora, la empresa informó que ha invertido unos $2.5 millones en actividades que no especificó.

Ady indicó que el contrato de alquiler no incluye una opción de venta. En entrevista previa, aseguró que el resto de la isla también sería arrendada por la empresa, ya que no quería competencia.

En la conferencia de prensa de ayer, mencionaron que la pesca, como medio de subsistencia en Otoque, está “prácticamente en extinción”, por lo que no sería argumento válido para cancelar el proyecto.

Cuestionado sobre quiénes son sus socios y de dónde proviene el financiamiento del multimillonario proyecto, Ady fue esquivo. Solo indicó que son fondos suyos y de Sandra Roger (secretaria de Bona Pacific Corp.) y de un inversionista extranjero, cuya identidad no reveló.

Acusaciones

“Se acusa al proyecto de desarrollarse en un área protegida que se considera santuario de aves, pero esto es mentira”, afirmó el abogado Justino González.

Añadió que en Boná solo hay “herbazales”, “rastrojos”, no hay bosques, como aparece en los medios.

También aseguró que se rechaza el proyecto no por un tema ambiental, sino porque hay “magnates del combustible” que han promovido una “feroz campaña” de desprestigio.

Rechazan petrolera

A la conferencia de prensa se presentaron representantes de oenegés ambientalistas que rechazan el proyecto. Pero los representantes de Bona Pacific Corp. decidieron cerrarles las puertas mientras trataban de justificar la construcción de la terminal.

Organizaciones como el Centro de Incidencia Ambiental, la Asociación de Pesca Submarina, la Asociación de Derecho Ambiental, Jóvenes Ecologistas de isla Otoque, así como especialistas ambientales intentaron entrar a la conferencia, pero se les impidió el acceso.

Advertidos, Bona Pacific Corp. se aseguró de que solo estuvieran presentes periodistas, preguntando a cada persona: ¿usted a quién representa? Si no eran de medios, se les prohibía la entrada.

No obstante, algunos lograron entrar, como Marlene Blasser, presidenta de Sharks Awareness Panamá, quien, en medio de la rueda de prensa, se dirigió a Ady. “Aquí nadie está cuestionando la ilegalidad del proyecto, el problema es que no hay un estudio completo sobre las afectaciones ambientales. La población no está informada”.

A su vez, el abogado ambiental Donaldo Sousa dijo que hoy presentará una solicitud a la Asamblea Nacional para que se declare a las islas Boná y Otoque áreas protegidas y turísticas.

Kevins Cortez, de la Asociación de Jóvenes Ecologistas de isla Otoque, aseguró: “Nosotros, como residentes del área [Otoque Oriente], sabemos de las afectaciones de convertir a isla Boná en una terminal petrolera, en ruta de embarcaciones. Hacen que merme la pesca”.

Cortez indicó que la promesa de empleo que han hecho a la comunidad es para obtener su beneplácito, pero que quedarán igual que los residentes de Taboga, que trabajaron por un corto tiempo en las terminales petroleras del lugar, pero ya todos están desempleados.

Anunció que en las islas de Otoque Oriente y Occidente están recolectando firmas para rechazar el proyecto, las cuales serán presentadas en los próximos días ante la Alcaldía de Taboga.

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