PROGRAMA DE PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

Baja subsidio para tratar el VIH

Como parte de un programa de cooperación, el Fondo Mundial entregó $7 millones entre 2016 y 2018 para trabajar con la población de alto riesgo. Para la próxima etapa, que va hasta 2021, aportará solo $2.8 millones.

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Baja subsidio para tratar el VIH

A partir de 2019, el Estado comenzará a asumir los costos de los programas de prevención, diagnóstico y atención de las poblaciones donde prevalece la transmisión del virus de inmuno deficiencia humana (VIH).

El trabajo, que desarrollan organizaciones de la sociedad civil desde 2016, bajo el paraguas del Ministerio de Salud (Minsa), es subvencionado con aportes del organismo de cooperación internacional Fondo Mundial, y el dinero es administrado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Se trata de $7 millones otorgados al país para trabajar contra el VIH y la tuberculosis. De ese total, al VIH se destinan unos $3.8 millones (65%), a la tuberculosos $1.7 millones y para costos de administración los restantes $1.5 millones.

El próximo 31 de diciembre expira este proyecto de cooperación y empieza un período de transición que busca que Panamá sea autosuficiente en el manejo de los programas para 2021. Esta etapa tendrá un acompañamiento financiero de $2.8 millones, es decir, poco menos de un millón por año: 2019, 2020 y 2021.

Rubiela Sánchez. Cortesía Expandir Imagen
Rubiela Sánchez. Cortesía

Apoyo

La coordinadora del programa país del PNUD, Rubiela Sánchez, explicó que hasta ahora el dinero destinado a VIH se enfoca en las poblaciones de riesgo para transmisión del virus, es decir, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, trabajadoras sexuales y personas trans.

En esta área los programas se enfocan en sensibilización y capacitación del recurso humano de salud para terminar con el estigma y la discriminación de las poblaciones, contratación de digitalizadores para actualizar las estadísticas del virus, y tecnólogos médicos para procesar los exámenes de laboratorio.

En tanto, los fondos correspondientes a tuberculosis se traducen en la compra de equipos para trabajar en el diagnóstico y contratación de promotores para detectar casos en las áreas de alto riesgo.

Lo que se busca, indicó, es fortalecer el trabajo que realiza el Minsa.

En relación a la fase de transición y la disminución del aporte, Sánchez explicó que a partir del próximo año el Minsa tendrá que comenzar a asumir el 25% de los gastos de las pruebas para diagnóstico y la compra de insumos que se entregan a las poblaciones meta.

Añadió que la mirada del PNUD, como receptor principal de los fondos, es que el país necesita cambiar su paradigma, para migrar a un trabajo preventivo más que de atención.

Con esto quiere decir que los centros de salud, es decir el nivel local, deben enfocarse en acciones de prevención. No se debe esperar a que una persona joven o adulta llegue diagnosticada, sino fomentar una estrategia de promoción de la salud para evitar que se infecte.

Dayra García, directora ejecutiva de Viviendo Positivamente -una de las oenegés que trabaja con las poblaciones clave-, dijo que Panamá entrará atrasado al proceso de transición, dado que no pudo asignar los fondos que necesitaba para mantener los programas de manera autónoma.

García asegura que como parte de la solicitud de financiamiento para la transición existió el compromiso de que el país, a través del Minsa, tenía que asumir estas responsabilidades desde el primer año (2019) con un 25%, segundo año con 50% y el último año en su totalidad.

Asegura que esto no se logró porque el presupuesto del Minsa para el próximo año se pidió antes de la aprobación de los recursos por parte del Fondo Mundial, por lo que ahora deberá incluir el dinero en el presupuesto para 2020.

García destacó que cuando le corresponda al Minsa asumir por completo la responsabilidad de estos programas, el financiamiento de las oenegés se otorgará bajo un modelo de contratación social en el cual estas organizaciones deberán cumplir con una serie de normas y procesos legales.

Según García, lo que busca el Fondo Mundial con la asignación de menos recursos es lograr que el país asuma el compromiso local de intervención y que las poblaciones clave tengan acceso a los servicios de salud.

García expresó que ante la falta de recursos locales, el Fondo Mundial apoyará con el seguimiento de los programas del próximo año, con la promesa de que a partir de 2020 comience a asumir estos compromisos.

Aurelio Núñez. Expandir Imagen
Aurelio Núñez. Cortesía

Al respecto, el coordinador del programa nacional de infecciones de transmisión sexual, VIH y hepatitis del Minsa, Aurelio Núñez, reconoció que el Fondo Mundial se encargará de mantener el apoyo a los programas con las poblaciones clave, pero no porque estén atrasados, sino porque así lo acordaron al momento de trabajar en los detalles de la transición.

Lo hicieron así, de acuerdo con Núñez, porque no tenían seguridad de que el Fondo Mundial seguiría aportando el dinero en el período de transición, ya que no existía ninguna obligación con un país cuyos indicadores económicos lo alejan de la posibilidad de recibir subsidios internacionales.

Aseguró que los organismos de la sociedad civil que participan de este programa tienen conocimiento de cómo sería la participación de Panamá, que aportará el 50% de los gastos en 2020 y el 100% en 2021.

Informó que, como parte de la transición, para 2019 contratarán seis de los promotores que vienen trabajando para el programa, y que entregarán pruebas de VIH, condones y lubricantes a las oenegés. Además, siguen abriendo las llamadas clínicas amigables, de las cuales actualmente funcionan seis en el país. En estas clínicas se brindan servicios médicos y de orientación exclusivamente para la población con VIH.

Núñez aseguró que Panamá es autosuficiente en la atención del VIH, para lo cual destinan 40 millones de dólares anuales, entre fondos de la Caja de Seguro Social y el Minsa.

Indicó que todavía existen retos por superar, como vencer el temor de las personas a hacerse las pruebas, terminar con el desabastecimiento de las medicinas para la terapia retroviral, que eventualmente se presenta, y efectuar más divulgación de la ley de derechos y obligaciones de las personas que viven con el VIH.

Núñez remarcó que el sistema tiene fortalezas, entre ellas, que cuenta con los medicamentos para los pacientes, así como las pruebas de seguimiento de laboratorio, y el personal médico para las clínicas de tratamiento antirretroviral.

Destacó que han logrado aumentar el número de personas diagnosticadas con VIH, aunque según los cálculos de la Organización Mundial de la Salud aún habría en el país de 3 mil 500 a 4 mil personas que viven con el virus y lo desconocen.

Desde 1984, cuando se detectó el primer caso de VIH en el país, se han diagnosticado 16 mil personas, de las cuales 14 mil 500 están recibiendo terapia.

“El resto murió, no ha llegado al centro de salud, se escondieron hasta que fallecieron o tienen el virus, pero no han desarrollado la enfermedad”, manifestó Núñez.

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