Audiencia de medida cautelar

Arquesio Arias no podrá ir a la Asamblea, pero le pagarán salario

El magistrado Ayú Prado salvó su voto alegando que el arresto domiciliario tiene casi todos los efectos de la detención provisional. El relato de una audiencia cargada de simbolismo.

‘Las víctimas sienten que fueron escuchadas’

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Arquesio Arias no podrá ir a la AN, pero le pagarán salario

Mientras en el Palacio Justo Arosemena los diputados oficialistas sostenían agrias discrepancias con el Ejecutivo y otros sectores de la sociedad que plantean cambiar en la Constitución el método de juzgar a los miembros de este órgano del Estado, en la Corte Suprema de Justicia se discutía, casi en forma paralela, el futuro de uno de ellos.

La audiencia de aplicación de medidas cautelares al diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Arquesio Arias, terminó a las 12:27 a.m. de ayer martes, luego de que los magistrados deliberaran durante ocho horas, es decir desde las 4:00 p.m. del pasado lunes 21 de octubre.

Todavía no está claro si hay acuerdo entre los diputados del PRD -e incluso, entre los 71 miembros del Palacio Justo Arosemena sobre cómo serían juzgados los diputados en el futuro, pero en el Palacio Gil Ponce sí hubo una decisión: el diputado Arias debe mantenerse en su casa mientras se decide el fondo del proceso que se le sigue por la supuesta comisión de los delitos de violación carnal y actos libidinosos.

La decisión, sin embargo, no tuvo el aval de todos los magistrados. José Ayú Prado salvó su voto alegando, entre otras cosas, que las razones de sus colegas para no ordenar la detención provisional del diputado y, en su lugar, invocar la obligación de que este se mantenga en su residencia “no son comprensibles”, toda vez que “se le aplicará una medida cautelar personal, que tiene casi todos los efectos que la detención provisional”.

Lea aquí: Ayú Prado considera que el pleno de la Corte no puede suspender al diputado Arquesio Arias 

Jerónimo Mejía, en tanto, estuvo de acuerdo con la decisión de sus colegas, pero dio otras justificaciones, informó una fuente que estuvo en la audiencia.

La medida cautelar impuesta a Arias implica que no podrá asistir a la Asamblea Nacional (AN), donde este ejerce el cargo de diputado del circuito 10-2 desde el pasado 1 de julio y preside la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo.

Arias, según su defensa legal, está de licencia como médico general en Kuna Yala, donde presuntamente cometió los delitos que se le imputan.

Fuentes de la Corte informaron que ayer, desde la entidad judicial, se giró una nota en la que se le informa a la junta directiva de la Asamblea de la medida contra Arias.

Pero desde la Asamblea -donde el lunes se mencionó varias veces el caso del diputado Arias durante las negociaciones de las reformas constitucionales- las cosas pintan bien para Arias. Citando el artículo 224 del reglamento interno (norma que regula a los diputados), un asesor del Legislativo dijo que Arias puede pedir licencia y habilitar a su suplente, Renilio Robinson, para ausentarse. “La norma no impide que se le pague su salario”, explicó.

También se envió a la Policía Nacional un oficio para notificarle del caso, ya que es esta entidad la que debe garantizar que el imputado se mantenga en su residencia.

También se notificó al Servicio Nacional de Migración, ya que aparte del arresto domiciliario al diputado se le prohibió salir del país sin autorización judicial y para ello se le pidió que entregara su pasaporte ordinario y diplomático.

Durante la larga audiencia iniciada el pasado lunes se discutieron principalmente tres medidas cautelares: detención preventiva, arresto domiciliario y prohibición de salir del país.

La bancada del PRD en la Asamblea Nacional, que controla la junta directiva del Palacio Justo Arosemena, ha pedido que se respete el debido proceso en este caso mientras que Arias insiste en que las denuncias en su contra tienen un trasfondo político producto de las primarias de su partido en 2018.

Sin embargo, diputados de otros partidos, como Mayín Correa, Ana Giselle Rosas, así como los independientes Gabriel Silva y Juan Diego Vásquez, han pedido que su colega se separe del cargo mientras es investigado.

El propio presidente de la República, Laurentino Cortizo, ha dicho que si él estuviera en los zapatos de Arias se habría separado.

Pero Arias no lo hizo y prefirió esperar la acción de la justicia.

Como un eco en el Legislativo, todavía resuena el nombre de Alfredo Castillero Hoyos, a quien los diputados removieron del cargo de defensor del Pueblo, tras denuncias sobre presunto acoso laboral y sexual.

(Con información de Juan Díaz y Aminta Bustamante).

‘Las víctimas sienten que fueron escuchadas’

“Las víctimas sienten que fueron escuchadas por los magistrados. A pesar que pedimos la aplicación de una medida más severa consideran que es un gran avance. Seguiremos trabajando para que se haga justicia”, señaló Enereida Barría, abogada querellante  en el caso del diputado Arquesio Arias.

Barría había solicitado la detención preventiva, pero el pleno de la Corte decidió imponer casa por cárcel al político acusado de la presunta comisión de delitos sexuales.

Para la abogada en esta etapa del proceso se ha aplicado la ley como debe ser y se ha demostrado al país que nadie está por encima de la justicia. “Esto demuestra que las personas pobres, humildes y vulnerables también pueden buscar y acceder la justicia”, concluyó.

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