ASAMBLEA NACIONAL

Abogan por que se aprueben las leyes contra la corrupción

Los proyectos para combatir la corrupción presentados ante la Asamblea Nacional deben ser discutidos en los próximo meses.

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Asamblea Nacional. Archivo

El exvicepresidente del Colegio Nacional de Abogados Juan Carlos Araúz calificó como urgente que la Asamblea Nacional apruebe el paquete de propuestas legislativas para reformar el Código Procesal Penal, que aumentan las penas por delitos de corrupción, declaran la imprescriptibilidad de estos delitos y levantan la reserva en estos casos.

Araúz reconoció que los diputados de la Asamblea tienen una gran responsabilidad en la aprobación de estas reformas, ya que la sociedad en general espera que se apliquen sanciones más enérgicas contra quienes se aprovechan de los fondos públicos.

Annette Planells, del Movimiento Independiente (Movin), coincide en que estas medidas son indispensables para lograr una mayor transparencia en la gestión pública, así como para aplicar duras sanciones a quienes se apoderen de los fondos del Estado.

INICIATIVAS ANTICORRUPCIÓN, A DEBATE CIUDADANO Y LEGISLATIVO

La presentación de iniciativas para reformar el ‘Código Penal’, para la persecución y aumento de penas en los delitos de corrupción, generó una discusión entre los miembros de las diferentes bancadas legislativas. Expandir Imagen
La presentación de iniciativas para reformar el ‘Código Penal’, para la persecución y aumento de penas en los delitos de corrupción, generó una discusión entre los miembros de las diferentes bancadas legislativas. LA PRENSA/Archivo

Al menos seis propuestas de ley que pretenden ponerle un alto a los delitos contra la administración pública y promover la transparencia en la gestión gubernamental han tomado relevancia en las últimas semanas.

A la par de estos proyectos, también han surgido voces a favor y en contra, de diputados y representantes de la sociedad civil organizada, que advierten de las inconveniencias y virtudes de los textos presentados.

INICIATIVAS Y POSTURAS

Una de las propuestas que busca frenar la impunidad es el proyecto de ley 514 –presentado en agosto de 2017–, que pretende modificar el Código Procesal Penal para que los delitos relacionados con la corrupción no prescriban.

Dicho proyecto, impulsado por los Jóvenes de Generación Movin, la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad Santa María La Antigua y Generación Sin Límites, fue aprobado en primer debate el pasado martes.

Diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD) –como Leandro Ávila y Quibián Panay– se oponen a que este tipo de delitos prescriba y abogan por aumentar las penas.

Del lado del oficialismo, el Directorio Nacional del Partido Panameñista instruyó a su bancada en el Legislativo para que promueva el debate y aprobación de este proyecto legislativo.

De hecho, el diputado y presidente del Partido Panameñista, José Luis Varela, reiteró que la línea del partido es apoyar los proyectos que faciliten la lucha contra la corrupción. “Hemos llevado una lucha frontal y no vamos a salir señalados como corruptos por personas que no tienen la moral para eso y que no enfrentaron a [el expresidente] Ricardo Martinelli como nosotros y que más bien se beneficiaban de su gobierno”, aseguró.

El oficialismo también le dio un espaldarazo al anteproyecto de ley  que modifica varios artículos del  Código Penal y la Ley de Contrataciones Públicas, e introduce la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para aquellas personas condenadas por delitos contra la administración pública.

La iniciativa –presentada el 10 de enero de 2018– propone, entre otras cosas, que aquellos que sean condenados a cinco o más años de prisión por delitos contra la administración pública también sean inhabilitados para cargos de elección popular de manera perpetua.

Pese a la instrucción dada a su bancada, el diputado oficialista José Antonio Domínguez señaló que no está de acuerdo  con la redacción del anteproyecto ni con la intención con la que fue plasmado. “No es que yo quiera defender a nadie, pero esto peca contra lo que constitucionalmente existe hoy [...] aquel que cometa un acto ilícito, según nuestra Constitución, paga con cárcel y con un periodo sin ejercer un cargo público dentro de un tiempo establecido. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a sacar un proyecto de ley donde diga que más nunca en la vida puedes aplicar para un cargo [público]? Yo, como católico, pienso y considero que todo ser humano tiene derecho a recapacitar”, alegó Domínguez.

“Esa supuesta muerte civil” sería un abuso de autoridad, añadió el diputado.

El perredista Ávila también está en desacuerdo con lo que plantea este anteproyecto. Según el diputado, la llamada muerte civil   ya está contemplada en la legislación panameña, en el artículo 1088 del Código Fiscal, y basta con que las personas y empresas sean sometidas a los alcances que dispone en esta materia la Contraloría General de la República.

Ávila coincidió con Domínguez en que, tanto las empresas como las personas que hayan cumplido una pena por cometer actos de corrupción tienen el derecho de reincorporarse a la sociedad.

“Esta propuesta no será la solución, ya que estas personas buscarán la forma de hacer una nueva razón social, pondrán nuevos dignatarios y seguirán contratando con el Estado. Hay que plantear una solución real más moderna”, ripostóÁvila.

Otro diputado que se pronunció respecto a este anteproyecto fue el panameñista Jorge Alberto Rosas, cuya firma de abogados tiene una investigación relacionada con el caso de sobornos de Odebrecht.

“Es una iniciativa comprensiva, sobre todo porque la inhabilitación incluye a las empresas y al sujeto activo en la corrupción. Seremos muy celosos de que esa disposición se mantenga y no solamente para la empresa, sino [para] que el accionista no pueda arroparse en otras sociedades”, dijo.

Otra iniciativa anticorrupción que se encuentra en la Asamblea llegó de la mano del diputado Domínguez. Se trata del proyecto de ley 215, que tiene por objeto otorgar recompensas a las personas que, sin haber intervenido en los delitos de corrupción, malversación de fondos públicos, peculado, enriquecimiento injustificado, concusión y exacción o tráfico de influencias, efectúen denuncias apoyadas en información idónea, eficaz y oportuna que permita a la instancia competente investigar, y con posterioridad abrir una causa penal.

Esta iniciativa fue presentada en 2015, se aprobó en primer debate en octubre de 2017, y luego fue presentada al pleno legislativo para su segundo y tercer debate el pasado martes por el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea, Carlos Santana.

Esta comisión también mantiene en discusión el proyecto  de  ley 258, de agosto de 2015, que busca establecer la jurisdicción  de  extinción  de  dominio  para acelerar el proceso  de  traspaso  al Estado de  bienes y activos procedentes  de  actividades criminales, como el tráfico de  drogas, trata  de  personas, corrupción y blanqueo  de  capitales.

Iniciativas anticorrupción, a debate ciudadano y legislativo Expandir Imagen
Iniciativas anticorrupción, a debate ciudadano y legislativo

El proyecto, presentado por la diputada independiente Ana Matilde Gómez, plantea que los bienes bajo custodia durante prolongados procesos penales por delitos  de  narcotráfico, blanqueo  de  capitales y contra la administración pública corren el riesgo  de  ser destruidos, afectados por la acción   de l tiempo y puestos fuera del alcance  de  las autoridades. 

Para la abogada y politóloga Cristina Torres Ubillús, este proyecto es muy amplio e, incluso, interviene en funciones específicas del Ministerio de Economía y Finanzas y en temas en materia registral. “Esto hay que verlo con mucho cuidado; estamos hablando de bienes de personas implicadas en delitos contra la administración pública […], hay que ser muy cautelosos”, apuntó.

Para Ubillús, frente a todos los proyectos anticorrupción presentados al Legislativo, la prioridad no debe ser la celeridad de aprobarlos, sino que se lleven a cabo las consultas necesarias, así como las discusiones pertinentes, tanto en las comisiones permanentes como en el pleno, a fin de que se aprueben o modifiquen y que esas propuestas surtan un efecto positivo en la sociedad. “Se regula y se legisla para que nuestra plataforma jurídica sea segura”, acotó.

SIN VELO A LA ‘RESERVA’

Dentro de la lista de proyectos anticorrupción que reposan en el Órgano Legislativo figura el recién presentado por la jefa del Ministerio Público, Kenia Porcell, el cual busca que se haga una excepción a la regla de la reserva del sumario para poder publicitar los procesos relacionados con delitos de corrupción, enriquecimiento injustificado y afectación del patrimonio del Estado. También persigue el aumento de las penas de cárcel por delitos de corrupción.

La propuesta, que promueve la modificación de 11 artículos del  Código Penal y 4 artículos del Código Procesal Penal, ha sido acogida  por abogados, políticos y grupos de la sociedad civil. 

Dionicio Rodríguez, presidente del Colegio Nacional de Abogados, ve con buenos ojos la propuesta de Porcell.

“En cuanto a la reserva de los nombres de los acusados en las investigaciones por corrupción, por supuesto, yo creo que la ciudadanía quiere saber quiénes son los acusados, pero debemos tener muy en cuenta [que] quien declara la reserva en casos complejos es el Ministerio Público”, opinó.

Asimismo, advirtió que el levantamiento del velo de la reserva deberá respetar siempre el derecho a la presunción de inocencia que tiene toda persona.

Juan Carlos Araúz, exvicepresidente del Colegio de Abogados, afirmó que el aumento de las penas en delitos contra la administración pública es una “urgente necesidad”.

No obstante, en relación a la propuesta de revelar los nombres de los involucrados en casos de corrupción, a juicio de Araúz, el análisis debe ser integral y tomar en cuenta la causa primaria del reclamo que, en concreto, obedece a procesos sin conclusión y tiempos de litigio que resultan  interminables. 

El jurista considera que revelar nombres admite un debate de orden constitucional que no aporta en este momento solución al problema de la eficiencia de la justicia. Hizo la salvedad de que es importante que el Ministerio Público proponga soluciones en atención a sus experiencias inmediatas.

La dirigente del Movimiento Independiente de Panamá (Movin) Annette Planells se sumó al respaldo de esta iniciativa. Opinó que el hecho de levantar la reserva de los nombres de los acusados contribuye a mejorar la confianza ciudadana en las investigaciones que se adelanten.

El excontralor de la República Carlos Vallarino indicó que la propuesta es necesaria, ya que en otros países existe el acceso público a la información. “Eso da más transparencia en los procesos. Las cosas buenas hay que copiarlas”, añadió.

Para la diputada Gómez, la propuesta es “excelente”. Recordó que ya en las propuestas del Pacto de Estado por la Justicia se había dado un aumento general de esas penas. Sin embargo, acotó que cuando dicho debate llegó a la Asamblea, con el entonces gobierno de Ricardo Martinelli, las redujeron.

“Panamá tiene derecho a legislar como considere oportuno y necesario para combatir la corrupción”, manifestó Gómez, quien el pasado jueves presentó un anteproyecto de ley que modifica varios artículos del Código Procesal Penal.

“Este proyecto busca fundamentalmente cerrar un espacio a la impunidad y contribuir a acabar con la mora judicial producto de algunas acciones de personas señaladas o investigadas que se valen de la redacción de algunas normas del Código de Procedimiento para evitar ser imputadas o notificadas”, explicó.

DESDE LA PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA

Yanibel Ábrego aseveró que, como presidenta del Órgano Legislativo, y observando la multiplicidad de temas que afectan el Código Penal, realizará los debates que sean necesarios “para mantener el imperio de la ley y la seguridad jurídica”.

“Traeremos expertos juristas que opinen en derecho sobre estas materias a fondo y, de ser necesario, propondré al [pleno] legislativo debatir todos estos documentos de forma conjunta, puesto que son todos proyectos que modifican la ley penal”.

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