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La prueba 33 en el caso de los pinchazos era la demostración de que los números de teléfonos de las víctimas, carecían de la autorización de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, para que fueran intervenidos legalmente. Esta prueba fue anulada por el Tribunal de Juicio, así como las siete carpetillas, los testimonios de víctimas y de participantes en los seguimientos ilegales, desconociéndose las pruebas aceptadas por la Corte Suprema de Justicia en la fase intermedia de este sonado caso. El Tribunal de Juicio solo debía practicar las pruebas y valorarlas. No lo hizo, si no que procedió a construir sus propio esquema procesal. Esto ha motivado que tanto la fiscalía como los querellantes hayan presentado recursos judiciales, para que un tribunal superior y la Sala Segunda de la Corte examinen nuevamente este caso. Panamá necesita una justicia íntegra, que sea respetada nacional e internacionalmente. Ahora los tribunales tienen la oportunidad de revisar lo actuado y de restablecer la coherencia de las normas jurídicas que fueron infringidas por tres jueces interinos nombrados de a dedo, quizás buscando impunidad.

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