Ventana Fiscal

La declaración jurada sin valor

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Había una vez… por lo general así comienzan los cuentos. Para alivio y descanso de muchos contribuyentes y sus contadores ya terminó la temporada de las declaraciones juradas de renta. Los que se quedaron por fuera pagarán las consecuencias de no cumplir con los términos fijados por ley, con sus multas, recargos e intereses, y no poder obtener el paz y salvo nacional. Pero queda otra declaración jurada tantas veces olvidada por los obligados, aunque sin mayores consecuencias. Todo parece un cuento.

Para fiscalizar el enriquecimiento injustificado de los funcionarios públicos existe una declaración jurada de estado patrimonial establecida en la Ley 59 de 1999, y que textualmente dice así:

“El enriquecimiento injustificado tiene lugar cuando el servidor público o ex servidor público, durante el desempeño de su cargo o dentro del año siguiente al término de sus funciones, se encuentre en posesión de bienes, sea por interpuesta persona natural o jurídica, que sobrepasen los declarados o los que probablemente superen sus posibilidades económicas, y no pueda justificar su origen”.

Como el enriquecimiento injustificado de unos pocos es causa de la pobreza de otros muchos, es necesario combatir tal injusticia con una mayor y mejor fiscalización que la contenida en la ley actual. Y si la esperanza es lo último que debemos perder, confío en que el nuevo gobierno que tomará las riendas del Estado a partir del próximo 1 de julio entienda la importancia de esta declaración jurada que deben hacer todos los funcionarios de alto nivel, tanto los que salen como los que entran.

La ley sobre el caso (Ley 59/1999) exige una reforma urgente de las reglas del juego mediante la creación de un ente independiente no político para analizar debidamente esas declaraciones patrimoniales y con la suficiente fuerza legal para imponer sanciones ejemplares y que sean del conocimiento público para tener la certeza del castigo, para eliminar la risa de la impunidad.

Hasta ahora no existe quién audite y confirme el contenido de las declaraciones patrimoniales y menos quién realice las necesarias investigaciones del patrimonio no declarado, que por lo general están a nombre de testaferros. Ese enriquecimiento que no pueda justificar el exfuncionario debe ser objeto de acciones legales y fiscales. Así tal vez podamos balancear el presupuesto nacional. Pero como todo dependerá de los políticos de turno, no será tan fácil hacerlo como decirlo.

Cápsula fiscal

Esta es mi trinchera personal y seguiré insistiendo en una reforma integral de la Ley 59/1999, pues sus disposiciones parecen letra muerta ante la falta de cumplimiento y sus ridículas sanciones. Más aún, cuando los brazos de la política intervienen en la labor de fiscalización de las autoridades fiscales y penales. Advierto que este cuento no termina mientras no se reforme la ley.

El autor es consultor fiscal 

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