TRAMITOLOGÍA

El Estado le adeuda a mi abuelo

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Los extrabajadores de la antigua zona del Canal dicen que la lucha contra el Estado “es eterna”. Archivo Los extrabajadores de la antigua zona del Canal dicen que la lucha contra el Estado “es eterna”. Archivo Expandir Imagen
Los extrabajadores de la antigua zona del Canal dicen que la lucha contra el Estado “es eterna”. Archivo

Mi abuelo lleva muerto más de tres años. Desde antes de que falleciera, gastó gran parte de sus últimas energías en enfrentar la complicada batalla contra el Estado panameño. Resulta que él trabajó por muchos años en la Oficina de Mantenimiento Vial y Estructuras Públicas del Área del Canal de Panamá (Omvepac) y que hubo varios pagos de salarios que no se le hicieron efectivo durante su tiempo allí.

No fue el único. Son casi 50 los extrabajadores que anhelan que se les pague lo que se les debe. Muchos de ellos siguen vivos, otros -más de los que deberían- ya murieron. Algunos de ellos en la cama de un hospital público de atención deficiente, sin poder optar por ser atendido en un mejor lugar, al no tener los fondos.

Es eterna la lucha contra el Estado. O mejor dicho, contra la burocracia. Desde finales de la década de 1990 los extrabajadores han interpuesto demandas para que se cumpla con el pago de sus prestaciones, un fondo que tenía contemplado la Omvepac, pero que al momento de su anexión al Ministerio de Obras Públicas, esta institución decidió utilizar para cubrir otros gastos.

Y entonces, los extrabajadores quedaron sin cobrar nada de ese fondo, que era de alrededor de un millón y medio de dólares. Entre ellos, mi abuelo. El grupo se organizó, contrataron abogados y comenzaron a pelear por lo suyo.

Tras años de complejas telarañas judiciales, familiares de trabajadores panameños en la antigua zona del Canal aún no han podido cobrar un centavo de lo que el Estado debe pagar.

Las resoluciones han pasado de mano en mano, distintas administraciones, distintas instituciones. Hasta que por fin hubo una pequeña luz hace unos años, durante la gestión de Ricardo Martinelli. Se comprometieron a hacer el pago por los 20 años de trabajo que se adeudaba.

En la administración siguiente, la de Juan Carlos Varela, comenzaron los obstáculos. Hubo varias reuniones en la Presidencia y en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). A pesar de que el gobierno anterior había destinado una partida, en este nos salían siempre con nuevos peros: que si faltaba información, que si faltaba un trámite. Puras cuestiones burocráticas.

A mediados del año pasado recomendaron separar las solicitudes en dos listas: las de los vivos y la de los muertos. Según el MEF, esto haría que los pagos se efectuaran de una forma más expedita. Eso sí, incompleto. Primero redujeron a 10 los años de trabajo adeudados, y luego lo bajaron a 7.

Con todo y eso, los pagos no salían, pues Contraloría los echaba para atrás constantemente por errores que cometía el propio MEF.

Unos meses después, el gobierno nos advirtió que habría que esperar a la próxima administración, pues los fondos se habían utilizado para la organización de la Jornada Mundial de la Juventud.

En mi caso, la cuestión se complicó más, ya que el poder que le dejó mi abuela a mi mamá no llevaba su firma, pues le era imposible firmar cuando lo hizo.

Aún así, un notario fue testigo de la confección del poder. El MEF, sin embargo, obligó a mi mamá a volver a autenticar todos los documentos para meter los trámites.

Y así estamos: después de siete años de batallas legales seguimos a la espera de un dinero que el Estado le debe a un grupo de panameños nobles y que, de forma unilateral, ha decidido reducir en un 65%.

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