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MEF: ‘Ley nos permite defender los avances’

La Asamblea aprueba en segundo debate el proyecto de ley que penaliza la evasión fiscal. El Colegio Nacional de Abogados pide que se baje a primer debate.

‘Código de Procedimiento Tributario’ recibe tercer debate

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La jornada de ayer, en sesión permanente, comenzó con la votación del proyecto de ley 591. La jornada de ayer, en sesión permanente, comenzó con la votación del proyecto de ley 591. Expandir Imagen
La jornada de ayer, en sesión permanente, comenzó con la votación del proyecto de ley 591. Roberto González Jiménez

La ministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla, dijo ayer tras la aprobación en segundo debate del proyecto de ley 591, que si la iniciativa recibe tercer debate, “tenemos unas herramientas para poder defender los avances de Panamá. Sin la aprobación de la ley, no la teníamos”.

La ministra hizo estas declaraciones al salir anoche de la Asamblea Nacional, en referencia a la amenaza que pesa sobre Panamá de ser nuevamente incluido en la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI), una relación de países con deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales.

En un informe elaborado por el Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat) y que será presentado en la plenaria del GAFI en febrero consta como pendiente la penalización de la evasión fiscal. Esto es importante desde el punto de vista internacional porque permite la cooperación entre autoridades en la persecución del delito.

“Ya el informe oficial concluyó, sin embargo, nosotros tenemos que hacer los acercamientos para que esa deficiencia pierda relevancia”, dijo la ministra.

Concluida la plenaria del GAFI en febrero, habrá una reunión cara a cara con el organismo internacional para mostrar los avances de Panamá. La decisión de incluir o no al país en la lista gris se tomaría después, en la plenaria del GAFI del mes de junio. La ministra señaló que en el año 2012, Panamá “solo cumplía” o “cumplía ampliamente” 4 de las 40 recomendaciones del GAFI para combatir el blanqueo de capitales. En la evaluacicón del pasado mes de diciembre, 35 de las 40 recomendaciones obtuvieron una puntuación positiva.

El proyecto de ley, que se espera reciba tercer debate este martes, contempla penas de prisión de dos a cuatro años para aquellos que defrauden de manera intencionada más de $300,000 al fisco en un año. Además, si los fondos obtenidos por defraudar el fisco son blanqueados, se caería en el delito de lavado de capitales, exponiéndose a penas entre dos y cuatro años.

La norma entrará en vigor 30 días después de su promulgación, para lo que aún falta que se apruebe en tercer debate y que sea sancionada por el presidente Juan Carlos Varela.

Rechazo

El Colegio Nacional de Abogados mostró su rechazo al proyecto de ley aprobado y solicitó en una carta dirigida a la presidenta de la Asamblea Nacional, Yanibel Ábrego, que la iniciativa sea bajada a primer debate.

Dionicio Rodríguez, presidente de Colegio Nacional de Abogados, señaló a este diario que la forma en que está tipificada la conducta queda muy abierta para determinar cuándo estamos frente a una defraudación fiscal. “Si yo como abogado creo una sociedad anónima y mi cliente en el extranjero no declara impuestos, yo podría ser investigado por cómplice, solo por haber creado la sociedad”, dijo. Rodríguez añadió que no estaban en contra de la creación del tipo penal, pero reclaman garantías para evitar el uso de la norma como arma de persecución.

Consultada al respecto, Varela de Chinchilla dijo que el año pasado solo 81 compañías -ninguna persona natural- reportaron más de $1.2 millones de ganancias, el nivel de utilidad que habría que tener para poder llegar a defraudar $300,000 en impuestos. “La ley no afecta a la mayoría de los 4 millones de habitantes”, dijo la ministra.

‘Código de Procedimiento Tributario’ recibe tercer debate

La Asamblea aprobó en tercer debate el proyecto de ley 692, que crea el Código de Procedimiento Tributario, una herramienta para regular la relación entre el contribuyente y la autoridad fiscal.

El código establece la prescripción de los impuestos directos a los 5 años y de los indirectos a los 12 años; obliga a la Dirección General de Ingresos  a incluir intereses en las devoluciones que haga a los contribuyentes si se demora más de un año y  permite la anulación de multas que no sean responsabilidad del contribuyente.

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