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Ley que penaliza la evasión, un año en la Asamblea

El proyecto, que ayudaría a Panamá a evitar la lista gris del GAFI, no se ha aprobado en 12 meses. El MEF dice que ciertos grupos buscan dilatar el debate.

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Entre 2014 y 2016 el centro bancario perdió 74 líneas de corresponsalía, que son necesarias para las operaciones bancarias. Entre 2014 y 2016 el centro bancario perdió 74 líneas de corresponsalía, que son necesarias para las operaciones bancarias. Expandir Imagen
Entre 2014 y 2016 el centro bancario perdió 74 líneas de corresponsalía, que son necesarias para las operaciones bancarias. Archivo

El próximo 18 de enero se cumplirá un año desde que el entonces ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, presentó a la Asamblea Nacional el proyecto de ley para penalizar la evasión fiscal.

Transcurrido este tiempo, la iniciativa no ha sido aprobada, mientras pesa sobre Panamá el riesgo de ingresar nuevamente en la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI), que señala a países con deficiencias en el combate contra el lavado de dinero, situación que sería perjudicial para el centro financiero y para la economía del país.

El primer debate del proyecto de ley se abrió formalmente en abril del año pasado en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, pero no se empezó a discutir a profundidad hasta octubre, cerca ya de que expirara el periodo de sesiones ordinarias. El último día de ese mes se aprobó finalmente en primer debate el proyecto de ley 591.

El presidente Juan Carlos Varela lo incluyó en la lista de temas a debatir en las sesiones extraordinarias, pero la iniciativa no fue abordada. Sí se llegó a leer el proyecto de ley 692 que aprueba el Código de Procedimiento Tributario, que estaba en el orden del día antes que el proyecto de la evasión fiscal, una iniciativa que regula la relación entre el fisco y el contribuyente.

Este proyecto de ley 692 es abanderado por los gremios empresariales porque balancea una relación desequilibrada actualmente en favor de la autoridad fiscal. El sector privado pretende introducir salvaguardas en el marco legal para evitar que la ley que penaliza la evasión, que contempla penas de cárcel de dos a cuatro años, sea utilizada como herramienta de persecución política. “La pregunta no es si esta ley se va a usar como herramienta de ataque político, la pregunta es cuándo y contra quién”, dijo en el pleno Ramón Anzola, representante de la Asociación de Abogados Internacionales.

Las dos iniciativas legales estrenaron el debate legislativo en 2019. Como el Gobierno tenía premura para aprobar la norma de la evasión, se modificó el orden del día y se le dio prioridad sobre el Código de Procedimiento Tributario.

No obstante, en el segundo debate del proyecto de Ley 591 volvieron a ponerse de manifiesto las diferentes posiciones. El Gobierno entendió que algunas modificaciones propuestas por los diputados tendían a hacer más laxa la norma, que en realidad es una modificación al Código Penal, situación que preocupaba al Ministerio Público.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) compartió una comunicación informal de la secretaría del GAFI, que incluye una serie de consideraciones sobre el proyecto de ley aprobado en primer debate. Entre ellas, se sugiere “analizar más en detalle las sanciones establecidas... pues hay que garantizar que sean proporcionales y disuasivas”.

El MEF quería dar a entender al hemiciclo que si se le hacían cambios a la norma y se flexibilizaba más, podría no ser suficiente para cumplir con el estándar internacional.

Las posiciones no se acercaron y la diputada Ana Matilde Gómez advirtió que en el proyecto que penaliza la evasión había artículos que remitían a procedimientos establecidos en el Código de Procedimiento Tributario, lo que se tradujo en la suspensión del proyecto de ley 591.

Retomado el proyecto del Código de Procedimiento Tributario, el viceministro de Economía, Gustavo Valderrama, reclamó en la sesión del pasado jueves que el debate debía avanzar a mayor velocidad, ya que existía premura para aprobar posteriormente la iniciativa que penaliza la evasión. El gesto fue interpretado por algunos miembros de las bancadas como una intromisión en la potestad que tiene el Legislativo para debatir y modificar los proyectos de ley.

En un comunicado, la Asamblea señaló que “el carácter técnico del documento y el interés del Ejecutivo de que el proyecto de ley 692 se apruebe sin que se le introduzcan modificaciones, se convierte en el nudo que impide avanzar en esta discusión”.

Consultado por este diario, Valderrama dijo que reconocía la potestad de la Asamblea para introducir cambios, pero advirtió que hay grupos de interés que están dilatando el debate del Código de Procedimiento Tributario para no entrar a discutir el proyecto de la penalización de la evasión fiscal, que es el que más urge al Ejecutivo.

Por su parte, el diputado panameñista José Antonio Domínguez señaló que el proyecto de ley 692 es muy largo y técnico (tiene 388 artículos) y que se remitió al pleno cuando se inició su debate. Sobre las consecuencias de la demora en el proyecto de la tipificación de la ley fiscal, dijo que “puede que entremos en la lista gris en junio o julio de 2019. Esto va a representar un costo económico para el país. Mi posición es proteger los intereses del país y cumplir con los requisitos del GAFI, pero el hecho de cumplir con los requisitos no quiere decir que nos vamos a inmolar”.

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