Hospitales del MINSA

IBT reclama pagos por $23.3 millones

La empresa que construye cuatro hospitales desde 2010 no ha sustentado a la Contraloría que la paralización de las obras es responsabilidad del Estado.

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En febrero pasado, el expresidente Juan Carlos Varela inauguró el Hospital Regional Anita Moreno, ubicado en La Villa de Los Santos, con un funcionamiento parcial, los quirófanos y el cuarto de urgencias no están operativos. En febrero pasado, el expresidente Juan Carlos Varela inauguró el Hospital Regional Anita Moreno, ubicado en La Villa de Los Santos, con un funcionamiento parcial, los quirófanos y el cuarto de urgencias no están operativos. Expandir Imagen
En febrero pasado, el expresidente Juan Carlos Varela inauguró el Hospital Regional Anita Moreno, ubicado en La Villa de Los Santos, con un funcionamiento parcial, los quirófanos y el cuarto de urgencias no están operativos. Alexander Arosemena

El consorcio IBT Health Group reclama al Estado $23.3 millones para reactivar la construcción de cuatro hospitales inconclusos. Se trata de los proyectos hospitalarios ubicados en Darién (Metetí), Chiriquí (Bugaba), Colón y Los Santos.

El contratista pidió el dinero a través de adendas a los contratos pactados con el Estado, apelando a lo que se conoce como “presencia extendida”, de acuerdo a expedientes que se manejan en el Ministerio de Salud y la Contraloría General de la República.

Aunque tienen las obras paralizadas, aducen costos asociados a la maquinaria en el sitio, la seguridad o la limpieza del área. Básicamente responsabilizan al Estado por la paralización de las obras e intentan cargar los costos que se generan.

La solicitud por presencia extendida fue presentada a la Contraloría General de la República en varias ocasiones desde 2017, pero la empresa no ha podido sustentar que la suspensión de los trabajos sea por culpa del Estado.

Cifras que no cuadran

Las obras en estos hospitales están paralizadas desde octubre de 2017 y las fianzas de los contratos se vencieron en 2018.

La nefasta historia entre IBT y el Estado viene desde la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014), cuando la empresa dejó a la deriva los hospitales a su cargo, alegando falta de pagos.

La entonces administración del Ministerio de Salud rescindió contratos hospitalarios, lo que generó que la empresa demandara al Estado por $185 millones, dando lugar a un proceso arbitral.

Luego, durante la administración del expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019), se logró que IBT suspendiera el proceso de arbitraje y se renegociaron los contratos.

Pero IBT arrastraba con problemas para hacerle frente a las obras. Y a pesar de que se reactivaron los trabajos, nunca se alcanzó el ritmo que se esperaba.

Entonces empezaron los reclamos por presencia extendida, intentando levantar liquidez y reanimar el trote de las obras.

En un principio IBT reclamaba $56 millones en adendas por presencia extendida.

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IBT reclama pagos por $23.3 millones

La cifra parecía abultada para la Contraloría, y a insistencia de que era demasiado dinero, la empresa ajustó su solicitud a $23.3 millones, desembolsables, siempre y cuando sustentará cómo había llegado a esa cantidad, con lo cual también quedaría demostrado si efectivamente era responsabilidad del Estado.

La adenda por presencia extendida en el hospital de Metetí es por $2 millones; por el hospital Manual Amador Guerrero, en Colón, reclaman el pago de $8.1 millones; por el hospital de Bugaba piden $4.1 millones de dólares, y por el Anita Moreno, en Los Santos, el reclamo es de $9.1 millones.

En total, son $23.3 millones en adendas por presencia extendida sin refrendar.

Pero “ni la empresa, ni el Ministerio de Salud le han probado a la Contraloría de que las obras estuvieron paradas por culpa del Estado”, manifestó una fuente ligada al tema.

Se conoció que, a juicio de la Contraloría, la empresa está exigiendo pagos por obras en las que en promedio permanecían 2 trabajadores, incluido el guardia de seguridad, lo que no justifica el monto que reclaman.

Temístocles Díaz, ministro consejero de Salud durante la administración de Varela, reconoció que las obras están paralizadas desde octubre de 2017, porque “no se logró un consenso entre el departamentos de Infraestructura del Ministerio de Salud y la Contraloría de la República”.

Sin embargo, la Contraloría alega que el Ministerio de Salud es el responsable de las fianzas vencidas desde mediados de mayo de 2018.

Según Díaz, “el Estado está desaprovechando la oportunidad de terminar estos hospitales a un excelente precio por metro cuadrado. Estamos empantanados en algo que se pude resolver”.

El Minsa y la Contraloría nunca lograron ponerse de acuerdo en la fórmula para calcular la presencia extendida, algo que es contractual al igual que la cláusula de ajuste de costo de los materiales, indicó Díaz.

“De la forma en la que están redactados los contratos originales, estos son muy ventajosos para IBT y lo mejor es negociar”, dijo Díaz.

Rosario Turner, ministra de Salud, manifestó que el tema de IBT se está analizando y no descartó sentarse a negociar con la empresa.

“Nosotros tenemos en algún momento que escuchar a la empresa como corresponde en este tipo de situaciones, para conocer a qué están dispuestos ellos”.

“Con nuestro equipo legal y económico estamos viendo todas estas situaciones. Al final la decisión que se tome tiene que ser para el bien del ministerio”, dijo Turner.

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