Nueva Ley de Contrataciones Públicas

Adendas en contratos públicos serán controladas

Se limitan las modificaciones de los contratos a un 25% de su valor original. Cualquier aumento adicional deberá pasar por el CENA. Además, desaparece el concepto de propuesta riesgosa.

Temas:

Las dos últimas administraciones recurrieron a la licitación separada por mejor valor para sus grandes licitaciones, como las dos líneas del Metro. Las dos últimas administraciones recurrieron a la licitación separada por mejor valor para sus grandes licitaciones, como las dos líneas del Metro. Expandir Imagen
Las dos últimas administraciones recurrieron a la licitación separada por mejor valor para sus grandes licitaciones, como las dos líneas del Metro. Archivo

La aprobación de adendas en los contratos públicos tendrá nuevos requisitos, según el proyecto de ley que reforma la Ley de Contrataciones Públicas.

La institución contratante solo podrá elevar el precio del contrato a través de adendas en un 25%, y si se requiere algún aumento adicional deberá ser sustentado y aprobado por el Consejo Económico Nacional (CENA).

Esta es una de las modificaciones que incorpora la iniciativa legal, que fue aprobada por el Consejo de Gabinete y presentada ante el pleno de la Asamblea Nacional.

Gaspar Tarté, asesor del presidente Laurentino Cortizo, dijo que para elaborar el proyecto tomaron como base la Ley de Contrataciones Públicas original, aprobada en 2006, y la reforma se estructuró sobre los ejes de transparencia, agilidad y promoción de empresas y productos nacionales.

Del abanico de modelos de acto público desaparecerá la licitación por mejor valor con evaluación separada, que fue utilizada por los dos últimos gobiernos para sus grandes obras de infraestructuras y que fue cuestionada, entre otros aspectos, porque se mantenía oculto el precio de referencia, un elemento clave para el éxito o fracaso de las empresas en una licitación.

Bajo este esquema si un proponente presentaba una oferta que fuera 20% superior o inferior al precio oficial, quedaba descalificado. Así, por ejemplo, en la licitación del cuarto puente sobre el Canal de Panamá, el consorcio compuesto por la firma italiana Astaldi y la Coreana Daelim quedó descalificado a pesar de ofrecer un precio más bajo y presentar una mejor propuesta técnica que el Consorcio chino Panamá Cuarto Puente, que finalmente se adjudicó el proyecto.

Tarté dijo que en el marco legal propuesto no tendrá tanta relevancia qué tan lejos está el precio ofrecido del oficial, pudiendo hacer una propuesta más competitiva.

Comentó que en el pasado se detectaron licitaciones en las que el precio propuesto por todos los contendientes era similar al límite inferior que se permitía, cuando en realidad se podrían hacer ofertas más bajas, generando ahorros para el Gobierno.

Consultado sobre la posibilidad de que las compañías bajen los precios sacrificando la calidad de sus propuestas, Tarté dijo que la calidad de los proyectos se debe asegurar haciendo pliegos de condiciones “claros y específicos”, de manera que una propuesta económica inferior no debería significar que el bien o servicio sea de menor calidad.

Además, para evitar que durante la vigencia del contrato se modifique el precio ilimitadamente, se introducen los controles para la aprobación de adendas.

Una de las brechas en el sistema actual está en la confección de las comisiones evaluadoras, que son las que terminan determinando el ganador de un contrato a través de la puntuación que asignan a sus propuestas.

Actualmente, las comisiones son seleccionadas por las entidades contratantes, y en muchas ocasiones son integradas por funcionarios de la misma institución.

La propuesta de la nueva administración gubernamental es crear una base de datos de profesionales de diferentes áreas que estará en la Dirección General de Contrataciones Públicas.

La entidad contratante hará una solicitud de los perfiles que requiere en la comisión evaluadora, y esta será confeccionada de manera aleatoria por el propio sistema y sin el control de la entidad, que solamente podrá proponer un miembro en el comité.

Beneficio a pymes y producción nacional

Otro grupo de modificaciones a la ley tiene como objetivo favorecer a las pequeñas y medianas empresas (pymes), a las constructoras nacionales y a la producción local.

En las compras menores, aquellas inferiores a $50,000, las pymes tendrán cierta ventaja. En el caso en que compita una pequeña empresa con una grande, la grande solo se llevaría el contrato si su propuesta económica es un 25% inferior a la efectuada por la pyme, entendiendo que ambas cumplen los requisitos exigidos.

En el caso de las obras públicas, las entidades contratantes podrán determinar que las licitaciones inferiores a $7 millones sean exclusivas para compañías nacionales. De igual manera, en actos públicos de compra de alimentos, se podrá incluir en el pliego de condiciones el requisito de que los productos sean nacionales, aunque podrían ser provistos por empresas de origen extranjero.

Consultado sobre el efecto adverso que podría tener esta medida para la atracción de inversión extranjera al país, dijo que solamente se aplicará a obras, y el Estado tiene otros muchos proyectos que no son obras, que hay muchas obras por encima de $7 millones y que otros países de la región tienen disposiciones similares para promover la contratación local.

Comentarios

Cerrar

La función de comentar está disponible solo para usuarios suscriptores. Lo invitamos a suscribirse y obtener todos los beneficios del Club La Prensa o, si ya es suscriptor, a ingresar.

Suscríbase gratis por 30 días Prueba
Adquiera un plan de suscripción Suscríbase
Cerrar

Por favor introduzca el apodo o nickname que desea que aparezca en sus comentarios:

Comentar 0 comentarios

Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Corporación La Prensa, S.A.

¿Aún no eres suscriptor de La Prensa?

Elija plan de suscripción

Aquí usted podrá elegir uno de nuestros planes de suscripción y disfrutar de los beneficios que le ofrecemos.

Elegir plan