La nueva quinta frontera

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Vagón con el grafiti. Vagón con el grafiti. Expandir Imagen
Vagón con el grafiti. Tomada de Twitter

Cuando era adolescente, se enseñaba en el colegio que Panamá tenía una "quinta frontera" llamada Zona del Canal de Panamá.  

Se le entendía así porque desde Manuel Amador Guerrero hasta Mireya Moscoso, los presidentes panameños sabían que su mandato y su poder no aplicaban sobre la Zona del Canal.  

Con la reversión el 31 de diciembre de 1999, se terminó esa quinta frontera y Panamá fue por primera vez en su historia soberana sobre todo su territorio.  

Los gobiernos más recientes actúan como si el territorio panameño fuera únicamente de San Felipe hasta el Aeropuerto Internacional de Tocumen, y un puñado de enclaves en el resto del país.  

En esos afortunados suelos el gobierno manda y despliega su autoridad. Es capaz de hacer cosas como recoger la basura, poner una vacuna, multar a un automóvil mal estacionado o incluso esporádicamente dictar una clase ante un grupo de distraídos estudiantes.  

En la gran mayoría del territorio panameño, solo hay presencia intermitente de algún componente de la fuerza de seguridad pública, pero hay ausencia del resto de la burocracia estatal que hace posible el alto desarrollo humano de una parte privilegiada de la población.  

El gobierno electo democráticamente en mayo de 2014 no manda en alguna de las cárceles del país, no es capaz de controlar organizaciones paraestatales como las que operan los buses piratas, además es incapaz de enfrentar el tráfico y explotación sexual en calles y prostíbulos incluso aquellos cercanos a la presidencia de la República, y en buena parte de las zonas urbanas, el gobierno panameño le ha cedido soberanía a la delincuencia organizada, desde los "bien cuidao" que acosan a ciudadanos y extranjeros por igual, los vendedores ambulantes en semáforos, parques y puentes peatonales hasta las áreas públicas y privilegiadas que están sometidas al control de bandas y pandillas, el gobierno nacional y los gobiernos locales cedieron el dominio del territorio.  

Años atrás, una empresa multinacional interesada en cumplir con su responsabilidad social coordinó con las autoridades locales una reforestación y el arreglo de un parque infantil en un barrio que usualmente no se considera parte de una zona roja.  

Inauguraron sus obras un fin de semana con una feria familiar, pero a la mañana siguiente los plantones amanecieron cortados o arrancados a la fuerza de la tierra, y los juegos infantiles habían sido vandalizados con leyendas que claramente identificaban a una banda.  

El viernes 22 de febrero durante la final del Mundial del Barrio, a las 4:30 p.m., dos gatilleros acabaron con la vida de un jugador, un niño de 12 años, en medio de la cancha del fútbol del Instituto Nacional.  

Más allá de la situación específica del hecho, la banda mandó su mensaje.  

Por años el Mundial del Barrio le había arrancado niños al narcotráfico y a la delincuencia organizada, era una de las pocas iniciativas que combatía cara a cara a las bandas, quitándole territorio a estos grupos delincuenciales.  

Esa tarde del viernes 22 de febrero, las bandas recuperaron su territorio, quizás temporalmente, pero demostraron que ellos entienden que están en guerra contra el Estado panameño.  

Como si fuera una proeza más, un vagón del Metro de Panamá fue vandalizado y marcado con los signos del poder del barrio.  

El Metro de Panamá es la mayor iniciativa de política pública de Panamá durante el siglo 21. Cuando se complete la línea 3 del Metro, se habrán invertido más fondos en el Metro que en la ampliación del Canal de Panamá.  

Por más de un siglo, el canal de Panamá ha utilizado "mulas" ferroviarias para halar los barcos que cruzan el Canal, nunca una de estas mulas ha sido vandalizada.  

En cambio el Metro de Panamá, con solo 5 años de operación ya se enfrenta a este conflicto: Las pandillas ven al Metro como una acción de poder del Estado sobre su territorio, y van a tratar de confrontar ese poder.  

La mojigatería y el clientelismo han convertido al Estado panameño en un espanta pájaros. La Lotería Nacional de Beneficencia ha sido secuestrada por los diputados y los operadores políticos, mientras los revendedores hacen estragos con el precio oficial de chance y billetes, las casas grandes siguen prosperando a la sombra y la complacencia oficial.  

¿Cuántos cientos de millones de dólares son robados al fisco por el manejo político y corrupto de la Lotería? Cualquier visita a un cuartel de policía se encuentra con taxis estacionados, esperando que algún oficial de la fuerza pública termine su turno y se convierta en palanca de un vehículo amarillo.  

Afuera en las calles decenas de miles de taxis son un negocio irregular en el cual rige la ley de la selva, en otras palabras sobrevive el más fuerte.  

Si uno quiere saber porque una parte del Estado panameño está reducido a harapos, solo basta visitar el estacionamiento de plaza Edison. Allí, los funcionarios públicos deben llegar en la madrugada para conseguir un estacionamiento, ya que los sucesivos gobiernos han nombrado tanto personal en los cuatro ministerios allí establecidos, que no hay estacionamientos suficiente para todo el personal.  

Ni hablar de las computadoras o escritorios que son disputadas por distintas generaciones de funcionarios públicos. Si uno repite la visita a distintos despachos públicos encontrará a los famosos tramitadores que ofrecen sus servicios de arreglar a la bruta y de forma corrupta cualquier complejo trámite estatal.  

De paso, no sé si alguien se ha percatado el mal hábito gubernamental de alquilar oficinas públicas. En ocasiones, uno se topa con instituciones de alto tráfico de usuarios terriblemente mal ubicadas en edificios particulares tal como el caso de la Anati, la DGI, los juzgados civiles, y en muchas zonas del interior, las oficinas públicas crecen como esporas alquilando locales incómodos y costosísimos, esto a pesar de que el Estado cuenta con terrenos apropiados para construir las sedes de las distintas instituciones gubernamentales.  

La crisis de la tosferina y las garrapatas en la comarca Ngäbe Buglé ha demostrado que los servicios de salud están rebasados. El Ministerio de Salud ha pedido ayuda internacional para que un antropólogo especializado en epidemiología y tratamientos médicos en zonas indígenas venga a Panamá y ayude al Minsa para vacunar y proveer de servicios de salud a la población más vulnerable del país.  

Después de más de un siglo de existir, el Minsa se dio cuenta que no sabía cómo dar sus servicios a la población indígena. El resto del Estado parece no saber que hace mucho rato que los servicios públicos y los derechos ciudadanos faltan o están ausentes en gran parte del país.  

Panamá pierde soberanía cada vez que un funcionario omite sus funcione, o ignora los reclamos y peticiones de sus ciudadanos.

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