La mexicanización

El pasado 9 de agosto un tribunal de juicio oral declaró a Martinelli no culpable. El pasado 9 de agosto un tribunal de juicio oral declaró a Martinelli no culpable. Expandir Imagen
El pasado 9 de agosto un tribunal de juicio oral declaró a Martinelli no culpable. Archivo

La sensación que tuve este viernes 9 de agosto en la noche no la recordaba desde la noche del 3 de octubre de 1989. Aquella triste noche en que fracasó el golpe de Moisés Giroldi y todas las cartas quedaron tiradas para una invasión estadounidense, con todas las consecuencias que esto ha tenido en esta cultura política. Los panameños tenemos un pensamiento mágico acerca del Estado. Sentimos que los dineros robados, las instituciones fracturadas o las políticas públicas interrumpidas son un problema para otros. Nos resistimos a entender que esas situaciones explican nuestra vida cotidiana. A pesar de la evidencia de que un segmento corrupto de nuestra clase política capturó al Estado y nos tiene como rehenes, seguimos esperando una solución mágica fabricada por otros para salvarnos.

El caso de los pinchazos fue en realidad dos casos paralelos. Uno que comprendía todas las estrategias litigiosas capaces de ser financiadas por un poderoso magnate, que chocaban con una debilísima judicatura plagada de problemas y carente de casi todo, sobre todo de gallardía y valores. Esta estrategia estuvo acompañada de otra, quizás tan o más costosa que el esfuerzo de defensa legal, esta fue la estrategia de propaganda del caso. En mi opinión, esa fue la ganadora.

Desde 2014, a pesar de todos los pesares, este y todos los demás casos fueron hábilmente promocionados como “persecución política” o “una venganza de Varela”. Aquí, el pensamiento mágico de los panameños ha sido incapaz de conectar el palacete de Guardia Jaén, los 400 millones de las juntas comunales, el ejército de detenidos preventivos y el otro ejército de afortunados evadidos de la justicia. Nada de esto se tomó en cuenta ni el extenuante trabajo de investigadores, auditores, fiscales e inclusive de colaboradores y denunciantes. Todo porque el mote de “selectividad” se le pegó a todas las investigaciones.

El triángulo norte de América Central está conformado por tres Estados fallidos, que producen más migrantes que empleos y tienen más asesinatos anualmente que médicos.

Como integrantes de este subgénero propagandístico aparecieron las procuradurías paralelas, los sospechosos fallos de la Corte Suprema que cambiaban jurisprudencia solo para casos de alto perfil y la enredadera de recursos y tácticas callejeras que empantanaron muchos de los casos. Además, están las grandes moras que aletargaron muchas investigaciones: faltaron auditorías de la Contraloría, faltaron denuncias y querellas por parte de las instituciones afectadas y faltó colaboración de bancos, firmas de abogados, auditores privados y muchos otros que se guardaron convenientemente la información sobre los grandes casos de corrupción.

En algún momento, entre las décadas de 1960 y 1980, la gran corrupción política mexicana se unió a la delincuencia organizada. Una era igual a la otra y difícilmente se podían distinguir. El alcalde que coimeaba para dar contratos públicos, también coimeaba para proteger a las pandillas. El gobernador que hacía campaña con los fondos de cuatreros y contrabandistas, también usaba a los guarulas y gatilleros de las bandas para espantar a sus contrincantes. El político que mandaba a matar a un juez o a un periodista por sus incómodas investigaciones sobre algún peculado, también ordenaba asesinatos para defender una transacción del narcotráfico. Así hasta que un buen día ejecutaron a 43 estudiantes normalistas simplemente porque vieron lo que no debían ver, estorbaron a quien no debían estorbar e incomodaron a quien no podían incomodar.

El triángulo norte de América Central está conformado por tres Estados fallidos, que producen más migrantes que empleos y tienen más asesinatos anualmente que médicos. Esto fue el derrame de la lucha de los carteles mexicanos y de la pelea de las maras centroamericanas. En buena parte de México no manda el Estado, se ha normalizado que los políticos roben y que la gente vote por ellos, porque robaron “solo un poquito”. Muchos mexicanos tienen que hacer un esfuerzo titánico para pagar los impuestos regulares, luego las coimas que piden sus funcionarios, y finalmente los pagos a los carteles por el derecho de paso o por la posibilidad de vivir otro día más.

En Panamá existen fenómenos demasiado obvios o descarados de delincuencia organizada o de blanqueo de capitales, que es una puñalada al corazón del sentido de legalidad. Son los miles de taxis amarillos que proliferan por doquier, el robo menor que por goteo tiene arruinada a la clase media y a la clase trabajadora, la proliferación de tiendas a las que nadie va y la creciente mortandad de jóvenes que caen por “viejas rencillas” o “ajustes de cuentas”.

Los expertos afirman que en Panamá hay dos grandes bandas: Calor Calor y Bagdag. Ellas se supone que controlan las cárceles, los puertos, los prostíbulos, los secuestros y muchas otras actividades más que pasan de día y de noche en todo el país. Ellas ya tienen sus diputados, alcaldes y representantes. Quizás en la campaña pasada usted se los encontró dándole protección a algún candidato o garantizando que el terreno estuviera tranquilo.

Cortizo dijo correctamente que no lo habían elegido juez o fiscal, y que las entidades de justicia deberían hacer su trabajo.

Quedan muchos cabos sueltos en la lucha contra la gran corrupción en Panamá. La decisión de los pinchazos tiene dos instancias más. Hay una carrera contra el tiempo para cambiar al magistrado Jerónimo Mejía de la Sala Penal, dejando solos a Harry Díaz y a José Ayú Prado. Como los tres están impedidos de conocer el caso, tendrían que trabajar sus suplentes. El resultado sigue siendo dos a uno. Por eso hay que sacar a Mejía, porque apartarlo a él significa que se va su suplente también. Nuevo magistrado viene con nuevo suplente. Resultado: cambian las matemáticas judiciales.

Esto es sistémico, los titiriteros repitieron hasta la saciedad “acusación sin imputación”. Los juglares lo repetían por doquier. Abogados, periodistas, políticos y hasta gente seria lo sigue repitiendo como un credo para el siglo XXI. Nadie se inmuta en leer el artículo No. 492 del Código Procesal Penal que dice:

"Artículo 492. Calificación de la investigación. Concluida la investigación, el Magistrado Fiscal emitirá por escrito su opinión jurídica en la que expresará su solicitud de elevación de la causa a juicio o de sobreseimiento.

La calificación de la investigación corresponderá al Magistrado que ejerza las funciones de Juez de Garantías. La audiencia de formulación de la acusación debe realizarse dentro del plazo previsto en el artículo 344 de este Código.

Admitida la petición de elevación a juicio se remitirá lo actuado ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia, para que en esta instancia se resuelva lo que en derecho corresponda.

También corresponde al magistrado que ejerza las funciones de Juez de Garantías dictar sobreseimiento, contra el cual procede el recurso de reconsideración ante el pleno”.

De allí sale la acusación sin imputación. La Corte Suprema mantiene el relajo de dos sistemas de procesamiento para los diputados, uno con imputación implícita, según el 492; y otro con una audiencia de imputación. El artículo 492 no es el texto original del Código Procesal Penal, es una modificación contenida en la Ley 55 de 2012, que fue propuesta por el diputado Hernán Delgado y convertida en ley, por la firma de Ricardo Martinelli. Sin embargo, la verdad no es parte de la propaganda.

Hoy, Panamá se acerca más a parecerse a otros países centroamericanos. El presidente Laurentino Cortizo dijo correctamente que no lo habían elegido juez o fiscal, y que las entidades de justicia deberían hacer su trabajo. El problema es que su gobierno no le deja hacer su trabajo a la justicia: el Ministerio de Seguridad le quitó al Ministerio Público los agentes investigadores de los casos Odebrecht, Pandeportes y planillas. También, este ministerio a través de la Policía Nacional quiso traer al testigo protegido del caso de los pinchazos. Me imagino que iban a publicar su foto y que lo asignarían a patrullar el hueco de Pan de Azúcar, las barracas de Santa Ana o los caserones en Colón. A su vez, el Ministerio de Economía y Finanzas, como parte de la austeridad, le redujo nueve millones al presupuesto del Ministerio Público. El presidente Cortizo quiere que “hagan su trabajo”, lo que queda claro es que al menos hasta el momento su partido y su gobierno están haciendo otro trabajo.

Los panameños de hoy bien o pueden ser los venezolanos de mañana. Solo el rescate de la justicia y la actuación decidida contra los casos de corrupción de alto perfil pueden cambiar esta historia.

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