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Los viejos hábitos de la política criolla persisten. Como si fueran señores feudales, los diputados insisten en colocar sus nombres sobre los bienes del Estado, como si fueran un obsequio que ellos con su patrimonio personal le han concedido al pueblo que gentilmente los eligió. El caso del Municipio de La Pintada, y seguramente de muchos otros más, solo demuestra que la mentalidad clientelista está viva, y no hay Código Penal o Ley Electoral que valga. Aunque se borren las palabras el hecho ya está consumado. La veeduría ciudadana es la única respuesta que tenemos para defendernos de semejantes abusos, ya que es natural y “aceptable”, para los políticos y algunas instituciones de Gobierno, este rejuego. No basta con la eliminación de las partidas circuitales, los contratos fantasmas y las donaciones simuladas, lo que queda claro a la luz del día es la cultura de la política, en la cual ser representante o diputado, alcalde o presidente, parece ser una patente de corso. Esos ritos perversos no son los ingredientes de una democracia constitucional en la que se respeta a los ciudadanos y se honran los bienes públicos.

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