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Ya han sido varios los que han reclamado ante las cortes locales e internacionales que se eliminen de la internet publicaciones hechas que, a su juicio, les causan afectaciones. Sin embargo, esta exigencia, que se conoce con el nombre de derecho al olvido, ha sido aplicada de forma desigual y ambigua en el derecho comparado. Es decir, no existe un criterio concreto y uniforme de las circunstancias particulares por las cuales resulta legítimo eliminar estas referencias, sin que se vea afectado el derecho que tiene la población a mantenerse informada y a expresarse. Imperdonable sería olvidar que este último es precisamente la piedra angular que garantiza los procesos democráticos. Eliminar información pública de interés de la internet equivale a quemar la memoria histórica de la humanidad, ya que, sin tener acceso a esta información, conocer los antecedentes, por ejemplo, de los candidatos a presidente, diputados o alcaldes solo estaría al alcance de unos cuantos. El derecho del ser humano a la información es fundamental y, por lo tanto, su acceso no puede ser restringido por la voluntad individual.

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