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El ministro de Economía y Finanzas anunció que el Gobierno de Panamá está evaluando penalizar la evasión fiscal. Como nación, hemos adoptado distintas formas de intercambio de información financiera, el monitoreo y control de transacciones sospechosas, la gestión responsable de las acciones al portador, y se han cerrado lagunas legales que permitían que diversos actores usaran a Panamá como plataforma para sus actividades irregulares. Ahora, el país enfrenta un punto de inflexión en su modelo económico. Panamá no es un paraíso fiscal, sino una jurisdicción que compite en el mundo con una posición geográfica atractiva, una economía dolarizada y un régimen tributario favorable para los capitales de todas partes del orbe. Definir la evasión fiscal, de propios y extraños, como un delito, requiere de un proceso de amplias consultas y de un análisis del impacto que esto puede causar sobre nuestra economía. Cuestiones tales como determinar el alcance de la evasión fiscal y diferenciarla de las legítimas estrategias de reducción de la carga impositiva son desafíos de primer orden. ¿Qué pasará con los fondos de aquellas personas que huyen de dictaduras? No hay respuestas fáciles. El Gobierno debe actuar sin apuro y con cautela.

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