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En España, una investigación judicial denominada caso “Lezo” descubrió que un consorcio de empresas españolas pagó una coima de, al menos, 250 mil dólares para obtener la licitación del sistema de alcantarillado sanitario del distrito de La Pintada, en la provincia de Coclé. En el mundo de los contratos del gobierno del expresidente Ricardo Martinelli, este pago es ínfimo: se calculó que el proyecto debía costar 3.7 millones de dólares. Sin embargo, fue adjudicado al postor con el mayor precio, casi medio millón por encima del estimado. Así, de la forma más descarada se concretaba la transacción. Esto sucedió en el año 2012 y, de no ser por las pesquisas de los investigadores españoles, no sabríamos nada al respecto. El consorcio dejó el alcantarillado sin terminar en La Pintada, como tantas otras víctimas de los atracos al erario, y ahora el pueblo deberá esperar a que un nuevo contratista termine la obra, de existir el presupuesto suficiente para tal fin. Este es otro robo más del montón. La impunidad parece que nos ha ganado la partida, al menos, esa es la percepción. Las actuales autoridades nos deben desvelar toda la verdad. ¿Acaso le importa a la clase política acabar con esta corrupción?

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