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Los efectos reveladores que en otros países –como Brasil– ha tenido la figura de la delación premiada, hicieron surgir en Panamá la iniciativa de dar beneficios legales a aquellos involucrados en actos delictivos que contribuyan eficazmente a la identificación, investigación y condena de los autores, y a la recuperación del producto del delito. Tras la aprobación de la Ley 4 de 2017, las confesiones de la abogada de la anterior familia presidencial le han dado un giro al caso de los “negocios” de sus miembros. Esta exempleada de confianza, que hasta hace poco era relativamente desconocida en el escenario de la corrupción criolla, decidió colaborar con la justicia y entregar un sorprendente caudal de información incriminatoria. Por algo, el viejo adagio reza “no hay peor cuña que la del mismo palo”. Y es que son los protagonistas de roles secundarios los que mejor conocen los hilos de la trama en que participaron: la estructura del organigrama criminal, su modus operandi, cabecillas y beneficiarios. Ante la posibilidad de caer como cómplices y sufrir las consecuencias de crímenes que beneficiaron a terceros, la opción más inteligente –y hasta reparadora para la sociedad– parece ser entregar a aquellos a los que una vez ayudaron a delinquir. Quizá aún haya margen para discutir sobre la moralidad de los acuerdos de pena, o si conviene potenciarlos como instrumento para prevenir nuevos delitos y recuperar el producto robado. Hasta ahora, el marcador parece indicar que las colaboraciones eficaces se anotan un punto. Veamos cuántos otros ligados a casos investigados –o que pueden serlo– deciden sumarse al equipo ganador.

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