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A tambor batiente y con la opacidad que les caracteriza, los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron unas reformas electorales que en forma alguna atienden las necesidades del país. Se hicieron el traje a la medida, y fueron indiferentes ante el arduo trabajo que por más de un año realizó la Comisión Nacional de Reformas Electorales. El proyecto contiene absurdos, tales como que para impugnar una elección de diputado hay que consignar 25 mil dólares. Esta aberración se vuelve insignificante si se toman en cuenta los exagerados topes de donaciones privadas que se permiten. Tan absurdo como lo anterior, es el mínimo término de prescripción de apenas tres años que se les fija a los delitos electorales. Después del escándalo de los sobornos multimillonarios de la empresa Odebrecht, y la ignominia de los cientos de millones de dólares de fondos públicos que fueron a parar a juntas comunales, para beneficiar las campañas electorales de los diputados del que fue el partido de gobierno, Panamá merecía más. Con estas reformas electorales, lo más sano es devolverlas a segundo debate y hacer bien la tarea de la democracia.

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