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La justicia penal sigue de tumbo en tumbo, beneficiando a toda costa a quienes más poder detentan. La más reciente escaramuza corresponde al caso del presunto peculado de la Caja de Ahorros, en el que un préstamo de ese banco fue supuestamente desviado para fines distintos a lo pactado. Uno de los imputados, que tiene una alerta roja de Interpol por haberse escapado del país, pidió, a través de su defensa técnica, para evitar la acción de la justicia, una fianza para evitar ser detenido. La jueza que conocía la causa originalmente se la negó. Fue recusada y ¡oh, sorpresa!, la nueva juzgadora concede la fianza en tiempo récord y con un criterio muy ligero fijó un monto ridículo, en comparación con los millones de dólares del lío bancario. Como si se necesitase un nuevo ejemplo, este es más que suficiente para exigir inmediatamente la implementación de la ley de Carrera Judicial y el replanteamiento existencial de la justicia penal panameña como un servicio público. No es posible que el país siga aceptando esto que es intolerable, vivir sin jueces justos y con la única certeza de que todo conspira a favor de la impunidad.

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