ANÁLISIS

A los tres años de gobierno del presidente Varela

Si Juan Carlos Varela hubiese sido presidente después de Mireya Moscoso o Martín Torrijos, su gobierno estaría mucho mejor considerado que lo que actualmente se percibe en la opinión pública. Después de todo Varela inauguró el Canal ampliado, estableció relaciones con China Popular, ha avanzado significativamente la solución al problema de vivienda en Panamá, ha sacado al país de las peligrosas listas de exclusión del sistema financiero internacional, y ha podido llevar la nave del Estado sin grandes trastornos sociales ni movimientos en la calle. Además, el papa vendrá a Panamá por sus gestiones para presidir la Jornada Mundial de la Juventud.

En cambio, Juan Carlos Varela es el sucesor de Ricardo Martinelli. Todos sus logros se ven minúsculos, y se sienten poco significativos frente a una administración presidencial “neronesca” e hiperbólica, que lo exageró todo y que llevó al país a extremos de gasto público, de amenazas a las libertades ciudadanas, y sobre todo de debilitamiento institucional y corrupción.

Esos eran los grandes hitos que Varela y su administración debieron superar. Se subestimó el desafío de combatir la corrupción, y se sobrevaloró la capacidad de gestión de una clase política que venía desgastada por el casamiento con escopeta que había hecho Martinelli de la clase política panameña.

En estos tres años de gobierno, Varela ha aumentado la cobertura de los subsidios, estableció un fallido control de precios y ha lanzado un masivo programa de construcción de obras públicas, todo lo cual debía servir para empujar la economía, pero ha funcionado en muy poca medida, porque ha faltado el impulso necesario al sector productivo en particular, y a la empresa privada en general. Los jóvenes están sufriendo esto en carne propia, porque es más difícil encontrar empleos estables en una economía con estos desequilibrios.

El vacío más grande de la administración Varela es el tema de la justicia. No hay carrera judicial, se cuestionó duramente la elección de José Ayú Prado como presidente de la Corte Suprema de Justicia, gracias a los votos de los magistrados designados por Varela, y el esfuerzo que el Ministerio Público realiza en los casos de alto perfil, se percibe a media marcha y frenado por las sospechas de alianzas de intereses inconfesables, o por la carencia de los recursos humanos y financieros que padece la Procuraduría General de la Nación.

No ayuda en nada al tema de la transparencia, la mora en dotarle al país de una ley de contrataciones que derrote a la opacidad y al tráfico de influencias. La presidencia de Varela siempre estará marcada históricamente por los contratos otorgados a Odebrecht. Ese apellido persigue a toda América Latina, y se ha transformado en una vitrina donde se exhibe lo peor de la clase política y empresarial latinoamericana.

A pesar de todo, Juan Carlos Varela ha podido capear las grandes crisis que ha enfrentado su gobierno. La lista Clinton, los papeles de la firma Mossack & Fonseca, y los distintos amagos vinculados a las delaciones premiadas de Odebrecht. Su gobierno ha tomado distancia de los escándalos de la Corte Suprema, y de la Asamblea Nacional. Su huella es invisible en la cuestión de las donaciones y contratos millonarios con los que jugaron los diputados durante su administración.

Los pendientes de Varela para los próximos dos años son muy sencillos. El cumplimiento de sus promesas de campaña en materia de institucionalidad y de lucha contra la corrupción.

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