INFRAESTRUCTURA

Transparencia y corrupción

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La acumulación de escándalos de corrupción en proyectos de construcción ha despertado el interés de la sociedad civil, para evitar que se utilicen fondos públicos en proyectos cuyo alcance no responden a las necesidades de los ciudadanos, que desde su fase de preparación están amañados; que durante su ejecución se desvirtúan y se alejan de su concepto inicial para beneficio de terceros; que al momento de su entrega su costo original se ha modificado a través de adendas injustificadas; cuya funcionalidad y calidad no guardan relación con el alto precio pagado a los contratistas, cuando no son un peligro para la vida de los ciudadanos.

Se teoriza mucho sobre la corrupción, esa situación donde una o varias personas evalúan y reconocen por adelantado que los beneficios de viciar un contrato son mayores al castigo, si son detectados. Es una situación muy peculiar porque los primeros vienen en efectivo o en especie, y lo segundo es tan solo una posibilidad. Esta relación se empeora aún más si la certeza, la rapidez y la severidad del castigo son inexistentes o de una liviandad “soportable”. De allí que la integridad y la ética, individual y colectiva, son la base civilizada para combatir la corrupción, donde la honestidad y la confianza deben ser la razón de cualquier esfuerzo por la transparencia y la rendición de cuentas, tanto en lo público como en lo privado.

Hay quienes proponen analizar y solucionar la corrupción en las obras públicas bajo dos enfoques paralelos: desde la sociología y desde lo técnico. El primero íntimamente relacionado con nuestra cultura, la debilidad institucional, la pobre escala de valores y la baja autoestima y capacidad de los funcionarios, lo que se refleja en el ejercicio del poder político para beneficiar lo privado a costa de lo público. En lo técnico, el problema se resume a la habilidad y responsabilidad de los contratistas para cumplir con los proyectos con eficiencia y calidad, apegándose a las mejores prácticas de la industria y a la ética profesional.

Se presume como una regla general que a mayor transparencia, menor corrupción, y en la misma línea que a mayor información, mayor transparencia. Recientemente, la Iniciativa de Transparencia en Infraestructura (CoST) ha publicado un excelente informe que define un listado de indicadores de información para que la construcción de proyectos públicos de infraestructura puedan ser supervisados y evaluados por las distintas instancias interesadas en la transparencia: gobierno, sector privado y sociedad civil.

Debemos reconocer que la industria de la construcción es susceptible a actos de corrupción por razón de la alta inversión de capital que requieren los proyectos y la incertidumbre y los riesgos inherentes a los plazos, y los diferentes procesos constructivos y de financiamiento, condiciones que permiten generar beneficios escondidos sin mayor necesidad de justificar o detallar las cifras. Sin embargo, para una verdadera transparencia, nuestra atención debe abarcar todas las fases presentes en cualquier proyecto.

Primero la fase conceptual, donde se identifican y participan todas las partes con interés o afectados por el proyecto, para definir su necesidad, determinar la viabilidad económica, social y ambiental y aprobar el mismo. Una segunda etapa define los criterios de diseño y requisitos de operación (función) que profundizan el alcance del proyecto y permite elaborar un posible cronograma, un presupuesto estimado, un plan de trabajo y unos planos básicos. En una tercera fase se elaboran diseños detallados, para entonces pasar a la etapa de construcción, que incluye la finalización y entrega del proyecto. Para cada una de estas fases la información debe ser abundante, detallada y relevante.

Las obras del Estado no pueden seguir abiertas a la improvisación, a la interpretación o al control de las empresas contratistas en las fases de planificación y diseño, de precalificación y licitación, de ejecución, y posteriormente de operación y mantenimiento, a mi juicio, la causa de la mayoría de los problemas de corrupción en los proyectos públicos de infraestructura en Panamá. Por ello, propongo que se promueva la capacitación de profesionales en el sector público en la gestión de proyectos siguiendo las guías de la International Project Management Association (IPMA), el Project Management Institute (PMI) o la Association of Project Management (APM), las dos primeras con capítulos en nuestro país. Hacer obligatorio en la gestión de obras del Estado la adhesión a metodologías que garanticen mejor información y mayores resultados dentro de un marco de profesionalismo, integridad y responsabilidad, facilitarán a todos el seguimiento y la fiscalización de los proyectos públicos de infraestructura.

El autor es ingeniero

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