PROYECTO DE LEY 230

Modernizar el recurso humano del Estado

El Estado es, entre los entes empleadores, el que más trabajadores posee. Las contrataciones son por miles. Si sumáramos el personal que hay en cada institución pública daría como resultado una cuantiosa planilla de colaboradores, que crece en cada nuevo gobierno. Según datos actuales, el sector público supera los 150 mil servidores, vinculados a diversas actividades para garantizar el funcionamiento del Estado. Parte del personal, en algunas entidades, se rige mediante sus respectivas carreras administrativas.

En el caso de la Universidad de Panamá, por ejemplo, la carrera administrativa es beneficiosa, porque contribuye al buen desempeño laboral. El recurso humano adquiere derechos que son favorables para la institución, al establecerse mecanismos de actualización, evaluación de rendimiento, regímenes de estabilidad y ascenso, entre otros. Esta experiencia y el conocimiento de los estudiosos de temas de liderazgo y recursos humanos, hacen ver favorable el recién aprobado proyecto 230, que adopta medidas para la “modernización del recurso humano del Estado”. La regulación de este recurso viene desde 1955, con el Decreto Ley 11. Años después, en la administración de Guillermo Endara, se aprobó la Ley 9 de 1994 que estableció un sistema de administración basado en méritos, además de definir un procedimiento para el ingreso y mantenimiento del servidor público. Hasta la fecha, la Ley 9 ha sido modificada cinco veces, la última viene de diciembre de 2013 con la Ley 127. Ahora asistimos a la aprobación del proyecto de ley 230 que crea una nueva estructura para fortalecer el personal estatal. ¿Qué se propone con esta ley?

Lo aprobado en la Asamblea Nacional crea un organismo colegiado, denominado Tribunal Administrativo de la Función Pública (Art. 2), que integrarían tres magistrados para atender las apelaciones contra las acciones de recursos humanos que afecten a los servidores públicos, pertenezcan, o no, a determinada carrera administrativa. Es decir, una instancia jurisdiccional específica para el sector laboral público que, en esta materia, es un avance importante.

Otro avance que merece subrayarse es que el ingreso a la carrera administrativa se basará en la aplicación del sistema de evaluación del desempeño, creando una herramienta que debe mejorar el funcionamiento de la administración pública. Por lo tanto, se fortalecerá el sistema de recursos humanos del Estado, como una de las finalidades de la ley. Igualmente, dando un sentido de estabilidad al servidor, se regula el procedimiento especial de ingreso (Art. 7) en cuanto a la incorporación de los servidores públicos, en funciones, al régimen de carrera administrativa.

Son muchas las materias tratadas en ese ejercicio legislativo. Lo que se espera con esta modificación y adición a la Ley 9 es mejorar el funcionamiento del régimen de instituciones que, a través de sus colaboradores, prestan servicios a los ciudadanos que esperan trámites efectivos y eficientes; y que atienda, como corresponde, las tareas propias de las entidades que deben brindar un buen servicio público.

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