HONDURAS

Expresidente Manuel Zelaya propone plebiscito para decidir la creación de la Comisión contra la Impunidad

La comisión es una iniciativa de un movimiento denominado 'Oposición Indignada', surgido en mayo pasado para exigir el cese de la corrupción en el país y la renuncia del presidente, Juan Orlando Hernández, sus ministros y los fiscales general y adjunto del Estado.

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El expresidente de Honduras (2006-2009) y líder de la oposición, Manuel Zelaya, lleva una marcha exigiendo la renuncia de Honduras del presidente, Juan Orlando Hernández, el 5 de junio de 2015. El expresidente de Honduras (2006-2009) y líder de la oposición, Manuel Zelaya, lleva una marcha exigiendo la renuncia de Honduras del presidente, Juan Orlando Hernández, el 5 de junio de 2015. Expandir Imagen
El expresidente de Honduras (2006-2009) y líder de la oposición, Manuel Zelaya, lleva una marcha exigiendo la renuncia de Honduras del presidente, Juan Orlando Hernández, el 5 de junio de 2015. AFP/Orlando Sierra

El expresidente de Honduras y diputado, Manuel Zelaya, propuso este miércoles 15 de julio de 2015, ante el Parlamento la convocatoria a un plebiscito para que los hondureños decidan si quieren o no la creación de una Comisión Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), lo que respaldan al menos tres partidos de la oposición política.

Zelaya, quien ayer se reintegró a las sesiones del Parlamento tras nueve meses de ausencia por razones de salud, es jefe de la bancada del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), surgido tras el golpe de Estado en su contra el 28 de junio de 2009, cuando promovía reformas constitucionales que la ley le impedía.

"Consideramos que el Congreso Nacional debe de emitir y aprobar ese decreto, cuando lo determine, de acuerdo al procedimiento para que el Tribunal Supremo Electoral convoque, organice y dirija una consulta popular ciudadana", para la creación o no de la CICIH, subrayó Zelaya en su exposición de motivos.

Agregó que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe proceder a convocar, organizar y dirigir una consulta popular en el ámbito nacional por la vía del plebiscito para que el pueblo de forma directa exprese si está a favor o en contra de que el presidente del país le pida a las Naciones Unidas la instalación de la CICIH. 

En caso de que el plebiscito fuera favorable a la iniciativa presentada por el partido LIBRE, se tendría que suscribir un convenio internacional ante las Naciones Unidas que sería ratificado por el Parlamento, explicó el presidente hondureño.

La iniciativa de Zelaya deberá seguir un trámite en el legislativo, que resolverá en su momento al respecto.

La creación de la CICIH también es apoyada por los partidos Liberal, segunda fuerza política de oposición, y el Anticorrupción, pero para su cumplimiento necesitaría de dos terceras partes de los 128 diputados que integran el Parlamento, en el que el gobernante Partido Nacional tiene 48.

Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras (2014-2018). Expandir Imagen
Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras (2014-2018). AFP/Nicholas Kamm

La petición de la CICIH es una iniciativa de un movimiento denominado Oposición Indignada, surgido en mayo pasado para exigir el cese de la corrupción en el país y la renuncia del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, sus ministros y los fiscales general y adjunto del Estado.

Los "indignados" vienen promoviendo desde mayo una serie de "marchas de las antorchas", pacíficas, en las principales ciudades del país, en las que exigen la creación de la CICIH, además de rechazar un diálogo nacional, "sin condiciones", propuesto por el presidente Hernández.

El mandatario propuso el diálogo nacional el 23 de junio pasado, incluyendo un Sistema Integral Hondureño de Lucha Contra la Corrupción e Impunidad (SIHCIC), que podría estar integrado por jueces y fiscales hondureños e internacionales.

Un millonario desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), descubierto en 2014 y que salpica a funcionarios de los últimos tres gobiernos, políticos, empresarios y periodistas, entre otros sectores, dio pie al surgimiento de la Oposición Indignada en el país centroamericano. 

CUESTIONAN TRASLADO DE JUEZAS

Varias organizaciones criticaron este miércoles 15 de julio de 2015 los traslados "discrecionales" de algunos jueces en Guatemala, un hecho que a su juicio afecta la independencia judicial.

Estos movimientos se deben, según los denunciantes, a la "debilidad del sistema y la poca injerencia" que ejerce el Consejo de la Carrera Judicial, la Junta Disciplinaria y la Supervisión de Tribunales en las decisiones que toma la Corte Suprema de Justicia.

En un comunicado divulgado ayer, las organizaciones explican que dos magistradas, Erika Aifán y Zoila López, quienes a su juicio "han mantenido una trayectoria intachable", fueron trasladadas de judicatura este año. Esto, agregan, provocó que interpusieran amparos ante la Corte de Constitucionalidad asegurando que sus garantías de independencia judicial, debido proceso y el derecho de defensa "fueron vulneradas", ya que la Corte Suprema de Justicia "no plasmó" en las resoluciones los motivos que justificaran esos traslados.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el informe de independencia judicial del 31 de diciembre de 2011, manifestaba que cuando los traslados de jueces son discrecionales se consideran como represalias. Asimismo, amenazar con un traslado se toma como un "amedrentamiento" para el desempeño independiente de la labor judicial.

Las organizaciones indican que estos dos traslados, "sumados a muchos más" -incluidos los que no son hechos públicos por temor, puntualizan-, responden a una agenda que pretende encausar a los jueces honestos a estados intolerables para que renuncien o actúen apartados de esa independencia.

En los memoriales de amparo, las dos juezas mencionan a la magistrada Blanca Stalling, vinculada con varios casos de corrupción, con intereses "directos" en estas decisiones y añaden que la decisión forma parte de "una estrategia" para incrementar su enorme influencia. Por ello, los entes denunciantes solicitan que la Corte de Constitucionalidad conceda tanto el amparo provisional como el definitivo a las dos juezas, con el fin de garantizar "el respeto a la carrera judicial". 

Además, exigen que se revoquen los traslados arbitrarios y que no continúen estas prácticas que califican de ilegítimas. "Estas decisiones son el resultado del debilitamiento del sistema judicial, por lo que vemos la urgente necesidad de fortalecer la carrera judicial, que se separen las funciones administrativas y jurisdiccionales, y que se evalúe a los jueces y magistrados de forma pública y objetiva", sostiene el escrito firmado por varias organizaciones, entre ellas la Comisión Internacional de Juristas.

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