La inseguridad manufacturada

Existe una profunda preocupación por la amenaza terrorista detectada hacia objetivos en Panamá. Este riesgo a la seguridad nacional requiere de un análisis de las políticas de seguridad del país.

La detención esta semana en Estados Unidos de dos ciudadanos de dicho país, Samer el Debek y Ali Kourani , generaron alarma porque sus acciones demostraron la vulnerabilidad de nuestro país.

Ellos hicieron la prospección de posibles blancos para ataques terroristas en Panamá, entre los cuales se encontraba la Embajada de Israel, la Embajada de Estados Unidos y el Canal de Panamá. Los presuntos terroristas pertenecían a la red Yihad Islámica , afiliada con el grupo Hezbolá que tiene su base de operaciones en el Líbano y cuenta con un amplio respaldo del Gobierno de Irán.

Más allá del sensacionalismo que puede provocar la información de que Panamá puede ser objeto de ataques terroristas, la revelación demuestra la necesidad de contar con la institucionalidad de seguridad pública profesional, respetuosa del Estado de derecho, y con amplias capacidades para emprender operaciones complejas que mantengan al país seguro. Las labores de inteligencia son por definición un trabajo intenso y rutinario de compilación de información, análisis exhaustivo de los datos, y seguimiento experto para validar o descartar sospechas. En otras palabras, las tareas de inteligencia policial, financiera, judicial y de seguridad nacional no se pueden manejar de forma arbitraria o improvisada. La matriz de amenazas internas y externas al Estado de derecho, a la integridad territorial del país, a la operación del Canal de Panamá , y a las actividades de la delincuencia organizada, requieren de una especialización funcional y de estabilidad institucional para desarrollar con efectividad las tareas de inteligencia.

La historia del Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional empieza poco menos de dos meses después de la intervención militar de Estados Unidos a Panamá, el 20 de diciembre de 1989. El Decreto de Gabinete No. 38 de 1990 crea el C onsejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional . Esta entidad, adscrita al Ministerio de la Presidencia, es definida como un organismo asesor del presidente de la República en los temas de seguridad nacional.

El Decreto Ejecutivo No. 98 de 1991 establece que el Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional estará conformado por el presidente de la República, el ministro de Gobierno y Justicia, el ministro de Planificación y Política Económica, y el ministro de Relaciones Exteriores. El Consejo de Seguridad tendría un secretario, a manera de oficial de coordinación, que sería responsable únicamente ante el presidente de la República. En su artículo 2, dicho decreto hace un listado de 13 actividades que le están prohibidas al Consejo o a su personal. Entre estas están: la realización de actividades que involucren el espionaje político; la participación directa o indirecta en cualquier tipo o clase de actividad política partidista; utilizar armas durante el ejercicio de sus funciones, salvo que sea en defensa personal como cualquier ciudadano particular; efectuar arrestos o cateos; llevar a cabo allanamientos de locales comerciales, oficinas y similares; entrar al domicilio o residencia de cualquier persona sin su consentimiento; privar de la libertad, en alguna forma, a cualquier persona o detenerla; efectuar interrogatorios contra la voluntad de la persona interrogada, ni citar ni obligar la comparecencia de ninguna persona a cualquier despacho u oficina contra su voluntad .

Por 17 años esta fue la estructura legal que rigió las actividades de inteligencia para la seguridad nacional en el país. En el año 2008, por medio del Decreto Ley No. 9 se amplían las funciones del Consejo de Seguridad, y se establece el Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad. Con esta nueva ley, el Consejo de Seguridad pasa a incluir como miembros deliberativos adicionales al ministro de la Presidencia, y al director del Servicio Nacional de Inteligencia, quien actuaría como su secretario. El Decreto Ley No. 9 repite la gran mayoría de las prohibiciones que tenía el Decreto Ejecutivo No. 98, y aunque establece algunas salvaguardas para que el Sistema Nacional de Inteligencia no se descarrile, estas son débiles y sin control externo. Con la Ley No. 11 de 2010 se derogó en su totalidad el Decreto Ley No. 9 de 2008. En sustitución de esta norma, el Decreto Ejecutivo No. 263 de 2010 se constituye en el nuevo marco jurídico del Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional. Se reduce el Consejo únicamente al presidente de la República y al ministro de la Presidencia, y las personas que el presidente quiera invitar al Consejo. De esta forma, se excluye de plano al ministro de Relaciones Exteriores, al ministro de Economía y Finanzas, y al propio ministro de Seguridad Pública. Este decreto reduce las salvaguardas de las actividades que el Consejo pueda realizar, y somete la estabilidad laboral del personal del Consejo a criterios ambiguos. Es en esta época, que según se ha detallado en distintas investigaciones, y sobre todo en el caso de los pinchazos seguido al expresidente Ricardo Martinelli, que al menos 150 personas carentes de vinculación con el crimen organizado u otra actividad delictiva, sufrieron de interceptación en su comunicación. En el grupo de víctimas estaban empresarios, políticos, sindicalistas, activistas sociales y hasta periodistas. Durante el periodo 2009- 2014, el Consejo de Seguridad adquirió nuevos equipos de espionaje, pero fueron dedicados a la interceptación de la comunicación de civiles por razones políticas. Cada rastreo telefónico o intervención de las comunicaciones electrónicas consume tiempo y recursos, ya que los analistas deben compilar la información y establecer vínculos para que sus análisis tengan sentido. Esto representó que el país quedó con una seria debilidad en materia preventiva en temas de seguridad, porque los recursos fueron destinados a otros fines. Durante el gobierno de Martinelli hubo cuatro procuradores generales de la Nación. Cada designación de un nuevo procurador rompe la estabilidad institucional, provoca la rotación de personal, y disminuye la velocidad de las investigaciones complejas. Además, la Unidad de Análisis Financiero prácticamente no funcionó. Este panorama en materia de inteligencia y seguridad no es un asunto que se pueda recuperar a corto plazo. Aunque las máquinas pinchadoras siguen sin ser localizadas, Panamá continúa enfrentando riesgos internos y externos, como los de dos supuestos inversionistas estadounidenses que presuntamente tenían planes terroristas. El Consejo de Seguridad tampoco fue capaz de prevenir la desaparición de Vernon Ramos, o ayudar en su localización. Tampoco fue capaz de prevenir la entrada de las maras centroamericanas, o del Clan del Golfo de Colombia. En otras palabras el Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional incumplió su principal misión: proteger a los panameños.

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