PROCESO DE EXTRADICIÓN

Tercer asalto de Ricardo Martinelli, sin vencedores

El juez federal Edwin Torres suspendió la audiencia hasta el próximo 22 de agosto, a fin de documentarse sobre la aplicación de la Convención de Budapest.

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Martinelli seguirá detenido en el Centro de Detención Federal de Miami. Martinelli seguirá detenido en el Centro de Detención Federal de Miami. Expandir Imagen
Martinelli seguirá detenido en el Centro de Detención Federal de Miami. Mónica Palm

Ayer debe haber sido uno de los pocos días en los que a Ricardo Martinelli Berrocal se le haya visto en un edificio con un gran número 99 al frente sin estar en control de la situación.

El edificio James Lawrence King está identificado con el 99 de la calle Cuarta Noreste de Miami y alberga la Corte del Distrito Sur de la Florida. En el décimo piso está la sala del juez Edwin Torres, ante quien Martinelli compareció ayer por tercera vez desde que fue detenido el pasado 12 de junio en Coral Gables.

La de ayer era la primera audiencia para tratar solo el tema de la extradición solicitada por Panamá, que reclama la comparecencia del expresidente para que responda por la interceptación no autorizada de las comunicaciones de, al menos, 150 personas desde el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) en los dos últimos años de su mandato.

Las dos audiencias anteriores se realizaron para discutir aspectos de su detención y libertad bajo fianza, que el juez ha negado reiteradamente, a pesar de las propuestas millonarias del exgobernante.

Martinelli llegó como ya viene siendo usual en sus comparecencias: vistiendo el uniforme caqui de los prisioneros, esposado de manos y pies, escoltado por un grupo de agentes federales. Aquí los saludos y llantos están prohibidos, pero Martinelli le dedicó un guiño a sus abogados panameños –eran ocho– en la sala repleta de reporteros, algunos copartidarios, su hermana Gloria y su cuñado David Virzi. También estaba el retratista uruguayo Daniel Pontet, el único que ha podido inmortalizar a Martinelli como prisionero, porque en esta sala están prohibidos los celulares y cámaras fotográficas.

Ayer, Pontet estuvo puntual, a las 9:00 a.m., como el resto de los que asistieron. Dos notables ausencias marcaban la excepción: la del juez y del acusado. Empezó a dibujar: lo primero, el escudo que está al fondo del estrado; después, las banderas. Cuando finalmente ingresó Martinelli –a las 10:17 a.m.–, Pontet ya tenía un boceto de casi todo el estrado. Casi de inmediato, ingresó Torres. Aunque el juez no precisó la razón de la tardanza, esta podría atribuirse a la voluminosa documentación que la defensa presentó la noche del miércoles y que Torres informó haber leído ya.

En vista de esa documentación, Torres preguntó a la fiscalía si estaba lista, a lo que esta respondió que sí.

En esos documentos, los abogados de Martinelli –Marcos Daniel Jiménez, John Byrne, Jordi Martínez-Cid y Jeremy Kahn– sustentan por qué su cliente no debe ser extraditado. Y así se lo explicaron al juez en la audiencia.

Alegaron que Martinelli no puede ser procesado por peculado –dos de los cuatro delitos que se le atribuyen–, porque uno de los aparatos usados por los espías del CSN fue adquirido con fondos privados, no públicos. Además, señalaron que el exmandatario no era responsable de las operaciones que se realizaban ahí.

Al respecto, el fiscal Adam S. Fels –asistido por dos funcionarios del Departamento de Justicia– replicó que Martinelli, como presidente de la República, expidió el Decreto Ejecutivo 263 del 19 de marzo de 2010, que creó el CSN, cuyos únicos miembros son el gobernante y su ministro de la Presidencia. El secretario ejecutivo tiene la única función de mantener informado al presidente y ejecutar las estrategias que dicte el consejo.

Los fiscales tienen las declaraciones de Gustavo Pérez y Alejandro Garuz. Ambos fungieron como secretarios del CSN en el gobierno de Martinelli y señalaron que el equipo asignado a las tareas de espionaje respondía directamente a él. Pérez incluso declaró que tenía prohibido ingresar a las oficinas de Ronny Rodríguez, William Pittí e Ismael Pittí, responsables de interceptar las comunicaciones de aquellos “objetivos” escogidos por Martinelli: magistrados, políticos, periodistas, dirigentes de la sociedad civil y empresarios opuestos al entonces mandatario.

Fels también leyó una nota de 2012, en la que Gustavo Pérez, como secretario del CSN, acordaba un calendario de pagos con los responsables de la israelí MLM, proveedora de uno de los equipos de espionaje. El otro software –denominado Pegasus– fue adquirido de otra empresa israelí, llamada NSO Group. Se desconoce el paradero de los equipos, pero el Ministerio Público halló uno de los servidores informáticos en las oficinas de Súper 99, en Monte Oscuro, donde Ronny Rodríguez lo escondió poco después de las elecciones de mayo de 2014.

En cuanto a la discusión de que Pegasus constituyera propiedad pública o no, Fels remitió la atención del juez hacia la “licencia de usuario final” del sistema informático. Los derechos son otorgados allí al Gobierno de Panamá exclusivamente.

El juez preguntó al fiscal si sabía de la existencia de evidencia de que el equipo MLM hubiera sido usado para propósitos no gubernamentales. Fels respondió que no, pero que documentos presentados decían taxativamente que el precio sería pagado por el usuario final y, según la licencia de usuario final, ese era el Gobierno de Panamá.

El fiscal retornó al tema de la subordinación a Martinelli de los miembros del CSN y mencionó que las interceptaciones ilegales habían sido confirmadas incluso por algunas víctimas, entre las que citó–en su escrito hace dos días y ante el juez– a Luis Mouynes, Juan Carlos Navarro , Raúl Sandoval, Rosendo Rivera, Zulay Rodríguez , Mitchell Doens, Mauro Zúñiga, Erasmo Pinilla y Yassir Purcait, este último presente en la sala.

La defensa también alegó que a su cliente no se le puede extraditar por delitos de espionaje, dado que estos no están contemplados en el tratado suscrito entre Panamá y Estados Unidos. Tampoco en la Convención sobre Cibercriminalidad, que adoptó Panamá en 2014, “después de que los supuestos delitos tuvieron lugar”.

El fiscal replicó que no ve problema respecto al tema de la retroactividad. Según él, la Convención de Budapest no excluye la aplicación retroactiva. Indicó que entregaría a la Corte una nota del Departamento de Estado aclarando el asunto. Y así hizo horas después.

La nota resultó ser una declaración de Tom Heinemann, consejero de la oficina responsable de atender las solicitudes de extradición en el Departamento de Estado, quien explicó: “el alcance de las ofensas extraditables bajo el tratado ha sido expandido en un número de ocasiones a través de convenciones multilaterales de cumplimiento de la ley, en las que Estados Unidos y Panamá son parte”.

El juez anunció que necesitaba tiempo para documentarse sobre la convención. Revisó su agenda y comunicó a las partes que el próximo 22 de agosto se reanudaría la audiencia.

Antes, Torres preguntó a Fels si tenía intención de apelar si la extradición es negada, y este dijo que no.

La defensa aprovechó para solicitar que su cliente fuera trasladado a otro centro de detención federal, pues el actual –al lado del edificio 99– no tiene las mejores condiciones para facilitar los encuentros de Martinelli con sus abogados. Propuso uno ubicado en el área de los Everglades.

La fiscalía dijo que, aunque entiende que a ese centro suele enviarse a personas que permanecerán detenidas 50 días o más, no tenía objeción. Pero tomando en cuenta que la próxima audiencia es en menos de 20 días, el juez lo negó.

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