AUTOPISTA ARRAIJÁN-LA CHORRERA

TCT giró cheques por $3.4 millones a 8 empresas

El 20 de diciembre de 2010, TCT transfirió $2 millones a la cuenta 01-101-23079 a nombre de New Business, según la Contraloría.

Migdalia Sánchez, secretaria de la Asamblea, recibió 28 cheques por $142 mil. Esta servidora devenga un salario de $750 mensuales.

MOP inhabilita a la empresa por tres años

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La Contraloría calculó en $7.9 millones la posible lesión patrimonial al Estado en los pagos efectuados por el Ministerio de Obras Públicas a TCT por los trabajos de ampliación y rehabilitación de la autopista Arraiján-La Chorrera. La Contraloría calculó en $7.9 millones la posible lesión patrimonial al Estado en los pagos efectuados por el Ministerio de Obras Públicas a TCT por los trabajos de ampliación y rehabilitación de la autopista Arraiján-La Chorrera. Expandir Imagen
La Contraloría calculó en $7.9 millones la posible lesión patrimonial al Estado en los pagos efectuados por el Ministerio de Obras Públicas a TCT por los trabajos de ampliación y rehabilitación de la autopista Arraiján-La Chorrera. Gabriel Rodríguez

La auditoría que realizó la Contraloría General de la República a los pagos efectuados por el Ministerio de Economía y Finanzas a Transcaribe Trading, S.A. (TCT), por la ampliación y rehabilitación de la autopista Arraiján-La Chorrera, revela que esta empresa generó cheques por $3.4 millones a 8 empresas desde la misma cuenta de la que se generaron pagos a diputados.

Se trata de las empresas Excavaciones del Istmo ($194 mil), Love Aviation Inc. ($4 mil 995), Fursys Latin, Corp. ($300 mil), Gold Park Investments, Inc. ($350 mil), Importadora Ricamar ($50 mil), Pavilion Financial ($700 mil), Pueblos 1D, S.A. ($600 mil), y Rated Company, S.A. ($1.2 millones).

Varias de estas compañías están vinculadas a Gabriel Gaby Btesh, quien logró negocios con el gobierno pasado. Su abogado, José María Castillo, dijo que los cheques corresponden a pagos que hizo TCT a Gabriel Btesh por la compraventa de una propiedad.

La auditoría también asegura que el 20 de diciembre de 2010 TCT transfirió $2 millones a la cuenta 01-101-23079 a nombre de New Business en Global Bank Overseas.

Según el Ministerio Público, New Business se llama la cuenta a la que llegó dinero de compañías que aportaron fondos para la compra de Editora Panamá América, supuestamente de contratos con el Estado.

Entretanto, en la Fiscalía Anticorrupción de Descarga, que investiga los presuntos sobreprecios en el proyecto de ensanche de la autopista Arraiján-La Chorrera, informaron que a Marco Antonio Saavedra, representante legal de Técnica y Proyectos, S.A. (Typsa), encargada de supervisar la obra, no se le ha imputado ningún cargo o delito en este proceso, como se dijo.

DIPUTADOS NO EXPLICAN CHEQUES

Silencio guardó ayer la mayoría de los diputados de la Asamblea Nacional (AN) a quienes la empresa Transcaribe Trading, S.A., (TCT) –contratista del ensanche de la autopista Arraiján-La Chorrera– emitió cheques a pocos días de las elecciones de 2014.

Uno de los pocos que habló–durante el periodo de incidencias de la Asamblea– fue Jorge Dutari, diputado suplente del perredista Elías Castillo, quien explicó que el cheque de $10 mil que este recibió fue una donación.

En tanto, este medio fue a la Comisión de Presupuesto para tratar de hablar con el diputado Carlos Afú, de Cambio Democrático (CD), con el propósito de que explicara el motivo del cheque de $20 mil que TCT le giró, pero no accedió a hablar.

Telemetro reportó, sin embargo, que Afú les dijo que los diputados mencionados emitirían un pronunciamiento, pero al cierre de esta edición no se había generado.

Mientras, Rogelio Cruz, abogado de Porfirio Ellis, excandidato a diputado por CD, comunicó que su cliente le dijo que “no había recibido ningún cheque de TCT”.

Según la Contraloría, TCT le giró a Ellis un cheque de $20 mil.

Los diputados Mariela Vega ($30 mil) y Héctor Aparicio ($15 mil), también de CD, no se manifestaron en el pleno legislativo sobre el particular ni contestaron las llamadas que les hizo La Prensa.

La auditoría de la Contraloría revela, además, que TCT emitió cheques a favor de Yanibel Ábrego, actual presidenta de la Asamblea ($20 mil); y de Juan Manuel Poveda ($20 mil).

Ábrego tampoco dijo nada ayer en el periodo de incidencias. El domingo pasado, cuando este medio la contactó, aseguró que no había recibido ningún cheque de esa empresa.

Poveda tampoco se pronunció ayer, pero ya había dicho que no conocía a los dueños de TCT.

De acuerdo con la auditoría de la Contraloría, los cheques salieron de la cuenta 45-101-23368-5 de TCT en Global Bank.

Silencio guardó ayer la mayoría de los diputados de la Asamblea Nacional (AN) a quienes la empresa Transcaribe Trading, S.A., (TCT) –contratista del ensanche de la autopista Arraiján-La Chorrera– emitió cheques a pocos días de las elecciones de 2014.

Uno de los pocos que habló–durante el periodo de incidencias de la Asamblea– fue Jorge Dutari, diputado suplente del perredista Elías Castillo, quien explicó que el cheque de $10 mil que este recibió fue una donación.

En tanto, este medio fue a la Comisión de Presupuesto para tratar de hablar con el diputado Carlos Afú, de Cambio Democrático (CD), con el propósito de que explicara el motivo del cheque de $20 mil que TCT le giró, pero no accedió a hablar.

Telemetro reportó, sin embargo, que Afú les dijo que los diputados mencionados emitirían un pronunciamiento, pero al cierre de esta edición no se había generado.

Mientras, Rogelio Cruz, abogado de Porfirio Ellis, excandidato a diputado por CD, comunicó que su cliente le dijo que “no había recibido ningún cheque de TCT”.

Según la Contraloría, TCT le giró a Ellis un cheque de $20 mil.

Los diputados Mariela Vega ($30 mil) y Héctor Aparicio ($15 mil), también de CD, no se manifestaron en el pleno legislativo sobre el particular ni contestaron las llamadas que les hizo La Prensa.

La auditoría de la Contraloría revela, además, que TCT emitió cheques a favor de Yanibel Ábrego, actual presidenta de la Asamblea ($20 mil); y de Juan Manuel Poveda ($20 mil).

Ábrego tampoco dijo nada ayer en el periodo de incidencias. El domingo pasado, cuando este medio la contactó, aseguró que no había recibido ningún cheque de esa empresa.

Poveda tampoco se pronunció ayer, pero ya había dicho que no conocía a los dueños de TCT.

De acuerdo con la auditoría de la Contraloría, los cheques salieron de la cuenta 45-101-23368-5 de TCT en Global Bank.

Diputados no explican cheques Expandir Imagen
Diputados no explican cheques

 

EMPRESAS

La auditoría también dice que TCT giró cheques que suman $3.4 millones a 8 empresas: Excavaciones del Istmo ($194 mil), Love Aviation, Inc. ($4 mil 995), Fursys Latin, Corp. ($300 mil), Gold Park Investments, Inc. ($350 mil), Importadora Ricamar ($50 mil), Pavilion Financial ($700 mil), Pueblos 1D S.A. ($600 mil), y Rated Company, S.A. ($1.2 millones).

Gold Park Investments, Pavilion Financial, Rated Company y Pueblos 1D S.A. están ligadas a Gabriel Gaby Btesh, quien logró negocios con el gobierno pasado. Su abogado, José María Castillo, manifestó: “Los cheques de las sociedades en mención corresponden a pagos que hiciera TCT al señor Gabriel Btesh por la compraventa de una propiedad”.

También se llamó tres veces a las oficinas de Excavaciones del Istmo y se enviaron correos electrónicos, pero no hubo respuesta. Tampoco se obtuvo comentarios de Fursys.

Importadora Ricamar es una de las compañías de la familia del expresidente Ricardo Martinelli, mientras que Love Aviation, Inc. es mencionada en el proceso que sigue el Ministerio Público por presuntas irregularidades en el alquiler de horas vuelo a entidades del Gobierno. Este medio contactó a Carlos Carrillo, abogado de Martinelli, quien respondió que necesita ver la información sobre el cheque antes de emitir opinión.

FUNCIONARIOS

La auditoría de la Contraloría agrega que Migdalia Sánchez, secretaria en la Asamblea, recibió 28 cheques que suman $142 mil.

Este diario fue ayer a la AN en busca de Sánchez para que explicara el motivo de los cheques. En la recepción del nuevo edificio del Legislativo intentaron localizarla, pero no fue posible. De acuerdo con la planilla estatal disponible en la página web de la Contraloría, Sánchez trabaja en la Asamblea y gana $750.

TCT también generó dos cheques a favor de Edder Márquez, inspector del MOP. Uno de $3 mil y otro de $8 mil. Y giró un cheque más al también inspector del MOP Eduardo Rodríguez de $10 mil. Márquez contó a los auditores que conoce desde hace varios años a David Ochy, uno de los dueños de TCT, y explicó que en una de las inspecciones a la obra se le cayó su computadora y quedó inservible. Entonces, Ochy le dio el cheque y le dijo: “míralo como una indemnización por el accidente sufrido (...)”.

El de $8 mil, aseguró, fue un préstamo, ya que estaban por perder la casa en la que vive. En tanto, Rodríguez dijo que el cheque fue por trabajos realizados a la empresa en los corregimientos de Mañanitas y 24 de Diciembre entre enero y marzo de 2009.

Ramón Arosemena, titular del MOP, indicó ayer que los funcionarios “deben dar sus explicaciones”. “Hay que darle la oportunidad a ellos de que se defiendan y que expliquen las razones por las que recibieron ese tipo de pagos (...)”.

Mientras, la Fiscalía Anticorrupción de Descarga dijo que no ha imputado cargos a Marco Saavedra, representante legal de Técnica y Proyectos, S.A., que se encargó de supervisar la obra, como se informó inicialmente.

MOP inhabilita a la empresa por tres años

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) resolvió administrativamente el contrato de diseño y construcción de la autopista Arraiján-La Chorrera, adjudicado a Transcaribe Trading (TCT) durante el pasado gobierno.  Además, el MOP inhabilitó a la empresa por tres años, “por lo que no podrá participar en ningún acto de selección de contratista ni celebrar contratos con el Estado”, en ese período.

La empresa apeló ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas y quedó en suspenso cualquier acción hasta que este decida.
El ministro de Obras Públicas, Ramón Arosemena, ha advertido varias veces sobre irregularidades en la ejecución de la obra. Entre ellas, la deficiente construcción de la barrera que separa ambas calzadas o la inclinación de la vía, que hace que el agua se acumule en la parte central de la carretera, cuando por seguridad debería caer hacia los extremos.

Arosemena había dicho en junio que los trabajos serían retomados por otra constructora, lo que no sucedió. El ministro explicó ayer que cuando se iba a cerrar el acuerdo para ceder el control de la obra, detuvieron al empresario Daniel Ochy, representante de la compañía, y “el banco –en referencia a Global Bank, que lidera la fianza de cumplimiento– quedó en suspenso”.

El MOP decidió finalmente resolver el contrato y ejecutar la fianza. No obstante, la resolución final de este conflictivo contrato depende de la decisión del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas.

En su recurso, TCT solicita que se anulen las resoluciones del MOP y defiende que el objeto del contrato se cumplió a cabalidad desde el momento en que la obra fue objeto de dos actas de entrega sustancial, algo que sucedió en 2013, todavía durante la pasada administración.

El MOP, por su parte, argumenta que aun con la entrega sustancial de la obra, el Estado mantiene sus derechos en caso de defectos de
diseño, constructivos o pendientes para exigir su reparación.

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