PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN DE LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN

Piden derogar reforma al 'Código Procesal Penal'

A la mitad fue reducido el término en que prescriben los casos de enriquecimiento injustificado y peculado.

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Las modificaciones al código fueron introducidas por diputados de CD en el segundo debate de un proyecto de ley inherente a los procesos de extradición. LA PRENSA/Archivo. Las modificaciones al código fueron introducidas por diputados de CD en el segundo debate de un proyecto de ley inherente a los procesos de extradición. LA PRENSA/Archivo. Expandir Imagen
Las modificaciones al código fueron introducidas por diputados de CD en el segundo debate de un proyecto de ley inherente a los procesos de extradición. LA PRENSA/Archivo.

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana (capítulo panameño de Transparencia Internacional) y la Alianza Ciudadana Pro Justicia recomendaron ayer al Legislativo y Ejecutivo derogar la Ley 35 de 2013, con la cual el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli redujo a la mitad el plazo de prescripción de los delitos de peculado, enriquecimiento injustificado y delitos patrimoniales contra entidades públicas.

La reducción de los plazos de prescripción fue introducida en abril de 2013, durante el período legislativo. Pasó el proceso parlamentario de manera sigilosa y sin discusión por los diputados de la entonces bancada oficialista de Cambio Democrático (CD), quienes aprobaron introducir estos cambios al Código Procesal Penal.

La modificación al numeral 3 del artículo 116 del Código Procesal Penal fue introducido en la discusión en segundo debate del proyecto de ley 523, que estableció el procedimiento aplicable para la extradición de extranjeros solicitados por la justicia en otros países y que inicialmente no tenía nada que ver con este código.

PIDEN DEROGACIÓN

Para Carlos Gasnell, vicepresidente de la Fundación, la Ley 35 debe ser derogada, ya que la tendencia es que no prescriban este tipo de delitos.

De igual manera, recomendó que se derogue el blindaje que aprobaron los diputados en el período pasado para la caducidad de las investigaciones penales en su contra.

Gasnell precisó que habría que determinar si la propuesta de modificar el Código Procesal Penal provino realmente del Legislativo o del Ejecutivo de entonces, para determinar si se preparaban ante futuras investigaciones por la supuesta comisión de estos delitos, precisamente.

No obstante, aseguró que esta fue una medida que se aprobó con la sospecha de que CD eventualmente perdería el poder.

En tanto, Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, opinó que hay que restituir la ley que estaba vigente antes de ser aprobada esta reforma, y que se establezca, además, que todos los delitos que impliquen lesión al patrimonio de los panameños no prescriban.

“Se debe presentar una ley para modificar el Código Procesal Penal, [ya que] la tendencia moderna va dirigida a fortalecer la transparencia y la certeza del castigo, eliminando los privilegios y prerrogativas a los funcionarios públicos”, señaló.

QUÉ DICE LA LEY

El artículo 116 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley 35 de 2013, establecía que la prescripción de la acción penal para estos delitos se daba: “al vencimiento del plazo igual al doble del máximo previsto en la ley para los delitos de peculado, enriquecimiento injustificado y delitos patrimoniales contra cualquier entidad pública”.

La Ley 35 estableció que la prescripción de la acción penal se daría en un plazo igual al máximo de la pena de prisión previsto en la ley para estos delitos. Es decir, los plazos de caducidad se redujeron a la mitad.

La norma vigente en el caso del delito de peculado tiene actualmente penas máximas de 10 a 15 años (peculado agravado) cuando la cuantía de lo apropiado supera la suma de $100 mil. 

Con el cambio realizado durante el mandato de Martinelli, el plazo de vencimiento de la acción penal no sería de 20 o 30 años –como lo establecía la versión anterior–, sino de 10 o 15 años.

En el caso del delito de enriquecimiento injustificado, cuyo plazo de prescripción era de 12 años, con la enmienda este plazo se redujo a seis años.

PROPONENTES

El entonces diputado Abraham Martínez y sus colegas Sergio Gálvez y Carlos Afú, de CD, estuvieron entre los proponentes de este ajuste al Código Procesal Penal cuando se discutió el proyecto en abril de 2013.

Paradójicamente Martínez está en la lista de candidatos que aspiran a ocupar el cargo de subcontralor de la República, entidad encargada de fiscalizar el manejo de los fondos públicos.

El cambio al Código Procesal Penal se dio justo cuando se detectó que Martínez firmó cuatro contratos de promesa de compraventa –a través de la fundación privada Casa Martínez, cuyos directores son su esposa y uno de sus hijos– con el promotor del proyecto Condado Country Club, S.A., a fin de adquirir igual número de apartamentos.

Los contratos ascendían a $712 mil 250 y fueron firmados por el diputado en calidad de representante legal de la fundación. Hasta ahora, el exdiputado no ha explicado la procedencia de los dineros para adquirir estos bienes.

A Gálvez, en tanto, se le cuestionó por el elevado gasto de $117.2 millones en la planilla de contratos de ese órgano del Estado durante los dos años que estuvo al frente de ese Órgano (2012–2014).

Por su parte, a Carlos Afú el Tribunal Electoral (TE) le anuló la proclamación, tras determinar que en la elección del 4 de mayo pasado se violó la libertad y honradez del sufragio popular en 15 mesas del circuito 7–1, tras el manejo de fondos y recursos públicos en su campaña.

Afú volvió a correr por esa curul el pasado domingo y ganó la elección. Su abogado Sidney Sittón informó que el sábado toma posesión.

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