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Fricción por la Contraloría General de la República

La Alianza Ciudadana Pro Justicia declaró su oposición a cualquier candidato a contralor que sea producto de la imposición de acuerdos políticos.

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La Alianza Ciudadana Pro Justicia, compuesta por varias organizaciones de la sociedad civil organizada, acordó ayer rechazar la candidatura del perredista Bernabé Pérez al cargo de contralor o cualquier otra postulación “que no cumpla con el perfil de idoneidad ética o profesional”, al considerar que ello sería un retroceso para la institucionalidad, la lucha anticorrupción y la impunidad.

La agrupación también objetó en un comunicado “cualquier tipo de candidatura que sea el resultado de imposiciones del Ejecutivo o producto de prebendas otorgadas por este Órgano del Estado en favor del Legislativo o algunos de sus miembros”.

El pronunciamiento de la Alianza se dio luego de que Pérez, candidato a contralor del Partido Revolucionario Democrático (PRD), presentara ayer sus documentos y hoja de vida ante la Secretaría General de la Asamblea Nacional.

Al recibir la documentación de Pérez, Franz Wever, secretario general de la Asamblea, le manifestó que aún no se ha abierto el período de postulaciones y que cuando ello ocurra debe ser propuesto por al menos un diputado del pleno de la Asamblea Nacional.

Al ser consultado sobre las declaraciones del presidente del Legislativo, Adolfo Valderrama, en el sentido de que la postulación de Pérez obedece a “intereses partidistas”, el candidato del PRD a reemplazar a Gioconda Torres de Bianchini dijo que no se puede descalificar para un cargo a la mitad de la población panameña simplemente por el hecho de militar en un partido político. “Eso es un absurdo”, manifestó Pérez.

En medio de la tensión creada entre los perredistas y panameñistas, la junta directiva de Cambio Democrático (CD) instruyó a sus diputados para que no respalden al candidato del Partido Panameñista/Partido Popular. Incluso, le recordaron a sus diputados “la obligación de habilitar a su suplente en caso de no poder asistir”.

Hay que recordar que el año pasado CD aprobó reactivar una ley que le facilita a los partidos revocar el mandato a sus diputados.

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