regulación del sector eléctrico

Rechazan el plan de Etesa

La red de transmisión es la que transporta la energía que se produce en las plantas de generación hasta los centros de consumo del país.

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La tercera línea que se construye desde Chiriquí a Panamá tiene un retraso de casi tres años, ya que debía estar operando desde 2014. Se prevé que concluya en septiembre. La tercera línea que se construye desde Chiriquí a Panamá tiene un retraso de casi tres años, ya que debía estar operando desde 2014. Se prevé que concluya en septiembre. Expandir Imagen
La tercera línea que se construye desde Chiriquí a Panamá tiene un retraso de casi tres años, ya que debía estar operando desde 2014. Se prevé que concluya en septiembre. Archivo

Un mes antes de las explosiones de los primeros cuatro transformadores de la estatal Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa), la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) había formalizado el rechazo del plan de expansión de esta empresa, debido al retraso y postergación del desarrollo de varias obras.

El proyecto de expansión de transmisión corresponde a las obras a corto y largo plazo que se tienen que desarrollar en la infraestructura para poder atender la demanda de energía en todo el país. Esto incluye la extensión de las líneas de transmisión y las subestaciones.

Dicho plan se presentó desde el 8 de agosto de 2016, cuando debió entregarse a más tardar el 30 de junio del año pasado, según la ley.

No fue hasta febrero de 2017 que la ASEP reafirmó su oposición, de acuerdo con una carta a la que tuvo acceso este diario, y luego de un proceso de consulta pública en el que se escuchan las opiniones de las empresas eléctricas del sector.

La entidad reguladora le dijo a la estatal Etesa que su atraso en el desarrollo de obras había generado una situación que conllevaba restricciones de transmisión que no podían ser superadas en el corto plazo, situación que no se reflejaba en el referido plan con la relevancia que se requiere.

En la carta, firmada por el administrador de la ASEP, Roberto Meana, se advierte que debido a la omisión antes descrita, no se habían evaluado alternativas, ni realizado análisis de riesgo para sustentar, si es que existiesen, medidas temporales y de mitigación para minimizar las restricciones en el sistema.

Para ese momento, la relación entre los funcionarios de Etesa y el gobierno central se habían vuelto muy tensas. Y justo el 17 de marzo explotaron cuatro transformadores que dejaron a parte del país sin luz. No obstante, en un sistema moderno, debió haber redundancia, sin que se diera el apagón.

Etesa es la única empresa del sector eléctrico que es 100% estatal, ya que en el área de generación y distribución, donde participa la inversión privada, la parte estatal está por debajo del 50%.

El exgerente Iván Barría, quien presentó su renuncia luego de las explosiones en los transformadores, se ha quejado por la demora en los trámites para poder comprar un producto o equipo para la red de transmisión. Esto, según explicó, hace imposible cumplir con los tiempos programados.

Barría advirtió al Ministerio de Economía y Finanzas que una ejecución oportuna requería cambios para Etesa, que a su juicio debería tener un sistema de compras más expedito y no estar bajo el paraguas de la Ley de Contrataciones Públicas.

La objeción del plan de expansión pone en apuros a Etesa, porque muchos de los planes de inversión que había aprobado en coordinación con el sector privado ahora están en medio de un limbo.

Barría mencionó el caso de la línea de transmisión que AES construye desde Panamá hasta Colón. Dicha inversión se realiza en base al plan de expansión programado y luego Etesa paga los gastos asumidos por la empresa privada.

El retraso en la construcción de la tercera línea de transmisión, desde la administración de Ricardo Martinelli, es uno de los proyectos que ha tenido repercusiones económicas y operativas en el país.

Debido a que la línea tenía que estar lista desde 2014 y aún está en construcción, el Estado ha tenido que indemnizar a las hidroeléctricas que operan en Chiriquí y Bocas del Toro, porque durante la época lluviosa no pueden transportar toda la energía que producen por la falta de capacidad en la línea. Esto le ha costado más de $175 millones al Estado entre 2014 y 2016. Actualmente, la tercera línea tiene un avance de más de 95%, pero hay 24 casos de predios que no se han resuelto.

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